Estábamos todos despistados con la campaña electoral, las noticias sobre el cambio climático y los problemas de Zidane en el Real Madrid y no nos habíamos dado cuenta de que Catalunya ya se había independizado. En algún lugar del ciberespacio que no está muy claro dónde se encuentra. “Sánchez quiere acabar por decreto con la 'república digital catalana'”. “Sánchez anuncia un decreto ley para poner 'punto y final' a la 'república digital' catalana”. Los titulares lo dejan claro. Esa república existe y Pedro Sánchez se ocupará de eliminarla. No será un duelo como los de 'Tron' ni veremos al líder del PSOE subido a una moto de luz. El instrumento letal será esa arma tan efectiva en el mundo analógico que es el decreto ley.
El penúltimo Consejo de Ministros antes de las elecciones de noviembre era una oportunidad perfecta para ampliar la trama de la novela Pedro salvará a España lo quieras o no. Con la Junta Electoral Central tocando las narices por el uso electoralista de la Presidencia del Gobierno, había que descartar poner a la ministra Isabel Celaá elogiando al candidato a la reelección en la rueda de prensa. Allá fue la vicepresidenta Carmen Calvo con la misión de anunciar que el propio Sánchez había llevado el decreto al Consejo. Con sus propias manos. ¿Es usted la república digital catalana? Hasta la vista, baby.
Lo había contado antes en una entrevista en Onda Cero. De repente, había una urgencia. “Vamos a aprobar un decreto para que el desarrollo de la Administración digital esté garantizado por el Estado. Va a obligar a que todos los servidores de las administraciones públicas tengan que estar localizados en la Unión Europea y no en paraísos digitales”, dijo Sánchez. ¿Acaso la Generalitat ha procedido a migrar sus bases de datos a lugares con playas digitales de arena blanca? No se sabe nada de eso. ¿Ha hecho el Govern ya algo que el decreto impedirá en el futuro? Por ahí, sólo sabemos que fuentes del Gobierno central dicen tener información de que la Generalitat ya tiene servidores fuera de la UE, un dato que circuló sospechosamente de inmediato con la intención de justificar el decreto y su perentoria urgencia. Quizá provenga de la misma fuente que garantizó al Gobierno de Rajoy que encontrarían las urnas del referéndum antes del 1-O.
El quinto elemento
El Govern sí habla de “república digital”, sobre todo por boca de uno de sus miembros más imaginativos. El conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, reaccionó a la noticia del Consejo de Ministros alardeando de que esa república digital “existe y es imparable”. Puestos a alcanzar alturas retóricas que le costarían hasta a Quim Torra, Puigneró dijo que somos testigos del “nacimiento de un quinto poder”, la ciudadanía digitalmente empoderada. También denunció que lo del Gobierno es “un 155 digital, un golpe de Estado” (la cantidad de gente que dice en Madrid y Barcelona que todo lo que no le gusta es un golpe de Estado es irritante desde hace tiempo). De todas formas, si todo esto fuera imparable, como dice Puigneró, daría igual que alguien pusiera en marcha un 155.
El conseller es conocido por haber apoyado el proyecto que sostiene que Cristóbal Colón era catalán. Afortunadamente para su integridad física, no se le ha ocurrido desplazarse a Génova para comunicar el descubrimiento.
En septiembre, la Generalitat presentó el proyecto IdentiCAT, que concederá a los catalanes una identidad digital descentralizada a partir del uso de la tecnología blockchain. Los ciudadanos gestionarán sus datos sin intervención directa de la Generalitat. “No es un DNI catalán”, dijo Puigneró en el Parlament. A día de hoy, no es nada, sólo un proyecto que se pondrá en marcha en algún momento de 2020 con una cuantía inicial de 550.000 euros. Un Govern con los presupuestos prorrogados lo tiene algo complicado para lanzar nuevas inversiones.
Es posible que el Gobierno escuchara la palabra 'blockchain' y se echara a temblar. Varios servicios de inteligencia están muy interesados en esa tecnología. Y también gobiernos, grandes corporaciones e instituciones internacionales. Ha sido explicada como algo que por sus características descentralizadas –de las que los bitcoins son el ejemplo más conocido– recuerdan a los orígenes de internet. El punto de vista escéptico está a tono con estos tiempos más pesimistas: es bastante probable que acabe siendo controlada y regulada por los gobiernos de una manera u otra.
Lo que es seguro es que el BOE es una herramienta electoral a la que pocos gobiernos hacen ascos. Más cuando Sánchez y el PSOE necesitan argumentar que nadie defiende la unidad de España como ellos, y ya saben lo que tienen que hacer los votantes de Ciudadanos cuando lleguen a las urnas. De ahí la actividad electoral de Sánchez en Moncloa.
Lo gracioso es que la reacción del Gobierno central sirve a la Generalitat para engordar su propaganda sobre las muchas cosas que hace en favor de la independencia. Está en la línea de esas famosas “estructuras de Estado” que supuestamente se estaban preparando antes del referéndum. Se dijo que estaba todo preparado para accionarlas a partir del 1-O. Después, nadie supo nada de ellas. Eran estructuras invisibles.
“No va a haber independencia, ni online ni offline”, dijo Sánchez. Ni él ni Puigneró han explicado qué es la independencia digital. La soberanía de los estados es una de esas cosas muy analógicas que pueden verse en peligro por ataques recibidos desde el mundo digital. Pero no al revés. Si no eres independiente en el mundo real, sólo estás jugando al SimCity.
“En internet nadie sabe que eres un perro”, decía una mítica viñeta de The New Yorker de 1993 con un perro explicando a otro ante un ordenador las grandes ventajas que se abrían ante ellos. Ahora, gracias a Sánchez y Puigneró, podríamos dibujar otra con un perro que dijera: en blockchain, nadie sabe que no eres independiente. Pero sigues siendo un perro.