Tras la resaca por la celebración del acuerdo europeo para los fondos de reconstrucción, a Pedro Sánchez le toca ahora retomar la negociación. Aunque los 140.000 millones de euros procedentes de Bruselas son un balón de oxígeno para los planes de la coalición, que había visto cómo sus perspectivas económicas se difuminaban ante la devastadora pandemia de la COVID-19, el Gobierno tiene que empezar a distribuir ese dinero. Por un lado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que no tienen aún el camino despejado, y, por otro, abordar el asunto con alcaldes y presidentes que han mostrado su desagrado con la distribución que se ha hecho hasta ahora.
Nada más aterrizar desde Bruselas, Sánchez reiteró su compromiso de convocar una conferencia presencial con los presidentes autonómicos para dar continuidad al diálogo que ha mantenido semanalmente con ellos durante el estado de alarma y para detallarles, además, el logro conseguido en la UE. “Quiere compartir con todos los presidentes de comunidades autónomas la situación respecto a las ayudas europeas. Este un objetivo de país. Queremos que todo el mundo se sienta involucrado”, expresó la portavoz, María Jesús Montero, el pasado martes. La cita ya tiene fecha y lugar: el viernes 31 de julio en La Rioja.
Los encuentros telemáticos que Sánchez mantuvo con los presidentes autonómicos durante catorce domingos se convirtieron en una retahíla de reproches generalizados que no ha terminado. Algunas comunidades autónomas no han recibido con satisfacción el reparto de 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable que el Gobierno ha puesto a su disposición para hacer frente a los efectos de la pandemia. La Comunidad de Madrid es la que más ha celebrado la recepción de los 1.495 millones correspondientes al desbloqueo del primer tramo de 6.000 millones. Pese a ser la segunda más beneficiada, Catalunya considera que sus 1.246 millones son insuficientes porque el cálculo de su agujero es mucho mayor. La distribución de los fondos -a partir de criterios como población protegida, ingresos en UCI, pacientes ingresados o PCR realizadas- no ha convencido a algunas comunidades, como Andalucía, Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares o Aragón.
Además de abordar la situación de los rebrotes, los criterios para el reparto de los fondos europeos amenazan ahora con convertirse en el nuevo caballo de batalla entre autonomías y con el Gobierno central. La Generalitat ya ha expresado que su pretensión es obtener 30.000 millones de los fondos europeos -casi una cuarta parte del total que corresponde a España (140.000 millones)-. Ese cálculo desairó al Gobierno de Emiliano García-Page, que aseguró que las “peticiones” de Catalunya “son siempre al alza” y “siempre va pensando únicamente en sus intereses”. Pero no solo el Govern de Quim Torra ha planteado ya sus exigencias. El de Andalucía aspira a que el reparto tenga en cuenta los niveles de renta, de desempleo y la población. Otras autonomías como Cantabria, Galicia o la Comunidad de Madrid exigen tener cuanto antes la estimación de lo que percibirán del dinero de la UE para hacer sus planes de reconstrucción.
Ayuntamientos en pie de guerra
Más dura está siendo la pelea con los ayuntamientos, que se sienten ninguneados por el Gobierno central. “Me harta sentirme como un niño pequeño tutelado por su papá, un niño que hace sus deberes y saca buenas notas, mientras que el hermano mayor [en referencia a las autonomías] suspende constantemente y es profundamente desleal con su padre pero recibe toda la atención y todos los recursos”, expresó el alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, en plenas negociaciones con el Ministerio de Hacienda a propósito de la financiación de los ayuntamientos y, en concreto, de la reivindicación de las entidades locales de poder invertir su superávit.
El Gobierno ha tenido que retrasar la aprobación en el Consejo de Ministros del decreto ley con el que pretendía desbloquear el gasto de una parte de los ahorros de los ayuntamientos ante el rechazo generalizado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La propuesta formulada por el departamento que dirige María Jesús Montero no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante en el organismo que representa a las entidades locales y diputaciones por lo que el presidente, Abel Caballero, se vio obligado a aplazar una reunión de la Junta de Gobierno para seguir negociando con Hacienda. La nueva cita será este martes, aunque los cambios introducidos por el Gobierno a su propuesta inicial siguen sin convencer a los alcaldes porque mantiene el grueso de lo que rechazan: que las entidades locales tengan que prestar sus ahorros a cambio de poder gastar solo 5.000 millones de los 14.000 que tienen en total en dos anualidades y recuperar el resto en un plazo de diez años. La otra queja es que no se establezca financiación directa para las corporaciones municipales que no disponen de superávit, aunque la proposición de Hacienda incluye el compromiso genérico de estudiar “la forma en la que las entidades locales puedan participar como beneficiarias de los fondos recibidos” de la UE.
