El turismo es el motor de la economía española desde hace décadas, pero no todo el mundo lo ve como una bendición: hay lugares en los que en verano se triplica -o más- su número habitual de habitantes, con el consiguiente incremento del tráfico o problemas de abastecimiento de agua potable.
Son dos de las caras negativas de un sector que genera alrededor del 12 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de España -casi el 50 por ciento en comunidades como Baleares-, que da trabajo a millones de personas y que produce riqueza en un país eminentemente turístico como el nuestro: 68 millones de turistas nos visitaron en 2015.
Muchos de ellos se concentran en verano en las principales zonas turísticas, que ven multiplicarse su población hasta límites sobre los que algunos comienzan a alertar, sobre todo entidades ecologistas, que advierten del aumento de la contaminación por la llegada de vehículos -propios o de alquiler- y de problemas con el suministro de agua o de energía.
En 2015, el Ayuntamiento de Barcelona se planteó, por ejemplo, acotar la llegada de cruceros al puerto de la ciudad, y este año ya se han alzado voces denunciando los costes sociales y medioambientales que provocan, como la de la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABAT).
Ve esta entidad una “seria amenaza” para la salud pública la llegada de cruceros por las emisiones contaminantes de las embarcaciones, que además generan gran cantidad de residuos, y se queja de que el desplazamiento de los turistas por la ciudad provoca problemas de movilidad.
Desde Barcelona en Comú, que gobierna en el Ayuntamiento, se ha avanzado la posibilidad de revisar la fiscalidad de los cruceristas para incrementar su aporte.
El Govern balear también está preocupado por el mismo asunto y ha pedido a la Autoridad Portuaria que trate de alternar las escalas de los cruceros, mientras que el Consistorio palmesano quiere que se varíen los lugares a los que se lleva a los cruceristas en autobús para que no se masifique el centro histórico.
De hecho, la presión turística se ha convertido en tema de controversia en una temporada en la que se espera un récord histórico de viajeros, pero que ha provocado reacciones nunca vistas, como pintadas contra los turistas en el centro de Palma.
Pese a que no hay límites por aforo de acceso a las playas, la capacidad de los aparcamientos supone de facto una restricción en algunas de las más atractivas de las islas, como ocurre en Menorca.
El año pasado, en Ibiza y en Formentera barajaron la posibilidad de cobrar una tasa para el acceso de los vehículos y acabar así con la masificación.
Un poco más lejos han ido en Murcia, donde en los últimos años hay restricciones para el acceso al espacio natural del parque regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, en Cartagena, al que este año tienen prohibida la entrada los vehículos privados del 25 de junio al 4 de septiembre, de 09:30 a 20:00 horas.
Durante ese periodo, los visitantes de este espacio natural podrán acceder a él en una línea de autobús que sale cada quince minutos.
Al margen de las zonas de costa, hay otros lugares en los que el tráfico está vigilado. Así ocurre, por ejemplo, en Asturias, donde desde 2004 hay un servicio de autobuses y taxis que cubre en los periodos de mayor afluencia turística la ruta entre la basílica de Covadonga y los lagos de Enol y de la Ercina en el Parque Nacional de Picos de Europa.
En Canarias no existen este tipo de conflictos, porque su turismo se reparte de manera más equitativa durante todo el año e incluso podría considerarse que su temporada alta es en invierno, cuando no tienen competencia en toda Europa.
Después de dos años seguidos con récords históricos de afluencia de turistas extranjeros, 2016 lleva camino de batir todos los registros, pero las autoridades canarias aseguran no haber tenido ningún tipo de problemas, ni de tráfico ni de agua.
Temor había en la Costa del Sol occidental tras el seco invierno, pero con las lluvias de la primavera hay reservas de agua suficiente, incluso mejores que el pasado año.
En la Comunidad Valenciana suele haber dificultades en el abastecimientos de localidades pequeñas, de menos de 1.000 habitantes, cercanas a la costa, porque en verano triplican su población y porque cuentan con pozos muy viejos, con apenas agua o de calidad muy mala.
Por eso, la Generalitat valenciana ha preparado un plan para mejorar las conducciones, los depósitos y los pozos de agua que abastecen a más de 40 municipios del norte e interior de Alicante y Castellón, e interior de Valencia, y la realización de nuevos sondeos, con un coste estimado de unos 25 millones de euros.