Pedro Sánchez ha dado el pistoletazo de salida al nuevo ciclo político con el que aspira a que se reafirme la recuperación económica cuando el 70% de la población vacunada permite ver la luz al final del túnel de la pandemia. El Gobierno fija en los Presupuestos Generales del Estado uno de los hitos más importantes en esa dirección. El ala socialista del gabinete se mostraba esperanzada este miércoles en la marcha de las conversaciones con la parte de Unidas Podemos que mantiene, sin embargo, la tensión por las desavenencias en la forma de afrontar el encarecimiento de la luz y el enquistamiento de la ley de vivienda. La negociación y posterior aprobación de los presupuestos pondrán a prueba la solidez de la coalición en un momento en el que las advertencias de los aliados parlamentarios a Sánchez se han multiplicado.
La intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que las cuentas públicas para el próximo curso lleguen en tiempo y forma al Congreso, es decir, antes del 30 de este mes. Sánchez se comprometió a presentarlos “entre finales del mes septiembre y principios del mes octubre”. En Hacienda sostienen que los trámites están más avanzados que el año pasado dado que en julio se aprobó la senda de déficit. También están clarificados los socios prioritarios del Ejecutivo —los mismos de la investidura y que facilitaron la aprobación de las anteriores cuentas— frente al intento fallido de Moncloa de atraer a Ciudadanos en 2020. Ahora Montero se centrará en los detalles presupuestarios, que pretende pactar primero internamente, y se sentará con el resto de socios antes o después de presentarlos, según la preferencia que le manifiesten. En lo que va de legislatura, uno de los grandes reproches a Sánchez es la falta de diálogo con los representantes de los escaños que necesita para llegar a la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante las reformas.
En Hacienda aseguran que las conversaciones con el socio minoritario por ahora se han basado en cuestiones globales. “Las negociaciones con el socio están en la buena dirección”, señalan fuentes gubernamentales de la parte socialista. Sin embargo, en Unidas Podemos advierten de que no se han reunido todavía para sentar las bases del proyecto presupuestario, en cuyas negociaciones este año se colarán exigencias sobre el mercado eléctrico.
El incremento desorbitado del precio de la luz es la gran tensión que atraviesa ahora a la coalición y que preocupa en ambos sectores por el desgaste que acarrea en su electorado. “El Gobierno se hace cargo de la preocupación social. Y por eso, el Gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía”, ha expresado Sánchez en su intervención en el acto de arranque de curso este miércoles, en el que ha detallado algunas de las medidas que el Ejecutivo ha puesto en marcha y que, según sus cálculos, suponen un amortiguamiento de un 12% en el recibo final y que se suma al 15% que estima que acarreará la aprobación parlamentaria de las leyes que permitirán sacar del recibo el coste de las renovables más antiguas y el recorte a la hidráulica y nuclear por el encarecimiento del CO2.
En Moncloa admiten, no obstante, que ha habido fallos a la hora de explicar la subida, que atribuye fundamentalmente a factores externos, como el precio del gas y el mecanismo de subasta a través del que se compra la energía. Por eso, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, intentará hacer una labor de “pedagogía” más intensa, según fuentes gubernamentales que dan por hecho que se anunciarán nuevas medidas y que el asunto se abordará en el seno de la UE.
Ahora bien, Sánchez rompió una lanza en favor de Ribera frente a la presión de Unidas Podemos, que ha llamado incluso a las movilizaciones sociales y que plantea medidas que los socialistas rechazan rotundamente, como la intervención del mercado de la luz. “Vamos a continuar actuando, pero lo que tenemos que tener claro es que vamos a continuar actuando siempre dentro del marco regulatorio europeo”, advirtió el presidente en un mensaje tranquilizador para los representantes de las principales empresas energéticas que estaban presentes en el acto de Casa de América.
En la parte socialista del Gobierno no esconden su malestar por la posición que ha mantiene Unidas Podemos en este asunto. “Este verano ha habido un poco de competición de ideas. Hay miles de formas de hacer llegar a la vicepresidenta las medidas antes que hacerlo público”, lamentan fuentes gubernamentales. Sin embargo, desde el socio minoritario aseguran que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el de Consumo, Alberto Garzón, se las hicieron llegar antes de darlas a conocer.
