París, 29 sep (EFE).- Convertido en marzo en el primer expresidente francés condenado por la justicia, Nicolas Sarkozy conocerá mañana, jueves, si recibe una segunda pena, esta vez por la financiación ilegal de la campaña de 2012, delito por el que la Fiscalía pide para él un año de prisión, la mitad sin cumplimiento.
Sería otro mazazo para la reputación de un hombre oficialmente alejado de la primera línea política pero cuya impronta sigue siendo importante en el campo conservador francés y europeo, como demuestra su participación en la convención del Partido Popular español.
A sus 66 años, el hombre que ocupó el Elíseo entre 2007 y 2012 fue condenado hace siete meses a tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento y el otro en arresto domiciliario, por corrupción y tráfico de influencias, pena que recurrió y está pendiente de apelación.
Entonces, los jueces le declararon culpable de haber buscado en 2014 obtener informaciones confidenciales en otro de los casos que la justicia investigaba sobre él y haber prometido, a cambio, intervenir para lograr una promoción para un magistrado.
Si aquella pena ya supuso una losa para sus posibles ambiciones electorales, que el propio interesado siempre niega, en esta ocasión la condena tendría un marcado carácter político, ya que sobre la mesa está la financiación de su campaña de 2012, la que hizo como presidente y perdió ante el socialista François Hollande.
DOBLE CONTABILIDAD
La Fiscalía considera que en aquella campaña Sarkozy se benefició de un doble sistema de contabilidad que le permitió superar de largo el límite de gasto fijado por la ley para cada candidato, 22,5 millones, y rozar los 43 millones que la investigación permitió sacar a la luz.
Para disimularlo se creó un sistema de falsas facturas y ficticias convenciones que no llegaron a celebrarse encargado a la empresa Bygmalion, que da nombre al caso.
El expresidente no está acusado de haber puesto en marcha esa doble contabilidad, ni de conocerla, pero sí de beneficiarse de ella y de no haber atendido a las señales de alarma sobre el elevado tren de gasto de su campaña.
La acusación consideró que sus exigencias, que pasaban por organizar un mitin diario y con una organización “a la estadounidense” solo podían conducir a esconder a la administración las verdaderas cuentas.
Sarkozy solo acudió una jornada al juicio que se desarrolló entre el 20 de mayo y el 22 de junio pasados, el día que fue interrogado, cuando consideró “de fábula” las acusaciones y dejó entrever su línea de defensa, que consiste en asegurar que la doble contabilidad sirvió para el enriquecimiento personal de algunos colaboradores, pero no acabó en su campaña.
LÍNEA DE DEFENSA
“Hubo facturas falsas y convenciones ficticias, eso está demostrado, pero el dinero no era para mi campaña, de lo contrario se habría notado”, aseguró el expresidente, que no volvió a pisar el tribunal y cuya presencia no está asegurada para escuchar el veredicto, que su defensa pidió que fuera de inocencia.
Junto a él, conocerán la sentencia los principales artífices de esa campaña y de la empresa Bygmalion, algunos de ellos confesos de haber participado en el fraude, como el que fuera el número dos de la misma, Jérôme Lavrilleux, cuya confesión en un programa de televisión en 2014 sustentó la apertura de la investigación.
Solo él y otros tres acusados reconocieron el fraude, mientras que el resto se escudó en el desconocimiento, lo que no impidió que la Fiscalía pidiera para ellos penas de entre 18 meses y cuatro años de cárcel y multas que, sumadas, alcanzan los 150.000 euros.
El “caso Bygmalion” no cerrará el periplo judicial de Sarkozy, que desde 2018 está inculpado por la financiación ilícita con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi de su campaña presidencial de 2007, la que le llevó al Elíseo.
Luis Miguel Pascual