La retirada del recurso del PP acerca la primera condena firme de Gürtel en la era Feijóo

El abogado del Partido Popular ha remitido un escrito inédito a los jueces del Tribunal Supremo. Una comunicación en la que la formación conservadora anunciaba que había dado orden de retirar el recurso contra su condena económica por reformar la sede central del partido con dinero negro. Todo en medio de la campaña electoral andaluza y después de que los medios se hubieran hecho eco de que el PP había reivindicado la inocencia de su extesorero, Luis Bárcenas, en un recurso enviado al alto tribunal. En público, el PP de Alberto Núñez Feijóo achacaba el recurso al PP de Pablo Casado, aunque la documentación demuestra que se formalizó cuando el expresidente gallego ya estaba al frente del partido.

El movimiento jurídico del PP hace más factible la declaración de firmeza de la tercera condena al partido por su relación con la trama corrupta Gürtel.

Hasta la fecha, el Partido Popular siempre había combatido hasta el último fleco de sus condenas. Lo hizo sin éxito cuando la Audiencia Nacional declaró probada la existencia de la 'caja B' de dinero negro en la pieza de 'Época I', donde fue considerado responsable a título lucrativo de los más de 245.000 euros de la trama con los que financió, entre otras cosas, campañas electorales en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. El Tribunal Supremo confirmó la condena.

La decisión de la nueva directiva del Partido Popular de no recurrir aboca a Alberto Núñez Feijóo a encajar su primera condena firme por la relación del partido con la corrupción. Tal y como informó elDiario.es, el extesorero decidió no recurrir su condena de dos años de cárcel por este asunto, baja en comparación con los 33 años de cárcel confirmados por el Supremo en 2020 en la pieza principal del caso.

Este movimiento de Bárcenas ya complicó bastante el futuro del Partido Popular en la causa. La formación conservadora había sido considerada responsable civil subsidiaria del delito fiscal cometido por Luis Bárcenas al pagar la reforma de la sede central de Génova 13 con dinero negro salido de su 'caja B'. Su condena económica dependía, por tanto, de la condena de su extesorero, con el que mantiene un enfrentamiento directo desde hace años dentro y fuera de los tribunales. A su vez la condena del extesorero depende de la consideración de que la empresa Unifica, que ejecutó las obras, cometió fraude fiscal en el Impuesto de Sociedades de 2007.

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha decidido que un recurso del partido pidiendo la absolución de Bárcenas era demasiado complicado de explicar una semana antes de las elecciones andaluzas y ha optado por retirarlo. “Si los abogados nos hubieran permitido a la nueva dirección leer el recurso, seguramente no se habría presentado”, dijo Esteban González Pons en una entrevista en Antena 3. Lo cierto es que la documentación demuestra que el recurso se anunció ante los tribunales cuando Pablo Casado estaba al frente del partido, pero se formalizó cuando Alberto Núñez Feijóo ya había tomado posesión como su nuevo presidente.

Lo explica el propio abogado del PP, Jesús Santos, en su escrito dirigido al Supremo para renunciar a pelear la absolución “siguiendo expresas indicaciones” del partido. El recurso se anunció –primer formalismo en estos casos– el 5 de noviembre de 2021, una semana después de que la Audiencia Nacional dictara la sentencia y con Pablo Casado al frente del PP. Pero el siguiente trámite, la formalización ad cautelam, se llevó a cabo el 28 de marzo. Es decir, más de un mes después del estallido de la guerra interna, de la última intervención de Pablo Casado en el Congreso y unos días antes de que Alberto Núñez Feijóo fuera designado presidente del Partido Popular en su XX Congreso Nacional.

La formalización definitiva del recurso ya tuvo lugar el 19 de abril de 2022, varias semanas dentro del mandato de Alberto Núñez Feijóo. Desde la anterior dirección del Partido Popular, distintas fuentes corrieron a desvincularse igualmente de un recurso que atravesó ambas etapas del Partido Popular. “No se dio ninguna orden en ese sentido. Casado no sabía nada”, dijeron entonces para corregir los mensajes que estaba mandando la nueva dirección. Lo cierto es que el recurso, en sus distintas fases, se planteó, desarrolló y presentó en distintas etapas de ambas directivas y pedir la absolución del extesorero era una de las mejores opciones del PP para tratar de revertir su propia condena.

