A Pedro Sánchez le ha tocado desempolvar la calculadora. El 'no' de ERC -que trató de evitar sin éxito en una llamada al vicepresidente catalán, Pere Aragonés, y una conversación telefónica de Carmen Calvo- sumado al viraje de Pablo Casado, que decidió abstenerse en la cuarta prórroga del estado de alarma anticipando el rechazo en el futuro, dejó al Gobierno en una posición delicada teniendo que negociar contra reloj con PNV y Ciudadanos, que salvaron en el último momento a España del “caos”, según la advertencia que había lanzado el propio Ejecutivo.
La situación en el Congreso se ha ido complicando para la coalición de PSOE y Unidas Podemos según ha avanzado la COVID-19. La primera prórroga del estado de alarma salió adelante por una amplia mayoría (306 síes) y las abstenciones de ERC, JxCat, Bildu y la CUP que reclamaban la paralización de la actividad no esencial. Pero esa práctica unanimidad desapareció rápido. Quince días más tarde surgieron los primeros noes, aunque no extrañaron en Moncloa: la extrema derecha de Vox y los antisistema de la CUP.
La tensión entre las comunidades y el Gobierno se ha ido incrementado con el paso de las semanas y las críticas en el Congreso, también. La tercera prórroga salió adelante, pero JxCat se sumó al bloque del 'no' y ERC advirtió de que su abstención se acercaba al rechazo. Cumplió en la cuarta votación, que salió adelante con 178 votos a favor después de que el gabinete tuviera que arremangarse en la negociación.
Los reproches tienen un mínimo común denominador -más allá de las de Santiago Abascal que pasan directamente por tachar de “ilegal” el estado de alarma-: la falta de interlocución por parte de un Gobierno que se ha reconocido “desbordado” por la situación. Casado, Arrimadas, los aliados parlamentarios y las comunidades autónomas reprochan a Sánchez la política de los hechos consumados por parte de un Gobierno que dista en 21 escaños de la mayoría absoluta. Y es ahí donde han incidido sus socios de investidura cuando el conjunto de fuerzas políticas amagaba con romper la cuerda.
La coalición de PSOE y Unidas Podemos ya tenía complicada la aritmética antes de la pandemia y ahora tendrá que hacer frente a medidas drásticas con la previsión de una caída del PIB para este año de más del 9% que Bruselas no dejará pasar sin más. El estrecho margen en el Congreso, donde los escaños de PP y Vox no los cuenta el Gobierno consciente de que han convertido a la coalición en su objetivo, no aventura un escenario fácil para el bipartito.
“De vez en cuando hay que decirles que no”, advirtió el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que reclamó a Sánchez más diálogo con el resto de administraciones: “Con la señora Lastra hablo cada día -dijo sobre la interlocución con la portavoz socialista, con la que tiene una excelente relación-. Se puede hacer pero no se puede arreglar todo y arreglamos un montón de cosas”. “Sin diálogo no hay legislatura”, amenazó.
Pero no fue el único. Iñigo Errejón, que había acusado de “irresponsabilidad” al Gobierno por la falta de comunicación con los socios, pidió directamente que los atendieran de aquí en adelante: “Hay que aprender a cuidar a la mayoría que le dio el Gobierno”. El portavoz de Más País reclamó diálogo y advirtió de que “la suficiencia es mala consejera”. También Joan Baldoví afeó el poco talante negociador del gabinete: “Las flores pueden acabar marchitándose”.
Bildu, que se abstuvo en la investidura, avisó directamente a Sánchez de que no debe “romper los puentes” con ese bloque progresista. “Es usted, que gobierna en minoría, quien debe ganarse los apoyos y no exigirlos o darlos por hecho”, expresó Mertxe Aizpurua, que le reprochó, al igual que Rufián, que virara hacia Ciudadanos para recabar los apoyos: “Esperemos que esto no sea la antesala de nuevos acuerdos, porque es posible que gane algún apoyo puntual, pero perderá muchos por el camino”. El BNG, que ha pasado del sí crítico a la abstención, también ha recriminado la desconexión con los grupos que facilitaron la investidura mientras que llega a un entendimiento con los que “hasta ahora incluían en la derecha ultramontana”.
