Vuelve la mascarilla obligatoria en exteriores seis meses después. Pedro Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos que el Gobierno aprobará un decreto ley en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves para imponer de nuevo esa medida, que estaría en vigor desde el 24 de diciembre, ante el avance de la variante ómicron. Así se lo ha comunicado al arrancar la conferencia de presidentes convocada el pasado sábado para estudiar “nuevas medidas” con las que luchar contra la sexta ola ante el incremento exponencial de los contagios que ha llevado a la sobrecarga de la atención primaria. Tras el debate, Moncloa incluirá unas “salvedades”: no será obligatoria cuando se practique deporte en el exterior ni en el ámbito rural cuando se pueda garantizar una distancia de 1,5 metros. El refuerzo a los servicios sanitarios es uno de los objetivos que, con carácter global, va a implementar el Ejecutivo mientras que las restricciones puntuales quedan, como hasta ahora, en manos de las comunidades autónomas. “No estamos en marzo de 2020 ni en las navidades de 2020”, ha insistido Sánchez en una declaración ante los medios tras el encuentro.
“En la prevención, si hay algo fundamental, es el uso de la mascarilla. Cuando uno está haciendo deporte, en el campo, y está solo o con un familiar o un amigo y hay distancia, no es necesario que lleve la mascarilla”, ha explicado Sánchez, que ha sostenido que con esa medida lo que hace es “recoger el testigo de lo que han planteado la amplísima mayoría de gobiernos autonómicos”.
Más allá de la obligatoriedad de la mascarilla, ante la sobrecarga en la atención primaria y el aumento de los ingresos hospitalarios, Sánchez ve necesario un refuerzo de los recursos humanos de los servicios sanitarios por lo que habilitará legalmente la posibilidad de que los centros públicos y privados puedan contratar personal sanitario jubilado y prejubilado, como se hizo en el inicio de la emergencia sanitaria. “Van a seguir manteniendo sus prestaciones”, ha explicitado, según fuentes autonómicas. También se habilitará a las comunidades para que puedan contratar “profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembro de la UE”, según informan fuentes de Moncloa. El Gobierno también quiere reforzar los dispositivos de vacunación con las Fuerzas Armadas así como poner a disposición de los servicios sanitarios los hospitales militares.
También ha defendido un plan de acción en atención primaria y comunitaria con la idea de “aumentar el número de profesionales sanitarios disponibles y mejorar sus condiciones laborales, reduciendo la temporalidad por debajo del 8%”. “Los Presupuestos Generales del Estado destinarán 292 millones de euros a este plan, la mayor parte transferidos a las comunidades autónomas”, señala el Gobierno.
Nuevos objetivos de vacunación
Sánchez también ha insistido en la necesidad de intensificar y acelerar el proceso de vacunación y ha establecido los siguientes objetivos: que el 80% de la población entre 60-69 años esté vacunada con tercera dosis antes de que finalice el año; alcanzar ese porcentaje en el tramo de 50 a 59 la semana del 24 de enero y de 40 a 49 años la primera semana de marzo; llegar al 70% de la primera dosis pediátrica la semana del 7 de febrero y al 70% de los niños vacunados el 19 de abril. A partir del 1 de febrero de 2022, el pasaporte COVID tendrá una fecha de caducidad de nueve meses después de la administración de la última dosis.
Como ya había anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la sesión de control en el Congreso este miércoles, se emitirán autorizaciones temporales para permitir la venta en farmacias de determinados test de antígenos de uso profesional para que estén a disposición de toda la población. También ha recordado a los presidentes autonómicos que, a partir de ahora, las personas que hayan tenido contacto directo con un contagiado no deberán realizar la cuarentena en caso de estar vacunadas con pauta completa, según decidió el martes la comisión de salud pública.
Esos han sido, según Moncloa, los ejes de la intervención del presidente, que ha dejado fuera de las medidas globales a adoptar la mayoría de las propuestas de los técnicos que se debatieron este martes en la Ponencia de Alertas el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos, como restricciones en el ocio nocturno, limitación de aforos en los interiores de la hostelería o evitar las aglomeraciones y eventos multitudinarios en escenarios de alto riesgo.
Los presidentes lo ven insuficiente
De hecho, muchos presidentes autonómicos han considerado insuficientes los anuncios que ha hecho Sánchez y, en algunos casos, le han reprochado incluso que les haya convocado con las decisiones previamente tomadas para adoptarlas en un Consejo de Ministros menos de 24 horas después. “Las tasas de incidencia son las más altas de toda la pandemia, la ocupación y el estrés de la primaria es evidente, deberíamos poner en común criterios y medidas. Las comunidades no disponemos de medidas suficientes. Un acuerdo en esta conferencia debería favorecer la seguridad jurídica de las medidas que pudiéramos adoptar”, ha expresado el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha planteado limitaciones de aforos, horarias o de personas en las reuniones sociales, entre otras, según fuentes presentes en la reunión.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente catalán, Pere Aragonès, que ha defendido que hay “medidas impopulares pero imprescindibles” en línea de lo que ha aprobado la Generalitat -toque de queda o la prohibición de reuniones que superen las diez personas, entre otras-. Además de pedir restricciones comunes más duras, Aragonès ha planteado que los progenitores con menores en cuarentena puedan coger la baja y ha insistido en la necesidad de un fondo COVID para que las comunidades tengan financiación para encarar la pandemia. En la rueda de prensa posterior, Sánchez ha recordado que los presupuestos recogen 7.000 millones para las autonomías que considera “suficientes para hacer frente a esta emergencia sanitaria”. No obstante, ha asegurado que “en materia de defensa de salud pública no va a haber problema de recursos”.
