La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha exigido hoy al Gobierno que “acate” las recomendaciones de un dictamen del Consejo de Estado que pide rehacer el decreto de la Lomce que prevé que la administración pague una escuela privada para alumnos que elijan el castellano como lengua vehicular.
En declaraciones en los pasillos del Parlament, Rigau ha celebrado que el Consejo de Estado haya emitido un dictamen que, según ha avanzado TV3, considera que no se ha calculado bien el coste de la medida prevista por la ley para sufragar los gastos de la escuela privada ni los límites de lo que le tocaría pagar a la comunidad autónoma.
Rigau ha confiado en que, aunque el Consejo de Estado se trate de un órgano consultivo cuyos dictámenes nos son vinculantes, el Gobierno acatará el dictamen emitido, aunque ha subrayado que, de no hacerlo, la Generalitat “evidentemente” tampoco aplicará este decreto.
La consellera ha manifestado que se “alegra mucho” de esta decisión del Consejo de Estado y ha exigido al Gobierno que siga las recomendaciones del dictamen porque, a su juicio, este decreto tiene “vicios de inconstitucionalidad” y es “fruto de una obsesión”.
Rigau ha recordado que el Govern pidió la retirada del decreto desde “el primer día” al considerar que “vulneraba las competencias de la Generalitat y el régimen lingüístico” de los centros educativos catalanes, porque “técnicamente estaba muy mal hecho y porque comprometía presupuestos que no estaban previstos”.
Además, la titular de Enseñanza ha insistido en que este real decreto altera la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), ya que prevé un “mecanismo inaplicable” como es “hacer creer a los padres que podían pedir una escuela privada en castellano y que se les sería financiada”.
El decreto en cuestión que desarrolla la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) establece que sea el Estado quien sufrague las escuelas privadas para los niños cuyos padres elijan la lengua castellana como vehicular, pero después estas cantidades se descontarían de los traspasos de la Administración central a la Generalitat.
“Se ha demostrado que era un montaje fruto de una obsesión, pero no de un buen desarrollo de la norma”, ha denunciado Rigau, que ha dado por hecho que el Ministerio de Educación modificará el real decreto, “que no puede ir al Consejo de Ministros con estos vicios de inconstitucionalidad”.
La consellera ha pedido el cumplimiento del Estatuto catalán y ha reiterado que la Generalitat ha demostrado que el sistema de inmersión lingüística en catalán no afecta los resultados de los alumnos en el aprendizaje del castellano.
“Esta es nuestra gran función, es la fortaleza de nuestro Gobierno y, por lo tanto, le pido al PP que nos haga un favor y que se retire la intención de desarrollar este real decreto porque hasta el Consejo de Estado le ha dado un aviso muy importante”, ha sentenciado.