Lo cierto es que con la incógnita del PP y el descuelgue de ERC, los diez diputados de Ciudadanos se hacían imprescindibles para Sánchez, que puso a uno de sus hombres de máxima confianza, Félix Bolaños, a pilotar la negociación que culminó a última hora de la tarde del martes con un acuerdo que obliga al Gobierno a mantener informado a Ciudadanos semanalmente y a buscar la fórmula para desligar las medidas sociales y económicas adoptadas para hacer frente a la crisis del coronavirus de la duración del estado de alarma.
Arrimadas, que asumió ese voto a favor en primera persona incluso acudiendo por primera vez al Congreso desde que estalló la emergencia sanitaria dado que las condiciones de su embarazo ya lo permitían, dejó claro que su apoyo es circunstancial y que nadie puede considerarla una socia del bipartito: “Quizás hay gente de buena fe que piense que estamos emitiendo un voto a favor de Sánchez, Iglesias o el Gobierno. No. Estamos votando si queremos que este sábado se mantenga el estado de alarma”. El mensaje se dirigía a PP y Vox, por un lado, a los que recordó que esta votación no era una investidura, pero también a Sánchez, a quien recordó que, al salir del hemiciclo, volvería a tener 155 escaños.
Pese a que el PSOE prefería a Ciudadanos como socio -una parte del partido por encima de Unidas Podemos y desde luego de ERC-, algunos socialistas tienen dudas de que Arrimadas aguante la presión y llegue a un entendimiento que vaya más allá, por ejemplo, en la comisión de reconstrucción social y económica traduciéndose en un apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Otras fuentes consultadas sí ven factible que la nueva líder del partido le interese resituarse en el tablero político en una posición central respecto a Casado y Abascal y que, en ningún caso, quiera una celebración de elecciones a principios del próximo año. No obstante, los socialistas creen que la posición a la contra de ERC y PNV obedece a la situación preelectoral en sus circunscripciones y ve reconducible el acercamiento. En el grupo confederal ven con ciertos recelos la posibilidad de que Sánchez vire hacia Ciudadanos en caso de que ERC se desmarcara definitivamente perdiendo cierta capacidad de presión por la izquierda.
De hecho, el portavoz de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Común, Jaume Asens, intentó sin mucho éxito reclamar a Rufián el giro hacia la izquierda progresista en España y Catalunya que le aleje de JxCat; pero el portavoz de ERC se reviró al sentirse atacado por el líder de En Comú por su voto en contra al entender que se le asemejaba a Vox: “Sabes lo injusto, lo tramposo de algunas de tus palabras, espero que sirvan para que te sientas mejor después de vuestro pacto con Ciudadanos”.
Más allá de defender que el Gobierno ha mantenido el diálogo constante -asumiendo que se han podido cometer errores, según reconoció- con las comunidades autónomas, Sánchez evitó responder a las críticas de de los grupos por la falta de interlocución. Sí aseguró que abordaría con ellas a través del Parlamento la puesta en marcha de los mecanismos que sean necesarios para gestionar la “nueva normalidad” una vez que el estado de alarma no sea “imprescindible” como “ahora” porque no haya que limitar la movilidad interprovincial así como el derecho de reunión y manifestación.
La que sí tendió la mano a las fuerzas políticas aliadas de la Cámara fue Adriana Lastra en su respuesta a Rufián, al que reprochó que se tomara la “decisión política” de rechazar el estado de alarma mucho antes de que se planteara y por motivos distintos a la falta de interlocución o la gestión de la pandemia: “Sabe muy bien que este Gobierno y este grupo han querido negociar y sentarse a hablar”. “Yo vuelvo a tenderle la mano, a usted y a ERC, porque estoy convencida el futuro de este el futuro social y económico de este país, el bienestar de los ciudadanos, pasa por que la izquierda de este hemiciclo se entienda”, zanjó la número dos de Sánchez en el PSOE.