El fondo COVID es una petición generalizada, al igual que un marco jurídico que “evite disparidad de criterios y retraso en aplicación de medidas”, según ha reclamado el andaluz Juanma Moreno Bonilla, en línea con la ley de pandemias que reclama el PP y también ha hecho el Gobierno vasco. También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que existe mucha “confusión jurídica” para afrontar la pandemia. “Tenemos instrumentos jurídicos suficientes para poder hacer frente a la pandemia”, ha afirmado Sánchez, que ha mencionado la ley general de salud, el consejo interterritorial o el aval necesario de los tribunales superiores de justicia que ha asegurado que en una “amplísima” mayoría de casos han secundado las decisiones de los gobiernos autonómicos.
García-Page ha apostado por, llegado el momento, restringir los movimientos. “O atacamos la movilidad o lo que estoy viendo es a los gobiernos autonómicos tomando decisiones con la mejor voluntad pero con una eficacia muy diferente a las que tomamos hace tres o cuatro olas”, ha defendido. No obstante, el socialista, que ha recordado que los datos epidemiológicos en su región no son del todo malos, se ha mostrado de acuerdo con las medidas anunciadas por Sánchez.
En el caso de Aragón, Javier Lambán sí ha dicho que tendrá que imponer medidas pronto por el avance de los ingresos y el aumento de la incidencia. Además de insistir en el fondo COVID, el presidente aragonés ha reclamado más ayudas para pymes y autónomos.
Sánchez: instrumentos suficientes
Una de las intervenciones más críticas, según fuentes presentes en la reunión, ha sido la del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido intensificar las pruebas diagnósticas y ampliar los cribados a los trenes así como extender a todos los ámbitos el certificado COVID. También ha mostrado su rechazo a la decisión de que las cuarentenas dejen de ser obligatorias para los contactos estrechos con pauta completa y ha sugerido que se restrinjan algunas celebraciones navideñas, como las cabalgatas o las fiestas de nochevieja.
Sobre las fiestas de nochevieja, Sánchez ha dicho que se irá evaluando la situación, aunque no se ha mostrado partidario de su cancelación. “Creemos que con estas medidas podemos empezar a atajar la situación”, ha respondido. De lo que es contrario es de suspender las cabalgatas de reyes. “El año pasado se celebraron calbalgatas y no existían vacunas. Con el uso de mascarilla, la vacunación, los ayuntamientos, alcaldesas y alcaldesas que han acumulado experiencia (...) nuestros niños se merecen tener unas cabalgatas este año y espero que así sea. El Gobierno de España trabajará por que así sea”, ha zanjado.
También el valenciano Ximo Puig ha planteado “pactar acciones conjuntas ante las fiestas de fin de año”, aunque en su caso ha defendido que no se pueden tomar las mismas medidas que en la primera ola la reclamación de restricciones más duras. Así, ha apostado por acelerar la vacunación y “medidas no invasivas para la contención sanitaria” así como la “máxima complicidad social posible” con la sociedad. También ha defendido “aumentar y facilitar el acceso a los test por parte de los ciudadanos” y ha solicitado apoyo financiero.
El murciano Fernando López Miras ha lamentado que Sánchez haya planteado “actuaciones insuficientes que abocan a 17 modelos diferentes de Navidad” y ha anunciado que impondrá nuevas restricciones en la Región ante el incremento de los casos. El extremeño Guillermo Fernández Vara se ha mostrado contrario a imponer limitaciones en este momento. “Los políticos no podemos hacer lo que se nos ocurra. Los tribunales no aceptarían que con estas cifras se restringieran los derechos y libertades de los ciudadanos”, ha advertido el socialista, que ha aplaudido las medidas que adoptará el Gobierno este jueves. “Hay que incidir en medidas de prevención, no de restricción ya quelas consecuencias asistenciales de esta sexta ola distan mucho de las anteriores”, ha explicado, por su parte, la presidenta riojana, Concha Andreu, que ha anunciado medidas para el refuerzo del sistema sanitario y la priorización del teletrabajo para el personal de la comunidad.
En el lado opuesto de la mayoría de presidentes autonómicos, la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la mascarilla en exteriores si hay distancia y los rastreadores militares que ha puesto Defensa a disposición de las autonomías. En un tuit, ha dicho que no comparte “los cierres sin datos sanitarios”, a pesar de que el Gobierno precisamente ha esquivado restricciones ese tipo, que son los que defienden los expertos. “Sí Ley de Pandemias, fondos Covid, vacunas, contratos sanitarios, autocuidado y test”, ha dicho Ayuso precisamente el día en que tenían que estar en las farmacias los test de antígenos para los madrileños y que se han quedado en 770.000 para una población de cerca de seis millones de personas.
Tras las críticas recibidas por la tardanza en convocar a los presidentes autonómicos y adoptar medidas para frenar el avance del coronavirus, Sánchez les ha comunicado que lo hará de forma periódica cada “diez días aproximadamente” mientras dure la sexta ola. La última cita tuvo lugar en Salamanca el 30 de julio y estaba prevista una nueva reunión en La Palma a principios de año. Fuentes gubernamentales ya aseguraron el sábado que el encuentro telemático mantenido este miércoles no sustituía en ningún caso esa convocatoria ordinaria, que dependerá de la situación epidemiológica y de la evolución del volcán.