En la última semana, no ha habido un día en el que el Gobierno de Pedro Sánchez no se haya jugado media vida a cara o cruz. El guion político que se presentaba el lunes desplegaba todo un campo de minas sobre los pies del Ejecutivo. A saber, una reforma fiscal clave para los Presupuestos a punto de descarrilar, la candidatura de Teresa Ribera a la Comisión Europea en el alambre por el boicot del PP y una cita judicial explosiva: la declaración el jueves de Víctor Aldama, el cabecilla del ‘caso Koldo’ y principal quebradero de cabeza del PSOE. Aunque empañado por las graves acusaciones del empresario, el balance de todas esas andanzas es que Sánchez, con Ribera elegida vicepresidenta europea y con su mayoría de investidura más engrasada que nunca, ha vuelto a salir airoso de otro aparente callejón sin salida.
La conclusión unánime de todos los grupos que sustentan al Gobierno es, de hecho, que la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que apuntalen una legislatura de cuatro años son ya un escenario perfectamente plausible después de la piedra de toque de la reforma fiscal, que salió adelante en el Congreso con 178 votos a favor. Ese triunfo clave, sustentado una vez más en negociaciones extenuantes e inverosímiles con partidos de ideología contrapuesta entre sí, supone en opinión del PSOE la constatación de que hay mandato para largo y una base sólida de respaldo parlamentario al Gobierno más allá del ruido ensordecedor de la oposición, que esta semana ha llegado a flirtear con la hipótesis de una moción de censura.
El ejemplo más gráfico de la trascendencia que le otorgan en el Ejecutivo a la aprobación de la reforma fiscal es la esperpéntica reunión de la Comisión de Hacienda celebrada a principios de semana. Después de haber sido aplazada dos veces para dar más margen a la negociación, la reunión definitiva comenzó el lunes a las cinco de la tarde. Siete horas después, al filo de la medianoche y en mitad de un receso de más de cuatro horas utilizado para buscar una salida pactada entre los socios del Gobierno, un dirigente del Partido Socialista intentaba explicar lo que pasaba. Algo que, a esas alturas de la noche, la mayoría de políticos y casi todos los periodistas había dejado ya de entender: “Dentro de esa sala se juega ahora mismo la legislatura entera”, resumía.
Y la partida no era precisamente sencilla. Se trataba de poner de acuerdo a la derecha y a la izquierda independentistas catalanas, a la derecha nacionalista vasca y a la izquierda independentista vasca, a los nacionalistas gallegos, al PSOE y a Sumar en algo tan marcadamente ideológico como la política impositiva a desplegar por el Gobierno. Y luego intentar convencer de lo pactado a Podemos. “Estamos seguros de que esto no se ha hecho nunca. Es la primera vez que se saca adelante una reforma fiscal de este calibre con partidos tan alejados ideológicamente”, exponen en el ministerio de Hacienda, desde donde la ministra María Jesús Montero ha pilotado la totalidad de negociaciones con los grupos.
El PSOE primero ató con Junts y PNV un paquete de medidas que enfadó no solo a sus socios de izquierda en el Congreso, también a Sumar, que desde el principio de la legislatura había puesto sobre la mesa la necesidad de hacer permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas. Después, en la Comisión de Hacienda, llegó a una vía intermedia para acercar a ERC, a EH Bildu y al BNG. Y estuvo negociando hasta el último minuto para conseguir el apoyo final de Podemos.
En varios momentos de esa negociación prácticamente todo el mundo dio por perdida la reforma. Y no solo eso, también el texto original que consistía en la transposición de una directiva europea para gravar a las multinacionales con un tipo mínimo del 15% y evitar el dumping fiscal entre países. A ese texto el Gobierno introdujo una serie de enmiendas para hacer un paquete más amplio y apuntalar la pata de los ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.