Pero no es el único escollo que tiene la coalición sobre la mesa. No hay ningún avance en la ley de vivienda desde que José Luis Ábalos abandonó el Ministerio y solo ha habido tomas de contacto con su sucesora, Raquel Sánchez. Unidas Podemos no piensa ceder en su exigencia de que la nueva normativa establezca mecanismos para bajar directamente los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, lo que se topa con la negativa del PSOE. El acuerdo programático suscrito por Sánchez y Pablo Iglesias apostaba por impulsar “las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”. Para Unidas Podemos eso supone que se bajen los precios y se ponga un límite allí donde el mercado está disparado.
Fuentes gubernamentales apuntan a que la posición de la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, no varía respecto a la de su antecesor. Los socialistas pretenden que la bajada se produzca de manera indirecta con bonificaciones a los propietarios, por ejemplo. Se trata de una propuesta insuficiente para Unidas Podemos y la mayoría de aliados parlamentarios. ERC ya vinculó en 2020 su apoyo a los presupuestos a que se regularan los alquileres —un asunto que aún está pendiente— y también EH Bildu y Más País reclaman más ambición a los socialistas.
Tras una profunda remodelación en el gabinete que afectó a la estructura ministerial pero también al equipo más estrecho del presidente, en Moncloa se conjuran para que nada empañe el ciclo de recuperación que ahora se inicia. “No va a haber una recuperación económica si no es una recuperación justa, si no llega a todos los estratos de nuestra sociedad”, ha reiterado Sánchez este miércoles. De ahí que la principal idea de su intervención haya sido la confirmación de que el Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional de forma inmediata tras haberlo congelado a instancias del ala socialista y a expensas de la situación económica.
Catalunya en un segundo plano
Y, con ese objetivo de que el principal mensaje sea el de la recuperación, Sánchez ha evitado mencionar Catalunya entre sus prioridades. “Hoy no venimos a hablar de eso sino de cómo crecemos. Veníamos a hablar de recuperación justa. Esta en la agenda del Gobierno, que es social y empieza fuerte con pensiones, salario mínimo o Formación Profesional vinculado con datos macroeconómicos”, señalan fuentes gubernamentales, que anticipan que los datos de afiliación a la Seguridad Social “van a ser buenos”.
No obstante, aseguran que no se ha abandonado la búsqueda de una solución al conflicto territorial. “Catalunya tiene su agenda”, expresan esas fuentes que subrayan la “normalidad” de las relaciones con la Generalitat y sitúan la reunión de la mesa de diálogo la tercera semana de septiembre, como estaba previsto, aunque reconocen que se tiene que determinar el orden del día y la composición. En Moncloa aún no anticipan si asistirá el presidente, tal y como reclama Pere Aragonès. Lo que sí señalan es que habrá que abordar temas más allá de la propuesta de un referéndum de independencia que planteará el Govern y al que la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, cerró el paso este martes: “Este no es el camino. Este no es el camino del diálogo, no es el camino del reencuentro. Esta no es la forma en la que queremos transitar con Catalunya”.
En ese afán por centrar el debate en las iniciativas sociales justificó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que la reforma del Código Penal —que incluirá cambios en la tipificación de los delitos de sedición y rebelión— haya quedado fuera de los planes normativos del Ejecutivo para lo que queda año. También se ha caído la ley de secretos oficiales —que igualmente estaba prevista en el plan normativo de 2020— provocando el enfado del PNV, que denuncia el bloqueo de su iniciativa en el Congreso con la que pretende que vean la luz los papeles ocultos sobre el 23-F, los GAL o de la derogación de la ley mordaza. La que sí se ha incluido es la ley de Seguridad Nacional.
A pesar de la intensidad con la que comienza el curso y de las advertencias que le llegan de sus socios, Sánchez ha vuelto a dar por hecho que concluirá la legislatura en 2023. “Este es un Gobierno de acción. Este es un Gobierno resuelto. Este es un Gobierno que va a hacer a España avanzar. En los aproximadamente 850 días que quedan de legislatura hasta finales de 2023, seguirá siendo así”, ha sentenciado.