Sánchez salva la cumbre autonómica con la presencia de Euskadi, pero sin una respuesta común frente a la crisis

La economía se desploma hasta cifras sólo comparables a la Guerra Civil, los contagios por el COVID-19 se disparan con la “nueva normalidad” y Pedro Sánchez exhibe su optimismo epidemiológico en la Conferencia de Presidentes, tras un golpe de efecto y una negociación bilateral sin luz ni taquígrafos con el Gobierno vasco para evitar que la cumbre, la primera presencial de la pandemia, resultara un fiasco. 

Una hora antes de que comenzara la cita, la Moncloa anunció por sorpresa la asistencia del lehendakari –que había amenazado con no asistir–, al tiempo que daba cuenta de un acuerdo sobre la senda de déficit y la capacidad de endeudamiento de las instituciones vascas. Logró así amortiguar el plante del catalán Quim Torra, que fue el único de los 17 presidentes que no acudió al cónclave, si bien provocó  una sensación de agravio generalizado entre el resto de asistentes, que no pasaron por alto el “precio pagado” por el Ejecutivo para evitar el fracaso de la cita. Aún así, durante la reunión nadie mencionó el asunto, ni siquiera los líderes territoriales del PP, que sí se quejaron del trato diferencial a Euskadi, fruto de su particular estatus fiscal y legal, durante sus comparecencias de prensa posteriores.

Fue el caso del gallego Alberto Núñez Feijóo, quien dentro de la reunión mostró su faceta más moderada y eludió el asunto. Pero una vez fuera demandó que “si hay reglas fiscales para una comunidad autónoma” para elaborar los presupuestos para 2021, el resto de las autonomías deberían conocer las suyas también. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, anunció en una comparecencia ante los medios al final de la conferencia que el Gobierno convocará en septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano donde la ministra de Hacienda y sus homólogos autonómicos fijan precisamente la senda presupuestaria para las comunidades.

“Espero que el Gobierno haya entendido el mensaje y volvamos cuanto antes a la normalidad institucional y política”, se regocijó el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, horas después de cerrar el acuerdo, y tras defender que Euskadi “no es una comunidad autónoma más”, sino “una nación” que tiene “un régimen especial de autogobierno”. En esta misma línea, instó a Sánchez a “cumplir el ordenamiento jurídico” para “primero garantizar la relación bilateral” y “después hablar de nuestra participación en foros multilaterales” como la Conferencia de Presidentes.

Como ironizó un presidente autonómico socialista en conversación con este diario, el PNV es en la política española lo que Alemania en el fútbol: un partido de 11 contra 11 en el que siempre gana el mismo. No en vano, tras valorar el impacto económico y la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica, el Gobierno vasco y el español acordaron un objetivo de déficit del 2,6%, unos 1.700 millones de euros, cantidad con la que Euskadi cree que será suficiente para compensar el descenso.

El acuerdo incluye el compromiso de convocar la Comisión Mixta del Concierto Económico la “primera quincena de septiembre”. La concreción de esta fecha era la condición impuesta por Urkullu para acudir al foro de La Rioja. La entente fija, además, en el 15,9% la deuda pública vasca para 2020 y recoge que, “en caso de que de producirse un cambio significativo en las previsiones macroeconómicas no atribuible a direcciones discrecionales” del País Vasco, “podrán acordarse en la Comisión Mixta nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria”.

Las tres diputaciones vascas, por su parte, tendrán su propio sistema y gozarán de la capacidad de usar superávits y remanentes y serán compensadas en el caso de que su reducción de ingresos sea superior a estos.

Sánchez se garantizaba así no sólo la presencia de Urkullu en la Conferencia de Presidentes, sino que también acercaba al nacionalismo vasco a la negociación para los Presupuestos Generales que el Gobierno quiere llevar a la Cámara Baja el próximo septiembre si Torra no convoca finalmente elecciones en octubre.

Por lo demás, el grueso de la cita que el Gobierno llevó a San Millán de la Cogolla (La Rioja), giró en torno al debate sobre el reparto de los fondos europeos, la situación epidemiológica tras el repunte en los contagios por el COVID-19 y la posibilidad de que las autonomías reciban en 2021 un nuevo fondo no reembolsable del Estado para hacer frente a la reconstrucción económica de sus territorios. Asunto este último al que no se cerró el presidente del Gobierno y que el PP pondrá, a tenor de las intervenciones de sus barones, como condición al Gobierno para sentarse a hablar de los Presupuestos Generales del Estado.

Tono constructivo y optimismo de Sánchez sobre la situación epidemiológica

El tono de la cita fue, según fuentes presentes, “bueno y constructivo” por parte de todo el mundo. No hubo, no obstante, más concreción que el compromiso verbal de Sánchez de destinar los fondos europeos a mitigar la desigualdad social y territorial y la decisión de condicionar la entrega de una parte de los mismos a las Comunidades a la presentación de proyectos finalistas. Es la primera vez, de hecho, que una Conferencia de Presidentes –más allá de las 14 anteriores que tuvieron como único objetivo el intercambio de información sobre la crisis sanitaria– se salda sin acuerdo escrito. De hecho, ni se celebraron preparatorias del encuentro ni hubo un intercambio de documentos con las demandas de los territorios. 

El Gobierno explicó que, a diferencia de otros fondos de la UE, el de reconstrucción de “no va de reparto de fondos” entre administraciones. “No se trata de repartir fondos. Se trata de cómo somos capaces de articular planes nacionales que tenemos que presentar ante la UE”, en palabras de Carolina Darias. A puerta cerrada, Sánchez advirtió a los presentes de que “si cualquier proyecto seleccionado en una comunidad autónoma tiene una incidencia de ejecución, ésta afectaría e impactaría en la ejecución del resto de proyectos existentes vinculados a ese eje”, lo que justifica, en opinión del Ejecutivo, la gobernanza que han decidido para gestionar el fondo, centralizada en el propio presidente.

Así, sólo quedó el compromiso verbal de Sánchez de asumir en primera persona la gestión del Fondo de Recuperación para hacer frente a la crisis del coronavirus a través de una nueva Comisión Interministerial que se creará para este fin, además de un grupo “de alto nivel” para ocuparse de la “colaboración público-privada”. También anunció una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno en la Moncloa; una conferencia sectorial con las comunidades y ciudades autónomas, que liderará la ministra de Hacienda; y que se introducirá el Fondo de Recuperación en los debates habituales de las próximas conferencias de presidentes. En el proceso de gobernanza participarán además las entidades locales, según anunció.

En lo que sí coinciden los asistentes consultados por elDiario.es es en el optimismo del presidente ante la situación epidemiológica, a pesar de los rebrotes y el elevado número de contagios, y en la confianza que mostró en que antes de que concluya diciembre pueda haber una vacuna frente al coronavirus. 

Sólo el castellano-manchego Emiliano García Page puso el acento en el aspecto sanitario de la crisis y en la necesidad de articular mecanismos de coordinación entre administraciones mientras que el andaluz, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, se quejaba de la falta de información facilitada por el Gobierno respecto a los fondos que recibirán las autonomías sobre el cómo, el cuándo y de qué modo llegarán a los territorios. “Sólo sabemos que serán ayudas condicionadas”, añadió.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se quejó por su parte de que se vayan a repartir de forma “discrecional” y defendió que sería bueno que las autonomías tuviesen “opción a opinar” al respecto. Esto después de censurar que los líderes territoriales llegaran a la cita “con todo repartido y todo presentado”, criticar la falta de “un orden del día con un protocolo” para la cumbre y mostrar su rechazo al “déficit a la carta”, en clara alusión al acuerdo con Euskadi.