Varios de los presentes en la Comisión de Hacienda del lunes narran algunos pasajes surrealistas que vivieron en primera persona y que ilustran bien hasta qué punto esas negociaciones se llevaron esta vez más al límite que nunca. El presidente de la Comisión, el socialista Alejandro Soler, anunció un “receso de unos minutos” a las ocho y media de la tarde. Y ya nadie volvió a saber de él hasta entrada la madrugada. Los socialistas dedicaron esas horas a intentar la cuadratura del círculo: conseguir el apoyo de ERC y EH Bildu con un compromiso a futuro sobre el impuesto a las energéticas sin que se saliesen de la ecuación el PNV y Junts por meter en la jugada un gravamen que rechazaban taxativamente. Hasta que alguien avisó a Soler.
Desde el interior de la sala Cánovas alertaron al presidente de que las quejas del PP y de Vox por el retraso injustificado estaban a punto de hacerlo saltar todo por los aires. Y que los representantes de ambos partidos en la Mesa de la Comisión estaban dispuestos incluso a tomar el mando de la reunión y asumir la presidencia si el socialista Alejandro Soler no aparecía. A la una menos veinte de la mañana, cuatro horas y diez minutos después del receso, la Comisión se reanudó para la votación.
Para entonces el PSOE había alcanzado lo que parecía inalcanzable: el voto a favor de ERC y EH Bildu al paquete de medidas pactadas con PNV y Junts a cambio del compromiso de sacar adelante un decreto con una prórroga de un año del impuesto a las eléctricas, aunque con un importante asterisco: una bonificación para las empresas que invirtieran en descarbonización. Por si acaso, y aunque la interlocución con los de Puigdemont fue permanente durante todas esas horas, el ministerio de Hacienda se encargó de publicar un comunicado pasada la una de la madrugada: “El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”. Una escueta frase que resultó suficiente para que los independentistas catalanes se mantuvieran firmes en su respaldo al Gobierno.
El Ejecutivo salía de esa forma airoso de una encerrona parlamentaria a la que había entrado con todas las alertas encendidas. “Si perdíamos esa votación podíamos dar por perdidos los Presupuestos”, admiten entre las filas socialistas. Pero salvado ese primer escollo de la Comisión de Hacienda, donde no estaba Podemos, llegaba el trámite del Pleno. Y el partido de Ione Belarra, que había estado en conversación con el PSOE durante la negociación del lunes, planteaba públicamente que el acuerdo firmado con ERC, EH Bildu y BNG no les valía. Los morados querían garantías de que el real decreto con el impuesto saldría adelante.
Los cuatro votos de Podemos
Las 72 horas que siguieron repitieron un patrón conocido. El PSOE, explican fuentes de Podemos al tanto de las negociaciones, inició las conversaciones pensando que los de Belarra iban a terminar cediendo a la presión, de la misma forma que lo habían hecho el lunes los partidos independentistas. Gabriel Rufián llegó a reconocer que sabían que el acuerdo al que habían llegado iba a tener poco recorrido porque Junts lo tumbaría, pero priorizaron las consecuencias “económicas y legislativas” de sacar adelante el resto de la reforma, con impuesto específico a los bancos, a las multinacionales y a las rentas del capital.
Los socialistas, conscientes de que cualquier cambio en lo comprometido con Junts sobre las energéticas podía hacer descarrilar el acuerdo con ellos, ofrecían a Podemos cuestiones que no tenían que ver estrictamente con la reforma fiscal o directamente nada que ver. Aunque en las primeras reuniones estaban en la mesa tanto Félix Bolaños como María Jesús Montero, que ha estado al frente de las negociaciones con el conjunto de partidos, el ministro de Justicia fue quien centralizó la interlocución cuando quedaban ya pocas horas para la votación. Llamó hasta en cuatro ocasiones a Belarra entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. “Es ahí cuando empiezan a entender que Podemos no se la iba a comer”, dice una fuente del partido.
El último acuerdo que ofrece Bolaños a Podemos resulta viable. Se produce mientras la Cámara Baja debate ya la reforma fiscal, a escasos minutos de que se voten las enmiendas y a pocas horas de la votación final del texto. Aunque Belarra pronuncia un duro discurso en la tribuna y pide al PSOE que rectifique, el partido manda minutos después la comunicación del acuerdo.
