La comisión sobre los contratos de la Xunta encalla sin visos de aportar luz sobre el gasto público

Documentación que llega apenas una hora antes de arrancar los trabajos, horarios intensivos que la oposición denuncia que se solapan con otras convocatorias del Parlamento a las que los diputados deben acudir, digresiones sobre lo que es un sobrecoste y una lista de comparecientes aprobada en solitario por el PP y en la que no figuran ni Alberto Núñez Feijóo -máximo responsable de la Xunta durante casi todo el periodo que se analiza- ni su entorno familiar. La comisión de investigación de la Cámara gallega sobre la contratación pública se ha convertido en una sucesión de testimonios que cuestionan al Consello de Contas y se alejan de lo que se pretendía examinar.

Tanto BNG como PSdeG denuncian la intención del PP de “vaciar de contenido” y diluir la comisión y su impacto con decisiones como concentrarla en pocas semanas -se han habilitado todos los lunes que quedan de 2024 para comparecencias-. El resultado es que las personas que han sido llamadas pasarán por el Parlamento gallego antes de que termine el año y los trabajos quedarán en segundo plano “entre guirnaldas, turrones y uvas”, según la diputada socialista Lara Méndez. Iago Tabarés, del Bloque, acusó al PP de estar “boicoteando el funcionamiento de la comisión” y cuestionó “las prisas” de un calendario que incluye hasta seis comparecencias por jornada y no tiene en cuenta que los portavoces forman parte de otras comisiones ordinarias.

El órgano se creó entre maniobras del PP para evitarlo y para que Feijóo no tuviese que pasar por él. El objetivo de la comisión es investigar el modelo elegido para construir el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que supuso, según el informe del Consello de Contas, un despilfarro de 470 millones de euros, pero también los contratos hechos por la Xunta durante la pandemia -algunos de ellos con empresas que tenían vínculos con personas del entorno de Feijóo o de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- o los encargos hechos a Eulen, la empresa en la que Micaela Núñez Feijóo, la hermana del líder del PP estatal, es directora para el noroeste. Sin embargo, ni el propio Feijóo, ni su hermana, ni la pareja de Díaz Ayuso han sido incluidos en una lista que es la propuesta y aprobada en solitario por el PP. La formación conservadora sí quería escuchar, en un órgano centrado en los contratos de la comunidad autónoma, las observaciones del que fue ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat de Catalunya. Según el PP, Illa no participará en la comisión -su comparecencia no es obligatoria-.

Por el momento, ha pasado por la comisión el jefe del personal subalterno del Álvaro Cunqueiro, Alejandro Vila, que habló del trabajo de los celadores y de la mejoría en las condiciones con el traslado del antiguo hospital Xeral al nuevo centro sanitario. También el que fue responsable del servicio de microbiología, Benito Regueiro. La oposición se preguntó por el motivo de la presencia de un experto sanitario sin responsabilidades políticas en una comisión sobre contratos públicos. La respuesta se la dio el portavoz del PP en la comisión, Roberto Rodríguez, que volvió a situar el debate fuera del objeto de la comisión, que son los contratos: “Pinta mucho. Es un testigo privilegiado de lo que supuso el tránsito del Xeral al Cunqueiro”. Añadió después que Regueiro formó parte del comité clínico al que consultaba la Xunta durante la pandemia y “asesoró sobre los criterios de calidad” del material que había que adquirir.

La nómina de comparecientes la engordan hasta ahora cuatro exconselleiros de Sanidade en los gobiernos de Feijóo, un alto cargo también de sus equipos, el que fue jefe de las áreas sanitarias de Vigo y Ourense durante los mandatos del expresidente gallego y el gerente de la concesionaria de los servicios no sanitarios. Este último, Manuel Enrique Nieto Rodiño, cargó contra el informe del Consello de Contas, pese a que arrancó admitiendo que “resulta muy difícil de juzgar” porque “no se desmenuza de dónde sale el dinero”. Ese dinero al que se refiere son los 470 millones de euros que el ente fiscalizador señala que hay de diferencia entre una licitación tradicional, con la obra por una parte y los servicios no médicos por otra, y la elegida por Feijóo, en la que las empresas adjudicatarias se ocuparon de financiar y construir el edificio a cambio de un canon millonario anual y de la concesión de los servicios no sanitarios. Estos 470 millones no son, según el diputado del PP Roberto Rodríguez, un sobrecoste.

Pese a que las referencias de la oposición al sobrecoste en el hospital se refieren a esa diferencia entre uno y otro modelo -“es la fórmula empleada, que elige el Gobierno, no ustedes, lo que lleva al sobrecoste”, aclaró la socialista Elena Espinosa-, Nieto Rodiño insistió en que con la concesión “no se ganan 470 millones”.

Más dura en su crítica a la labor del Consello de Contas fue Marta Fernández Currás, conselleira de Facenda entre 2009 y 2011: “Lo que no sé si tiene sentido es el trabajo [de Contas]. Hace una hipótesis imposible y, encima, un cálculo mal valorado porque utiliza variables incorrectas”. El análisis, añadió, no le habría resultado sorprendente si la tramitación para constuir el hospital hubiese sido en 2008, “cuando había alternativas”, pero no en 2010, “cuando no las había”. Otro exconselleiro, en este caso el que estaba al frente de la sanidad gallega cuando empezó la pandemia -y del que Feijóo prescindió unos meses después, en septiembre de 2020-, Jesús Vázquez Almuiña, centró su comparecencia en elogiar la gestión hecha por la Xunta y su entonces presidente: “Era el especialista mayor entre todos los del rango político de ese nivel en conocimientos”.

Félix Rubial también insistió en la necesidad que había hace más de una década de un nuevo hospital en Vigo: “No admitía dilación”. Las instalaciones del Cunqueiro, dijo, fueron “un cambio de siglo”. Y la única parte negativa, a su juicio, fue lo que llamó “ruido ambiental”: las movilizaciones sociales en contra de un modelo que denunciaban como privatizador y que culminaron con una gran manifestación en Vigo en septiembre de 2015, recién inaugurado el hospital.