Rodrigo de Rato y Figaredo fue, durante una década, el hombre de la calculadora mágica. Llegó al gabinete de José María Aznar en 1996, después de la primera victoria electoral del Partido Popular en unas generales y después de la legislatura del “Váyase, señor González”. Bajo su batuta, el paro en España se redujo a menos de la mitad, lo que el PP y sus allegados bautizaron como el “milagro económico español”. Durante esos años el propio Aznar usó otro término para referirse a la caída del desempleo durante sus dos legislaturas: la “revolución silenciosa”. En la última década, sin embargo, los tribunales e investigadores han descubierto una revolución todavía más silenciosa que tenía lugar detrás de los focos y fuera de nuestras fronteras: la revolución del patrimonio de Rodrigo Rato, por la que la Fiscalía pide 70 años de cárcel.
El término fue utilizado por José María Aznar en 2003 durante unas jornadas organizadas por el Wall Street Journal en Londres. “La gran revolución silenciosa que se ha producido en España es la del empleo”, explicó. Desde entonces ha aparecido en los discursos de los políticos de diverso signo: en el discurso de Mariano Rajoy durante el debate sobre el estado de la nación de 2014; cuando Teodoro García Egea se opuso a los indultos del procés; o, más recientemente, cuando la ministra Pilar Alegría presentó el nuevo modelo de Formación Profesional.
Según la Fiscalía Anticorrupción, la 'revolución silenciosa' personal de Rodrigo Rato empezó en 1999, cuando era ministro y vicepresidente del Gobierno, y siguió desarrollándose cuando fue presidente del Fondo Monetario Internacional, de Caja Madrid y también cuando tocó la campana que anunció la ruinosa pero legal salida a bolsa de Bankia. Revolución porque, según las cuentas de Anticorrupción, entre 2005 y 2015 su patrimonio aumentó en 15,6 millones de euros. Silenciosa porque parte del dinero estaba en el extranjero y dejó a deber más de 8,5 millones a las arcas públicas.
Anticorrupción lo dejó por escrito en la acusación que defenderá durante el juicio que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Madrid: “Rodrigo Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española, a través de diversas sociedades”. Sociedades como Red Rose Investment, Red Rose Finantial, Westcastle Corporation o Vivaway, radicadas donde Hacienda, que él mismo controlaba, no podía mirar: Irlanda, Panamá y Reino Unido. De ahí partía un ovillo de cuentas bancarias en más ángulos muertos de la fiscalidad: Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos, Kuwait, Curaçao y Mónaco. Una “operativa desconocida por la Hacienda Pública”, dice el Ministerio Público.
Parte del dinero volvía a España a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Y también era blanqueado con un método milagroso y silencioso conocido como el “crédito lombardo”: líneas de financiación flexibles para “limpiar el origen ilícito de los bienes”. Por ejemplo, supuestamente, comprando, rehabilitando y poniendo en marcha un hotel en Berlín. En noviembre de 2012, pocos meses después de dejar Bankia, se acogió a la amnistía fiscal puesta en marcha por el gobierno de su partido y pagó 11.500 euros.
Según la Fiscalía y los investigadores, ni siquiera ese movimiento fue un intento sincero de hacer las paces con las arcas públicas. “Utilizó en realidad la Declaración Tributaria Especial como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior”, dice el escrito de acusación. La calculadora mágica de Rato seguía a pleno rendimiento mientras, además, gastaba 99.000 euros con su 'tarjeta black' de Caja Madrid y daba continuidad al sistema de pagos opacos. Un dinero que devolvió antes del juicio en el que fue condenado.
Según las cuentas de Anticorrupción, Rato defraudó algo más de 8,5 millones de euros entre 2005 y 2015, siendo su etapa más prolífica la posterior a su salida de Bankia. Como presidente de la entidad, además, cobró comisiones “procedentes de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó” con dos empresas que publicitaron la salida a bolsa de Bankia, que terminó en un rescate de más de 22.000 millones de euros de dinero público.
El mismo día de la entrada y registro en su despacho, Rato movió casi medio millón de euros “sin que se haya podido determinar el destino final de esa cantidad”, dice la Fiscalía. Dos días antes vendió 380.000 euros en valores. Ese día fue arrestado pero no fue enviado a prisión provisional. Siete años más tarde la Justicia reconoce que no sabe dónde está todo su dinero y mantiene abiertas piezas separadas sobre su patrimonio y las responsabilidades civiles.
El tercer juicio de Rodrigo Rato
Los milagros económicos y las revoluciones silenciosas del bolsillo de Rodrigo Rato llevan años en manos de los tribunales. El gurú económico de José María Aznar ya pasó un tiempo en la cárcel por su condena firme de cuatro años y medio de presidio por las 'tarjetas black' de Caja Madrid. En octubre de 2020 salió de la prisión de Soto del Real con el tercer grado penitenciario y una pulsera telemática tras más de dos años entre rejas.
El Tribunal Supremo y su sentencia firme condenaron a Rato no solo por gastar casi 100.000 euros con su tarjeta opaca en restaurantes, viajes, ropa o en sacar miles de euros en efectivo de los cajeros, sino también por perpetuar el sistema que se había afianzado en Caja Madrid durante la etapa de Miguel Blesa, hoy fallecido y también condenado.
La sentencia es clara además de firme: “Rodrigo de Rato Figaredo mantuvo la misma dinámica en todos los aspectos ya expuestos, atribuyéndose una sin amparo en su paquete retributivo”. Bajo su mando en Caja Madrid y Bankia los consejeros gastaron, en total, casi 2,7 millones de euros.
Rodrigo Rato volvió al banquillo de la Audiencia Nacional a finales de 2018, esta vez por la salida a bolsa de Bankia que protagonizó con gran entusiasmo en 2012, pero salió airoso. Los jueces consideraron que el fracaso de la operación, que desembocó en un rescate de dinero público de 22.000 millones de euros, de los cuales el Estado tiene previsto recuperar menos de la mitad, no fue ilegal.
Esta sentencia, pendiente de firmeza por parte del Tribunal Supremo desde hace casi dos años y que no fue recurrida por Anticorrupción, avaló la legalidad de la operación: tuvo la aprobación del Banco de España y el resto de supervisores, el juicio no sirvió para aclarar los actos concretos de cada directivo y los folletos contenían información “amplia y certera”. La Fiscalía, que no ha llevado el caso hasta el Supremo, llegó a pedir ocho años y medio para Rato.
Su último frente está abierto en los tribunales de Madrid y el juicio todavía no tiene fecha. La Audiencia Provincial de Madrid estudiará, juzgará y sentenciará la 'revolución silenciosa' y prolífica de su patrimonio. El exministro defiende su inocencia en sus escritos e intervenciones públicas mientras que el Ministerio Público pide siete décadas de cárcel para él. Esta semana el juzgado 31 de Madrid, que investiga el caso desde hace siete años, envió al tribunal los 70.000 folios de la causa y dejó todo listo para celebrar un juicio en el que se le atribuyen, entre otros, hasta 11 delitos fiscales, otro de corrupción entre particulares y otro de blanqueo de capitales.