“El acuerdo supone el compromiso del PSOE y Podemos de impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas. Con ese objetivo, en los próximos días se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos políticos necesarios para aprobar esta reforma para conseguir el consenso necesario para aprobar este impuesto”, dice el comunicado.
Podemos defiende que con este acuerdo consigue sentar a Junts en una mesa a negociar, aunque en privado reconocen que los socialistas les habían garantizado por escrito que los de Carles Puigdemont que habría impuesto. “Cuando se materialice, si lo hace, lo valoraremos”, se limitó a valorar la portavoz Míriam Nogueras.
El acuerdo tiene dos elementos más. Si no hay un consenso para esa proposición de ley, el Gobierno aprobará el real decreto de prórroga del impuesto durante un año. Eso permite a Podemos y a los socios de izquierda ganar un mes de tiempo para seguir negociando. Y los de Belarra también aceptan la bonificación por descarbonización que el PSOE prometió a Junts.
Los de Puigdemont, mientras, también aseguran estar felices. “Estamos supercontentos porque se aprobó todo lo pactado con nosotros y la verdad es que hemos vivido todo este circo como espectadores porque nosotros habíamos hecho nuestro trabajo”, apuntan fuentes parlamentarias de Junts, que admiten que la dinámica para negociar ahora los Presupuestos Generales del Estado con el PSOE es positiva. Antes incluso, habrá anuncio además de un acuerdo en materia de competencias migratorias que los independentistas catalanes negocian desde hace meses con el ministerio de Elma Saiz.
“Creo que tiene mucho mérito haber sacado adelante este acuerdo tan importante y tan complejo y que pone en valor la forma de negociar del ministerio de Hacienda”, reivindican en el departamento de María Jesús Montero, donde están convencidos de que este paso lanza un “mensaje de estabilidad” a la legislatura en mitad de la marejada provocada por la declaración del cabecilla del ‘caso Koldo’. “Veremos en adelante una derecha mucho más furiosa, si eso es posible, intentando sacar partido de todo esto. Pero se ha demostrado que el único que puede ofrecer estabilidad es quien tiene los apoyos parlamentarios, y el mensaje de todos los grupos en esta negociación es nítido”, valoran desde el Ejecutivo.
Tras los aplausos y la alegría de la bancada socialista en el Congreso por la votación de la reforma fiscal, el presidente del Gobierno se acercó a atender a la prensa, algo que solo ocurre en la Cámara Baja para los días especialmente relevantes. Pedro Sánchez empezó por celebrar la victoria parlamentaria y la elección de Ribera como vicepresidenta de la Comisión, pero a esa hora del jueves la declaración de Aldama lo ocupaba y lo empañaba casi todo.
“Sobre la comparecencia de este personaje quiero decir que mi Gobierno es un Gobierno limpio que nació para limpiar la corrupción. Las declaraciones de un presunto delincuente que está en la cárcel me merecen el crédito que tienen: ninguno. En lo que respecta al PSOE y a mí todo es falso porque su estrategia de defensa es la mentira. Lo hace para desviar la atención, sembrar dudas y tapar los presuntos casos de corrupción que se le imputan”, zanjó el presidente.
Saben en la Moncloa, no obstante, que el nivel de veracidad o falsedad de las gravísimas acusaciones del empresario imputado, que llegó a señalar a dirigentes como Santos Cerdán o a ministros como María Jesús Montero, Teresa Ribera o Ángel Víctor Torres, no influirá en que se conviertan en munición para la oposición durante meses. “Sería buena oportunidad para que Feijóo planteara una alternativa que no se conoce, porque la debilidad parlamentaria es de aquellos que no son capaces de armar mayorías”, animó Pedro Sánchez al líder de la oposición sobre la moción de censura que había deslizado un rato antes.
En su equipo aseguran ser conscientes de que el ruido no solo no cesará sino que irá en aumento a medida que se despliegue la estrategia procesal de Aldama y que alimente a su vez a la estrategia de oposición del PP. Pero tras la aprobación del paquete fiscal y a las puertas de impulsar los Presupuestos el convencimiento en la Moncloa es que ese ruido rebotará sobre una legislatura más sólida y un Gobierno más estable que el de hace solo una semana.