El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, considera que el Partido Popular no debe continuar personado el la causa objeto de la investigación. En un auto, el magistrado expulsa del caso a la organización que lidera Mariano Rajoy, que permanecía como acusación popular.
El magistrado coincide con la Fiscalía, que opina que la organización podría resultar “eventualmente responsable civil subsidiaria de parte de los hechos objeto de investigación, si se llegaran a confirmar tanto la realidad de los mismos como su calificación, entre otros, como presuntos delitos contra la Hacienda Pública”. No obstante, la decisión del juez está abierta a recurso de reforma en el plazo de tres días y/o de apelación, en el plazo de cinco días.
Ruz ya rechazó que el Partido Popular formara parte de la acusación en la pieza separada de la trama Gürtel, en la que se investigan los denominados 'papeles de Bárcenas' y que podrían contener una presunta contabilidad B de la organización. En ese momento, el juez preguntó a las partes si el PP debía formar parte de la acusación en la pieza principal. La Fiscalía Anticorrupción defendió entonces la expulsión del partido de la acusación.
El PP recurrió la decisión de Ruz de apartar a la organización de la pieza separada. La defensa de los populares consideraba que debía figurar como acusación como “parte perjudicada por los eventuales delitos en que pudieran haber incurrido alguno de sus empleados”. Sin embargo, el juez rechaza la personación del PP en las causas, ya que podría concluirse que el PP sea responsable civil subsidiario.
Además, en el auto, Ruz explica que la “propia posición del acusador penal, no resulta congruente con las actuaciones procesales de la representación del Partido Popular, en especial en lo atinente a la investigación hasta el momento desarrollada sobre los hechos imputados a Luis Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias y Jesús Merino”. Previamente, el juez cita las ocasiones en las que el PP intentó evitar las imputaciones de los anteriormente mencionados. En este sentido, señala la necesidad de que la acción popular se ejerza “con arreglo a la buena fe procesal y a la naturaleza y significado propios de dicha institución”, pero apunta que los “indicios racionales de criminalidad” que pesan contra Bárcenas por delito fiscal, cohecho y blanqueo de capitales han sido “reiteradamente negada” tanto por su defensa como por la representación legal del PP.