La condena del PP

En el caso de 'Época I', la ramificación de la Gürtel que estudió la actividad corrupta de la trama en Madrid entre 1999 y 2005, el Partido Popular fue condenado como responsable a título lucrativo. Condenado por beneficiarse de 245.492,80 euros de la Gürtel en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. En el caso de la 'caja B', el partido fue condenado como responsable civil subsidiario por no tener ningún mecanismo de control para evitar que su tesorero, Luis Bárcenas, pagase en negro las obras de la reforma de la sede central que ahora la directiva de Feijóo ha rechazado vender corrigiendo el anuncio que había hecho Casado tras las elecciones catalanas.

Bárcenas pagó un total de 1.072.000 euros a la empresa Unifica “al margen de la facturación y la contabilización oficial”, salidos de la caja B del partido. Y el PP, dice la sentencia, no ejerció “un control adecuado” sobre la gestión de su gerente. Unifica, en total, dejó de ingresar 870.521,32 euros en el Impuesto de Sociedades de 2007 y Bárcenas era condenado como cooperador necesario de un delito de falsedad contable en concurso con otro contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil. A nivel económico, Bárcenas respondió de una parte y el PP de los 123.669 euros de dinero negro invertidos en las obras de la segunda y la quinta planta del edificio.

La condena del PP, por tanto, pende directamente de la condena de Luis Bárcenas y su condición de empleado y responsable del partido cuando ocurrieron los hechos. La decisión de Bárcenas de no recurrir ya complicaba bastante las pretensiones absolutorias del PP, aún más bajas ahora que el partido ha retirado su propio recurso. Solo quedan dos personas físicas y una jurídica que puedan llevar el caso ante el Supremo: el arquitecto Gonzalo Urquijo, la responsable de la firma de arquitectos Belén García y la propia empresa Unifica, considerada responsable civil subsidiaria como el PP.

Quedan, por tanto, pocas opciones para que el Tribunal Supremo dicte una resolución que afecte al Partido Popular. Una de ellas sería que alguno de los recursos que sí se han presentado, por parte de defensas y acusaciones, afectaran a la totalidad de la sentencia, declarando por ejemplo su nulidad y ordenando la repetición del juicio o el dictado de una nueva resolución. O que los jueces entendieran, de alguna manera, que Unifica no defraudó ni un euro al fisco en 2007. Todo esto a la espera de que siga el goteo de sentencias y decisiones judiciales sobre el partido de Alberto Núñez Feijóo y su relación con la trama corrupta Gürtel.

Las cuentas pendientes

Una hipotética condena firme por el caso de la 'caja B' del Partido Popular constituiría la primera condena firme recibida en el mandato de Alberto Núñez Feijóo por la relación que el PP había tenido con la trama corrupta y precisamente por la reforma con dinero negro de la sede que ahora han renunciado a vender. Pero puede no ser la última. La Justicia tiene pendiente juzgar o sentenciar en firme diversas ramificaciones del caso Gürtel además de otros como el 'cartel del fuego', Púnica o Lezo relacionados con la corrupción de decenas de cargos municipales y regionales del PP en Madrid o la Comunidad Valenciana, entre otros territorios.

La sala segunda del Tribunal Supremo tendrá que apuntar en su agenda para los próximos años, por ejemplo, la condena del Partido Popular como partícipe a título lucrativo de la actividad corrupta de la Gürtel en Boadilla del Monte. También están pendientes de juicio o resolución del Supremo otras piezas separadas como las que afectan a la localidad madrileña de Arganda del Rey o la financiación supuestamente ilegal del PP en Valencia. Las tramas Púnica y Lezo, con el exsenador Francisco Granados y el expresidente madrileño Ignacio González a la cabeza, también están pendientes de juicio aunque con una proyección más regional sobre Madrid y la administración que dirigió Esperanza Aguirre.

Estos juicios pendientes supondrán un nuevo desfile judicial de altos cargos del Partido Popular, aunque está por ver si del mismo nivel que el que ha copado el banquillo de los acusados y la nómina de testigos en los últimos años. Desde los expresidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y José María Aznar, hasta alcaldes y concejales en localidades cuyos organismos de contratación fueron corrompidos por las tramas corruptas nacidas y extendidas en lo que los investigadores han definido como una relación “simbiótica” con el Partido Popular.