La mayoría conservadora del Tribunal Constitucional ha superado por el momento dos plenos en los que ha mantenido suspendida la reforma para desbloquear su propia renovación parcial. Dos plenos en los que los magistrados de este sector han impuesto su criterio por apenas un voto de diferencia, pero también sorteando y esquivando distintos recursos, alegaciones y recusaciones que habrían dejado en mayoría a los que apuestan por levantar las medidas cautelarísimas. Por el momento, entre las partes del pleito reina el desconcierto: el Constitucional no ha comunicado sus argumentos y algunos no saben, ni siquiera, lo que tienen que recurrir. Se han dictado, eso sí, en contra del criterio de la Fiscalía y del secretario general adjunto del propio pleno.
El Partido Popular presentó su recurso la semana pasada y el pleno celebró una primera reunión de urgencia el mismo jueves, retrasada hasta el lunes. Ya en ese primer pleno, los magistrados tuvieron varios debates encima de la mesa: si el recurso se admitía a trámite, si se imponían medidas urgentes sin preguntar a nadie más y también si dos magistrados conservadores se apartaban del caso por estar directamente afectados por la reforma. El presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez están los dos pendientes de renovación por parte del Gobierno, y sus sustitutos ya han sido designados.
Ese lunes llegó el primer regate del sector conservador porque ese día llegó también la primera recusación. Unidas Podemos pidió al pleno que estos dos magistrados se quedaran al margen de las deliberaciones. Las consecuencias eran claras: si los dos conservadores se apartaban, los progresistas quedaban en mayoría. Y los progresistas tenían claro que su apuesta era no imponer ningún tipo de medida cautelarísima y permitir que Congreso y Senado votaran la reforma.
Los conservadores salvaron ese primer punto de partido con un tecnicismo. El pleno aceptaba la personación del grupo parlamentario de Unidas Podemos, pero inadmitía su expediente de recusación porque, cuando fue presentado, ellos no estaban personados. Según la parte dispositiva del auto, “dichos coadyuvantes carecen en este momento procesal de legitimación para instar la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional, por no estar constituida la relación jurídico-procesal”.
Esa explicación técnica a por qué no se apartaban del pleno fue la última explicación de la que han tenido noticia las partes. Tan solo 48 horas después, el pleno volvía a reunirse de urgencia, esta vez a petición del Senado, y esta vez jugando en un campo distinto: la Fiscalía, correctamente personada en el proceso, pidió la recusación de González-Trevijano y de Narváez. Las razones no dejaban margen a la interpretación: el futuro profesional y personal de ambos estaba ligado a la reforma sobre la que tenían que decidir y, por la imagen de imparcialidad del tribunal, debían apartarse del pleno.
De este segundo regate ya no hay ni constancia documental. El contenido del primer auto imponiendo medidas cautelarísimas es, por el momento, desconocido, pero hacía alusión en su parte dispositiva a la “relación jurídico-procesal” fallida de Unidas Podemos. La segunda resolución, cuyo contenido se desconoce igualmente, no menciona la recusación de la Fiscalía. Y eso, según fuentes del Ministerio Público, tiene sus consecuencias: no saben qué hacer porque no saben lo que tienen que recurrir o los razonamientos que tienen que combatir.
Distintas fuentes del pleno inciden en lo mismo: que el sector conservador se negó a votar la recusación planteada por la Fiscalía. El asunto será tratado en los votos particulares del sector progresista pero el resultado es el conocido: González-Trevijano y Narváez esquivaron una recusación que parecía ineludible y que hubiera dejado en minoría a los conservadores. Ellos dos no podían votar sobre su propia recusación y eso dejaba tanto esa decisión como la decisión sobre las medidas cautelarísimas en manos de los progresistas.
La decisión se ha tomado ignorando, por ahora, la petición de la Fiscalía pero también contradiciendo la opinión de Juan Carlos Duque Villanueva. Secretario general adjunto del pleno del Tribunal Constitucional desde hace una década y letrado en el tribunal de garantías desde 1989, Duque emitió un informe en el que reconocía que el recurso del grupo parlamentario popular merecía ser admitido a trámite.
Según este informe, la falta de correspondencia entre el contenido de las enmiendas y el objeto general de la reforma es “patente y evidente”, pero mostraba sus dudas sobre las medidas cautelarísimas. “Suscita dudas”, decía este informe orillado por la mayoría conservadora. Dudas porque supone dar la razón de forma anticipada al PP, algo que la doctrina del Constitucional ha rechazado de manera constante en los últimos años. Por contra, dice este informe, no haber adoptado cautelarísimas no habría tenido efectos irreversibles para el PP: “Una eventual estimación de la demanda permitiría reconocer la vulneración del derecho fundamental vulnerado, aunque fuera con efectos meramente declarativos”.
Un rechazo de este letrado del Constitucional en la línea de lo expresado también por la Fiscalía. El Ministerio Público considera que la cautelarísima se impuso de manera prematura, sin ningún tipo de antecedente en el que fijarse y anticipando el criterio del tribunal sobre el fondo del asunto. A su favor, por el momento y al margen del recurso del PP, solo hay un informe de otro letrado adscrito a Enrique Arnaldo, el ponente del caso, cuyo contenido es por ahora desconocido.
La reforma y la renovación, suspendidas
Por el momento, el sector conservador y mayoritario del Tribunal Constitucional tampoco ha aportado muchos más datos sobre sus otras decisiones: la admisión a trámite del recurso del PP y la imposición y confirmación de las medidas cautelarísimas. Fuentes del tribunal de garantías explican a elDiario.es que los autos completos y los votos particulares serán públicos en los próximos días, pero por el momento hay más información en los comunicados del tribunal que en las partes dispositivas de sus resoluciones.
Nada sobre la razón por la que se adoptan las cautelares, y un párrafo para explicar por qué se admite a trámite el recurso: la vulneración que denuncia el PP “no carece prima facie de verosimilitud”, la cuestión es de “relevante y general repercusión social” y tiene “unas consecuencias políticas generales”. Nada sobre el motivo que lleva a seis miembros del pleno a paralizar, de forma inédita, la tramitación de una ley en la cámara alta.
El resultado es que la parálisis a la renovación del Tribunal Constitucional se mantiene en pie en todos sus frentes. Se mantiene en el Consejo General del Poder Judicial, donde el sector conservador que bloquea el proceso se niega a aceptar al candidato de los progresistas, José Manuel Bandrés, y este mismo jueves han propuesto una candidata alternativa, María Luisa Segoviano.
La iniciativa legal del Gobierno para deshacer ese bloqueo también permanece suspendida en el Senado. Y la negativa del propio Constitucional a reconocer y dar la bienvenida a los dos candidatos nombrados por el ejecutivo también sigue en pie. Este miércoles su presidente, Pedro González-Trevijano, anunció, en contra de lo que había dicho hasta el momento, que no convocará el pleno protocolario para dar el plácet a los dos candidatos del Ejecutivo, la catedrática Laura Díez y el exministro Juan Carlos Campo, hasta que el Poder Judicial no proponga a sus dos candidatos. El bloqueo arranca en el Consejo General del Poder Judicial y se consagra, finalmente, en el propio Tribunal Constitucional.