Pedro Sánchez ha decidido cortar una parte de ese hilo conservador que une al PP con el Poder Judicial y a este con el Tribunal Constitucional. El alineamiento de voluntades que había permitido hasta ahora un bloqueo inédito de las instituciones se rompe con un cambio de mayorías para la renovación de cuatro magistrados del tribunal de garantías y la amenaza de consecuencias penales a los vocales que lo torpedeen.
El golpe en la mesa del Gobierno se produce con el mandato de esos cuatro magistrados del Constitucional caducado desde hace seis meses, con nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impidiendo la renovación del tribunal cada semana con una excusa diferente y ahora con dos candidatos propuestos por el Gobierno esperando a ser ratificados.
El bloqueo es una extensión del que mantiene el PP sobre el Poder Judicial, en funciones desde hace cuatro años, y que tanto Pablo Casado como Alberto Núñez Feijóo se han negado a renovar con distintas excusas, pero tras las que subyace la posición de quienes están más a la derecha en el partido y en la cúpula judicial, que se niegan a que haya una mayoría progresista en el CGPJ. Es la actual, la conservadora, la que impide desde hace meses la renovación del tribunal de garantías.
El Ejecutivo lleva meses tratando de paliar la situación del Constitucional con distintos movimientos, sin que ninguno haya servido para deshacer el bloqueo. Ni el plazo que se impuso al Poder Judicial, que caducó hace tres meses, ni el enésimo intento de renovar el CGPJ con el PP para desalojar a los vocales díscolos, ni por último el nombramiento de los dos candidatos que le corresponden al Gobierno.
Ante la constatación de que ninguna de esas acciones ha funcionado, y con el convencimiento de que lo que está ocurriendo con el Tribunal Constitucional es “radicalmente antidemocrático”, el Gobierno ya apuntó el martes pasado que estudiaba la forma de proceder, de una vez por todas, a la renovación de los cuatro magistrados.
Las intenciones del Ejecutivo se han materializado en una serie de enmiendas a la reforma del Código Penal que cambian las mayorías necesarias para los nombramientos, establecen plazos estrictos y amenazan con consecuencias penales. Se tramitarán junto a las modificaciones del delito de sedición y el de malversación, propuesto por ERC, y que rebaja las penas de ambos, en lo que el PP ha tildado de ataque al Estado de derecho y Vox y Ciudadanos han asemejado a un golpe de Estado.
Un castigo penal a las dilaciones
Es el último punto de las modificaciones el que refleja la determinación del Gobierno en este asunto, que por primera vez avisa a los vocales conservadores que bloquean la renovación de que pueden “incurrir en responsabilidades de todo orden, incluida la penal”. Esto es, que podrían enfrentarse a una acusación por prevaricación si incumplen la ley “culposa o dolosamente”, como recogen las enmiendas presentadas en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos.
Esa modificación de la actual ley del Poder Judicial se justifica, según el Gobierno, en que los vocales llevan meses dilatando el nombramiento de sus candidatos al Constitucional sin que se les pueda forzar a hacerlo: “Transcurrido el plazo legalmente dispuesto sin haber procedido a efectuar dichas designaciones, nada impide que estas se dilaten sine die”, recoge la justificación de las enmiendas.
El mandato de cuatro magistrados del Constitucional –un tercio de los que integran el tribunal– caducó el pasado 13 de junio. Dos debe renovarlos el Gobierno, presentando a sus candidatos. Los otros dos tienen que salir del CGPJ, de un acuerdo entre los dos sectores, conservador y progresista, para que cada uno proponga un nombre.
En verano el Gobierno modificó la ley para establecer un plazo de tres meses para que los vocales se pusieran de acuerdo. Pero el 13 de septiembre se cumplió sin apenas avances, y desde entonces, la situación no ha cambiado mucho. Detrás de esta maniobra está el núcleo duro del sector de vocales elegidos a propuesta el PP, que han desplegado un arsenal de excusas para rechazar un acuerdo con el resto de consejeros.
En tres meses de negociaciones frustradas ni siquiera han puesto formalmente nombres encima de la mesa. Durante las primeras semanas alegaron que ningún magistrado les había manifestado su interés en ocupar alguna de las dos plazas, además de negar la “urgencia” de los nombramientos. Después se escudaron en la “repercusión” que estos nombramientos pueden tener en el Supremo, la visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, o la dimisión de Carlos Lesmes como presidente para dilatar las designaciones. Cada semana una razón distinta para no avanzar.
El último movimiento que hizo saltar los puentes entre ambos bloques fue el rechazo de los conservadores a aceptar al candidato que los progresistas pactaron hace un mes mediante votación interna: el juez del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. Los vocales elegidos a propuesta del PP han elevado, de facto, un veto a Bandrés y quieren que los progresistas pongan otros nombres encima de la mesa. Estos últimos consideran que el sistema elegido para nombrar a los candidatos no permite vetos cruzados y se niegan a retirar el nombre de Bandrés.
