Pedro Sánchez se resiste a dar las llaves de Ferraz a quienes esta vez, sin tapujos, le quieren echar. Los críticos recibieron el primer revés con el anuncio de unas primarias y un congreso exprés para revisar el liderazgo del PSOE. Sánchez y sus afines han recibido el segundo: la dimisión de 17 miembros de su Ejecutiva con el objetivo de descabalgarle de la Secretaría General.
Ahora se enzarzan también en una batalla legal en la que los primeros creen que Sánchez ya no tiene el mando y los segundos sostienen que pueden quedarse al frente para convocar un congreso extraordinario que decida un nuevo liderazgo y una nueva dirección.
La maniobra de Sánchez, tras la presentación de las 17 renuncias de los miembros de la Ejecutiva Federal, ha sido precisamente convocar ese órgano para lo que entienden que es el siguiente paso legítimo: convocar un Comité Federal que, a su vez, ponga fecha al congreso en el que se restaure el normal funcionamiento del partido.
Pero esa decisión encuentra la primera barrera: el reglamento que rige el funcionamiento de la Ejecutiva Federal establece que está “debidamente constituida” cuando están la mitad más uno de sus miembros. César Luena ha admitido que esa maniobra le lleva a “disolver” el órgano, porque entiende que se han marchado, en total, la mitad más uno de los integrantes –hoy han sido 17 pero hay otras tres vacantes, dos dimitidos desde 2014 y el fallecimiento de Pedro Zerolo. Siguiendo ese criterio, la Ejecutiva Federal no tiene quorum suficiente para tomar decisiones.
Ese es el argumento que esgrimen los críticos. “Se cumple uno de los requisitos fijados en la ley del PSOE, que son sus estatutos y sus reglamentos, para que se disuelva la Ejecutiva Federal –ha expresado el hasta hoy secretario de Política Federal, Antonio Pradas–. Ni la Ejecutiva está ahora mismo legitimada, porque los estatutos establecen que si se produce una baja de la mitad más uno queda disuelta”.
Lo cierto es que la normativa interna no prevé cuál es el mecanismo directo para pilotar el PSOE ante la situación inédita que de que renuncie el 51% de la Ejecutiva. Los dimisionarios consideran que la Comisión de Ética y Garantías es la que debe definir los próximos pasos. “Está dispuesta a reunirse”, ha asegurado Pradas.
Al menos tres de sus cinco integrantes son afines al sector crítico. Está presidida por María Isabel Celáa, que formó parte del Gobierno de Patxi López. Tres de los vocales son cercanos a los barones críticos. Inés Ayala es eurodiputada aragonesa próxima a Javier Lambán. María Jesús Montero Cuadrado es consejera del Gobierno de Susana Díaz. Wilfredo Jurado fue concejal en Parla con Tomás Gómez. El otro integrante es Félix Bolaños, letrado del Banco de España que jugó un papel importante en el lanzamiento de la candidatura de Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE.
Los críticos sostienen que es la Comisión de Garantías la que debe “interpretar” las normas del partido para dar salida a la confrontación.
Los inquilinos de Ferraz defienden que la Ejecutiva Federal es la que tiene la potestad de disolverse. “Tal como dicta el artículo 68 de la Normativa Reguladora de la Estructura General del Partido, el único órgano competente para disolver cualquier órgano del PSOE es exclusivamente la Ejecutiva Federal”, ha leído Luena. Para los críticos, ese argumento solo es válido para órganos inferiores, como las direcciones regionales o las agrupaciones locales.
Lo que pretende Sánchez es mantener la convocatoria del Comité Federal tras la reunión de la Ejecutiva con un propósito (que es el mismo que ha desatado la guerra total): convocar un congreso para nombrar un nuevo líder. Luena se ha basado en un artículo del reglamento de ese órgano interno, que establece que “cuando las vacantes en la Ejecutiva Federal afecten a la Secretaría General, o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Federal debatirá convocar un Congreso extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal”.
El plan de los críticos pasa por otra salida: reunir al Comité Federal para nombrar una dirección interina. Consideran que ese órgano puede convocarlo la Comisión de Garantías o la presidenta del Comité Federal, que es la mano derecha de la presidenta andaluza. Verónica Pérez tiene previsto hablar este jueves con los integrantes de la mesa del Comité Federal, Rodolfo Ares y Nuria Martín, para apelar a la Comisión de Garantías y una reunión del propio Comité Federal, que es el máximo órgano de dirección del PSOE. También pueden convocarlo sus propios miembros si así lo pide un tercio de ellos.
Consideran que sería ese cónclave el que podría colocar una “comisión política” que pilote el PSOE en este proceso de interinidad. Sería una salida como la que dieron los dirigentes territoriales a la dimisión de Joaquín Almunia tras su hundimiento electoral en el año 2000. En ese momento Manuel Chaves se hizo cargo. Ahora los críticos miran al presidente asturiano, Javier Fernández.
En Ferraz entienden que no es la misma situación y que la salida en masa de los dirigentes no conlleva la destitución directa del secretario general.
La intención de Sánchez es convocar un congreso y presentarse a las primarias para que los militantes le revaliden en el puesto. Así lo ha reconocido este mismo miércoles a eldiario.es, cuando los críticos, encabezados por Andalucía, ya tenían en su poder las firmas con las que buscaban apartarle.