La Policía Nacional se ha llevado dos cajas con documentación de la sede nacional del Partido Popular donde se personaron a requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que investiga la presunta contabilidad B del partido que preside Mariano Rajoy.
Los agentes han estado 14 horas en Génova 13 de que el magistrado dio la orden con la que pretendía conseguir información sobre las obras de reforma que se realizaron en el edificio entre 2005 y 2011 y que investiga si pudieron pagarse con dinero negro.
El secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5 y miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llegaron a Génova 13 poco antes de las nueve de la noche, donde fueron recibidos por el abogado del partido, Alberto Durán, y la tesorera de la formación, Carmen Navarro. Los agentes han centrado su labor en la sexta planta, en la que se encuentran las dependencias de gerencia y tesorería.
Los agentes presentaron un requerimiento de Ruz solicitando la entrega inmediata de los contratos con Unifica, la empresa encargada de llevar a cabo las obras, tras advetir discrepancias entre la información que el PP envió a su juzgado en agosto y la que hizo llegar a la Fiscalía este mes junto a un informe en el que niega la existencia de contabilidad B. El magistrado quiere aclarar a qué obece esa discrepancia y comprobar si en el PP existe documentación distinta a la remitida a su juzgado.
El Partido Popular ha intentado explicar las diferencias en la documentación mediante un comunicado difundido de madrugada en el que afirma que entregó a la Fiscalía sólo una parte de los documentos aportados al juez, pero que Ruz dispone de toda la información referida a la reforma de Génova desde agosto.
El PP entregó un escrito a la Fiscalía acompañado de documentación
El pasado 13 de diciembre el Partido Popular presentó un escrito a Anticorrupción, que a su vez se lo hizo llegar a Ruz, en el que afirmaba que el informe de la Policía que confirma indicios de una contabilidad B en el partido se basa en “simples presunciones” y en ocasiones hace un “ejercicio de imaginación ciertamente asombroso”. El informe, que, gracias a la Fiscalía, permitió al PP volver a tener presencia en una causa de la que había sido expulsado, incluía documentación relativa a los contratos con Unifica.
La UDEF había llegado a la conclusión de que existen elementos para pensar en una segunda contabilidad tras comparar la documentación sobre la reforma de la sede del PP en la calle Génova realizada por la empresa Unifica entre 2005 y 2011 con tres entregas en metálico por 888.000 euros al arquitecto de esta empresa Gonzalo Urquijo que aparecen en los papeles manuscritos del extesorero del partido Luis Bárcenas.
Ese dinero, según concluía el juez, se habría abonado al arquitecto con la supuesta caja B del PP y los pagos “no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o 'B' llevada en el seno de la citada formación y de la que eran presuntos encargados los imputados Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta”, por entonces gerente y tesorero, respectivamente.
Urquijo, declaró ante el juez hace tres días después de que su nombre apareciera en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas con la asignación de supuestos pagos en dinero en negro y dijo que nunca había cobrado de esa manera. Las explicaciones del arquitecto llevaron al juez a afirmar que no veía lógicos sus argumentos.
Ruz le citó a declarar tras confirmar en un auto la presunta existencia “de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas”, en línea con lo recogido en el informe de la UDEF.