Sin visto bueno a los candidatos del Gobierno
Al constatar que los plazos legales establecidos no habían tenido ningún efecto, el Gobierno llevó a cabo el pasado 29 de noviembre otro movimiento. Decidió nombrar directamente a sus dos candidatos sin esperar al CGPJ: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general en la Moncloa Laura Díez. La renovación tendrá como consecuencia, si se lleva a cabo, la inversión de las proporciones dentro del pleno del tribunal de garantías. La salida de dos magistrados conservadores como Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez para dar entrada a dos de perfil progresista desembocará en una mayoría progresista que el Constitucional no vive desde hace más de una década.
Pero con el nombramiento del Gobierno ha llegado también el siguiente escollo: el Tribunal Constitucional no ha facilitado, por el momento, su incorporación. Tres magistrados progresistas —Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez— solicitaron “verbalmente” en un pleno celebrado el 30 de noviembre que se convocara con carácter inmediato una sesión extraordinaria para llevar a cabo el examen de idoneidad de estos candidatos y darles el plácet que exige la ley, un trámite que consiste en verificar si cumplen con los requisitos exigidos por la ley.
El presidente del tribunal, el conservador Pedro González-Trevijano, rechazó su petición. Aunque no hubo una votación como tal, sí “pulsó” la opinión de los miembros del pleno, señalan fuentes del Constitucional. Los otros ocho magistrados —seis conservadores y dos progresistas— no respaldaron la convocatoria inmediata. Las fuentes consultadas afirman que González-Trevijano se comprometió a convocar esa reunión en cuanto conociera la decisión que tome el CGPJ sobre los otros dos magistrados, en un pleno que estaba convocado inicialmente para el 22 de diciembre.
Tras el movimiento de González-Trevijano subyace la posición mayoritaria del sector conservador, cuyos miembros consideran que el tribunal no debería dar el plácet a los dos magistrados que ha elegido el Gobierno si no llegan acompañados de los otros dos que tiene que elegir el CGPJ. De esta forma, se está prolongando la mayoría conservadora del tribunal que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto o la eutanasia.
Un pleno forzado por los conservadores
El escenario dio un vuelco este viernes tras hacerse pública la propuesta de cambio legal del Gobierno. Estos nueve vocales solicitaron la convocatoria “urgente” de un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al órgano de gobierno de los jueces que han boicoteado durante los tres últimos meses. Su objetivo es que ese pleno se convoque antes de que entre en vigor la reforma. El reglamento del CGPJ establece que basta con que el presidente lo decida o cinco vocales lo pidan para que haya que convocar un pleno en los tres días siguientes a la solicitud.
La celebración de un pleno no garantiza, en ningún caso, que los nombramientos salgan adelante. Las negociaciones entre ambos bloques están estancadas y fuentes de ambos sectores afirman que no hay “ninguna garantía” de que algún candidato pueda reunir el respaldo de 11 de los 18 miembros del pleno, que es la mayoría cualificada que exige la ley actual. Pero el argumento de los conservadores para forzar esa sesión extraordinaria es que la reforma “violenta” el precepto constitucional que dice que el CGPJ tiene que elegir a dos candidatos al prever que cada vocal sólo pueda elegir a un aspirante. Y que su objetivo con este pleno es “poner de manifiesto” quiénes son sus dos candidatos. Unos nombres que, por el momento, siguen sin desvelar.
El cambio legal del Gobierno contempla que sean elegidos los dos magistrados que obtengan un mayor número de votos y que cada vocal sólo pueda votar a un candidato. Los conservadores consideran que este sistema garantizará que los candidatos de preferencia de cada bloque resulten elegidos. Y que, en consecuencia, los progresistas verían cumplido su objetivo de llevar al Constitucional al juez del Tribunal Supremo, José Manuel Bandrés. Fuentes del bloque conservador no dudan en referirse a este magistrado, que acumula una dilatada trayectoria jurídica y nunca ha ocupado cargos políticos, como “el candidato del Gobierno”. De hecho, se refieren a la propuesta de los grupos que sustentan al Ejecutivo como “la enmienda Bandrés”.
Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos provocaron este viernes reacciones encontradas en el CGPJ. Mientras en el mayoritario bloque conservador consideran que es una reforma “ilegítima”, en el minoritario sector progresista entienden que son la consecuencia de un “incumplimiento flagrante e injustificado” por parte de los vocales elegidos a propuesta del PP. “Tener que llegar a tocar el Código Penal, que es el mayor instrumento represivo del Estado, da cuenta de lo dramático e injustificado del comportamiento”, sostiene un miembro de este bloque. “Los conservadores estaban retorciendo a tal nivel la ley que la estaban haciendo inoperante y el Parlamento tiene que defenderse de una situación de pseudogolpismo”, sentencia otro vocal progresista. Los miembros de ambos bloques están ahora a la expectativa de lo que pueda pasar en el pleno extraordinario que, como tarde, se celebrará el próximo miércoles.