Pero con esos mimbres los socialistas -que también tienen reticencias- no cuentan con una mayoría en la FEMP para aprobar el planteamiento de Hacienda ya que necesitan al menos el apoyo de uno de los otros grupos con representación (PP, IU-Podemos-Comuns, Ciudadanos o JxCat) y ninguno está ahora mismo por la labor, además de que sacarlo por la mínima sería un golpe para el Gobierno dado que se rompería una cierta tradición de consenso en el municipalismo. De hecho, en una nota de prensa emitida por la FEMP, señala que la convocatoria del martes tiene carácter ordinario y que la Junta de Gobierno en la que se abordará la propuesta económica del Gobierno aún no ha sido convocada.
El presidente de la FEMP, Abel Caballero, trata de convencer al resto de alcaldes, aunque por ahora están lejos de transigir. “El planteamiento de Hacienda es muy bueno para las Entidades Locales -expresó este viernes-. En la actualidad, los gobiernos locales no pueden usar sus remanentes y, en este marco, la propuesta del Ministerio permite el uso de una parte de estos, de forma inmediata y sin que compute el déficit. Pasamos de una ley que no nos dejaba utilizarlos, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a una propuesta en la que el Gobierno asume el déficit y nosotros podemos usarlos”. También puso en valor que incluye otras propuestas “muy importantes” sobre Fondos Europeos, sobre uso del superávit, sobre entregas a cuenta y “otras para los Ayuntamientos que no tienen déficit ni superávit”. “Se trata de una propuesta del Gobierno muy asumible por parte de las entidades locales”, zanjó Caballero, que admitía que las conversaciones seguían abiertas.
El PP considera que la propuesta del Ejecutivo para la inversión del superávit es “inaceptable” y avisa de que no cuenta con los apoyos suficientes para sacarla adelante en la Junta de Gobierno del próximo martes. El alcalde de Zaragoza y miembro de ese organismo, Jorge Azcón, reprocha, además, que no se tenga en cuenta a los ayuntamientos que no tienen remanentes. “Cero euros”, expresa en conversación con elDiario.es. “¿A qué ha ido el Gobierno a Europa?”. Azcón es poco optimista respecto a que el próximo martes se cierre un acuerdo y plantea que ya no solo negocie con Hacienda Abel Caballero sino el conjunto de portavoces de la FEMP.
También el regidor de Granada y miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP por Ciudadanos, Luis Salvador, cuestiona que el plan solo incluya a los ayuntamientos con ahorros: “¿Y el resto? Los ciudadanos tienen el mismo derecho a salir de la crisis”. “El Gobierno tiene que aportar financiación directa para los ayuntamientos”, zanja Salvador, que se mantiene a la espera de la marcha de “la negociación que o se ha dado por cerrada”.
Ni siquiera el grupo de izquierdas que gobierna en coalición apoya en estos momentos al Gobierno. “La propuesta, a pesar de los cambios incluidos, sigue siendo claramente insuficiente. El acuerdo no alcanza el consenso requerido ni tiene el apoyo de la mayoría en la Junta de Gobierno”, señala en un comunicado. “Tiene aún un claro margen para moverse de sus primeras propuestas, sobre todo si aparece una voluntad política que aún no ha aparecido. No queremos que se produzca una imposición de ningún acuerdo a los municipios e insisto en que hay margen para mejorar su contenido”, señala el portavoz del grupo y alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura. Además de ampliar las excepciones a la regla de gasto que impide a los ayuntamientos gastar el superávit y endeudarse y permitir que esos ahorros se inviertan en más partidas que las que inicialmente propone Hacienda, IU-Podemos-Comuns quiere que “se garantice la participación directa de los ayuntamientos en las ayudas europeas, igual que las comunidades autónomas” y un “calendario” para la reforma de la financiación local.
“A lo largo de este proceso de discusión ya se han ido variando o incorporando algunas cuestiones en la propia propuesta que se entregó a la FEMP. Quiero decir que esto es un proyecto y un proceso dinámico, que vamos recorriendo, que vamos trabajando y que espero que culmine con el voto favorable por parte de la FEMP para hacer posible que este Consejo de Ministros apruebe un decreto ley que le dé forma a ese acuerdo que posteriormente se tendrá que ratificar por el Congreso de los Diputados”, dijo, por su parte, Montero el martes. Esos cambios son insuficientes por ahora para la mayoría de grupos con representación en la FEMP, que esperan poder avanzar en la negociación y enterrar el hacha de guerra.