La jueza Carmen Rodríguez-Medel acaba de pedir a la Universidad Rey Juan Carlos que se aclare sobre la documentación que guarda sobre el máster de Pablo Casado. Después de que la universidad pública informara a la jueza de que no constaba solicitud alguna de convalidaciones por parte del político del PP, la semana pasada entregó en el juzgado un documento en ese sentido que ya había enseñado en Twitter el propio Casado.
En una nueva providencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, Rodríguez-Medel deja claro que no quiere más vaivenes y exige a la universidad que se ratifique o rectifique su afirmación de que no aparece el acta ni el tribunal de convalidaciones del candidato a suceder a Mariano Rajoy.
“A la vista de que en su escrito de fecha 11 de junio se informaba a este órgano judicial que no constaba ninguna solicitud por parte del interesado, requiérease a la Universidad para que en el plazo de siete días presente escrito ratificando o en su caso rectificando el escrito en el que la URJC ponía de manifiesto que no había constancia de quienes conformaban la Comisión de adaptaciones y convalidaciones de la Universidad, así como que señale expresamente si existe o no acta de la reunión de la citada comisión de fecha 3 de febrero de 2009 por la que se procedió a la convalidación del señor Casado”, dice la citada providencia.
La jueza quiere aclarar en base a qué la Universidad convalidó a Casado 18 de las 22 asignaturas del máster y por qué no tuvo que presentar un trabajo final. Está por ver si la solicitud de convalidaciones genérica que hace Casado se ajusta a la normativa vigente. Según fuentes universitarias, el alumno debería haber solicitado y justificado las convalidaciones asignatura por asignatura y no como recoge el documento que escribió el político y selló la Universidad.
Este requerimiento con plazo de una semana inexcusable es el segundo que hace la jueza a la Rey Juan Carlos en pocos días. Hasta ahora, la Universidad y el propio Casado han justificado el modo en el que consiguió ese título por lo estipulado en un Real Decreto del año 2005. Pero en una providencia del pasado jueves, la magistrada recordaba que ese Real Decreto fue derogado por otro de 2007 que modificaría radicalmente los criterios para la obtención del máster.
La clave está en si la Universidad Rey Juan Carlos puede acreditar que “los procedimientos de autorización” para la implantanción en el curso 2008-2009 de Programas Oficiales de Postgrado se iniciaron antes o después de la entrada en vigor del Real Decreto de 29 de octubre de 2007. Si arrancaron con anterioridad al día siguiente a la promulgación del Real Decreto, éste mismo indica que el máster debía acogerse a lo estipulado en la norma precedente, la de 2005.
En caso contrario, Casado debería haber realizado un TFM que nunca presentó y no se le hubieran podido convalidar 18 asignaturas por su título de Derecho en un máster que no disponía de más de 60 créditos (se le convalidaron 40). Por este motivo, la magistrada quiere saber si, ya fuera aplicable el Real Decreto de 2005 o el de 2007, el máster de Casado debió enmarcarse en la categoría de estudios de máster o estudios de doctorado.
Para aclarar esta cuestión, la jueza reclama un informe a la Rey Juan Carlos y también a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), organismo dependiente del Ministerio de Educación. Es el segundo requerimiento a la ANECA. El primero no ha sido satisfecho todavía y por eso, en la providencia de este lunes, la magistrada pide a la Policía que “cuide” de que responda de una vez a su solicitud.
En la citada providencia, la jueza también pide a la Universidad que identifique al vicerrector de estudios de postgrado cuando Casado cursó el máster para que comparezca el 2 de agosto como testigo. La jueza quiere igualmente oír en su declaración al profesor que aprobó las únicas cuatro asignaturas de las que tuvo que examinarse Casado, aprobadas con otros tantos trabajos. Para ello pide que la Universidad identifique antes al docente. Según publicó El País, se trata del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, y de la profesora Alicia López de los Mozos, ambos imputados por el montaje sobre el máster de Cifuentes.