El PP ha aplicado su mayoría en el Senado y ha tumbado este martes la ley de amnistía aprobada por el Congreso, con 149 votos a favor y 113 en contra. Ahora, volverá a la Cámara Baja para que el Ejecutivo y sus socios levanten el veto el próximo 30 de mayo. Durante el debate en el hemiciclo, la senadora Alicia García, del PP, ha criticado que la medida “quiebra la igualdad”, la ha tildado de “negocio”, “operación mercantil entre políticos para comprar votos” y ha asegurado que es un “inmenso fraude democrático”.
Después del debate en el Senado, como era previsible, los de Alberto Núñez Feijóo han optado por dilatar y retrasar todo lo posible la tramitación de la ley de amnistía, que se ha vetado en una bronca sesión adelantada un día debido a que el próximo miércoles es festivo en Madrid. “Estamos ante un acto de profunda corrupción política jamás visto en nuestra democracia”, ha continuado la senadora popular desde la tribuna, que ha afeado el texto como un “negocio redondo” para el presidente del Gobierno que “pagan todos los españoles a un precio descomunal”.
El senador del PSOE Antonio Magdaleno ha considerado que el resultado de las elecciones catalanas del pasado domingo, en las que ha ganado el candidato del PSC Salvador Illa, manda un “claro mensaje” en la comunidad autónoma: que “los catalanes convalidan la apuesta de Sánchez e Illa por la convivencia y reconciliación”. “Los resultados ponen de manifiesto que España no se rompe”, ha continuado el socialista, en defensa de la norma. Para Magdaleno, el Partido Popular no hizo “nada” cuando gobernaron y “practicaron la política del frontón” en Catalunya: “No a la negociación, sí a la judicialización de la política”.
“Han promovido un conflicto institucional sin precedentes del Senado contra el Congreso”, ha denunciado Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, senador de Junts. “Estamos sintiendo vergüenza ajena los senadores y senadoras que respetamos el trabajo parlamentario de esta Cámara”, ha seguido, para criticar un “abanico de maniobras para torpedear la ley de amnistía” por parte del PP. Cleries también ha dicho que la ley es un “reconocimiento al error de haber judicializado el conflicto político”, aunque ha precisado las palabras del senador socialista y ha indicado que lo “único” que se deja atrás es la “represión y la injusticia”: “Lo demás sigue presente”. “Lo que estamos haciendo no va ni de perdón ni de convivencia”, “va de reparar una injusticia”.
Choque institucional
A finales de 2023, la derecha planteó el choque institucional que implicaba saltarse la Constitución: amenazó con bloquear la aprobada norma y modificó de forma exprés y unilateral la normativa para limitar las prerrogativas del Gobierno y del Senado para tramitar leyes de urgencia.
La mayoría del PP ha pedido desde entonces diferentes informes judiciales para opinar sobre esta norma, entre ellos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los letrados de la Cámara o la Comisión de Venecia. Mientras que los conservadores del CGPJ aprobaron un informe contrario que criticaba su “deficiente técnica jurídica”, la Comisión de Venecia, aunque mantuvo sus críticas, consideró que la medida de gracia no iba en contra de la separación de poderes.
Este mismo martes antes del veto en la Cámara Alta, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, compartió en un mensaje en X un texto en el que el PP pedía eliminar la alusión al organismo internacional en su proposición para retirar la norma. “Aquí tenéis la prueba de que en el PP saben perfectamente que la Comisión de Venecia respaldó la amnistía y que ya ni ellos se atreven a decir lo contrario”, ha escrito Bolaños.