El inspector jefe que investigaba el caso Gürtel y continúa con el de la caja B, Manuel Morocho, ha ofrecido este martes al magistrado que instruye Kitchen el relato pormenorizado de qué mandos policiales, altos e intermedios, intentaron sabotear su trabajo en las causas judiciales más graves de la historia del Partido Popular, las mismas que a la postre provocaron que la formación de Mariano Rajoy perdiera el Gobierno.
Todos esos mandos actuaron durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, el político al que Morocho ha señalado al frente de los intentos por apartarle de la investigación durante su declaración como testigo en la pieza que investiga el espionaje a Luis Bárcenas.
Lo que sigue es un repaso por el testimonio del inspector jefe Manuel Morocho a través de los seis nombres de mandos policiales más relevantes mencionados durante más de dos horas. La declaración del policía se retomará el viernes.
José Luis Olivera. El comisario trabaja en la actualidad para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Fue jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde su creación por el Gobierno de Zapatero hasta 2013, cuando con Mariano Rajoy ya en La Moncloa pasó a director del Centro de Investigación contra el Crimen Organizado (CICO), puesto que fue ampliando sus atribuciones hasta conseguir también la competencia de la coordinación antiterrorista.
El salto de un Gobierno a otro por parte de Olivera es uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la Policía. Este martes, Morocho ha puesto en conocimiento del juez, según testigos presentes en su declaración, algunas de sus claves. El policía ha dicho que su jefe en la UDEF se guardó una copia de un informe secreto sobre la corrupción del PP en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid) “por si lo necesitaba para negociar su posición”.
Morocho ha denunciado también que otro informe sobre Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo y marido de la que después sería ministra de Sanidad Ana Mato, se concluyó en enero de 2011 pero que no fue entregado al juzgado hasta 2012 porque Olivera lo paró.
El PP terminó ganando las elecciones y Olivera, que esperaba ser defenestrado, acabó como director del CICO. Según Morocho, la elección de Fernández Díaz resultó fundamental porque el comisario era “amigo personal del ministro por razones familiares”.
La salida de Olivera de la UDEF no lo apartó totalmente de la investigación. El comisario seguía llamando a su anterior subordinado, Morocho, para requerirle información. El policía que investigaba la caja B cree que utilizaba también a otros mandos suyos para obtener los detalles.
Morocho ha relatado cómo Olivera le ofreció un puesto en la Lisboa en junio de 2013, el mismo mes en que Bárcenas confesó la financiación irregular del PP, y que en medio de la conversación le sonó el móvil y el comisario le hizo ver que era el mismo Fernández Díaz interesándose por su respuesta. Ante la negativa de Morocho, Olivera siguió haciéndole ofertas para destinos bien remunerados en el extranjero que el entones inspector rechazó. Olivera no está imputado en el caso Villarejo ni siquiera ha sido llamado como testigo.
En las agendas de Villarejo aparecen dos anotaciones sobre el ofrecimiento para apartar a Morocho de la investigación por las que se ha interesado el juez. “Aviso problemas ultimo inf MOROC” (30 de abril de 2014), “Hablar sobre Morocho transmitir presión” (31 de enero de 2014). Antes, el 16 de junio de 2013, en fechas próximas a la conversación relatada por Morocho, Villarejo escribe: “MOROCHO-LISBOA”.
José García Losada. Ya jubilado, era comisario general de Policía Judicial, la estructura a la que pertenecía la UDEF. Fue destituido en octubre de 2013 por no ser capaz, o negarse, a parar los informes de Morocho contra el Partido Popular. Este hecho, nunca reconocido por aquel Gobierno, había situado a Losada como ajeno a las maniobras contra el policía que investigaba al PP.
Sin embargo, Morocho ha dicho al juez García-Castellón que Losada le conminaba a que no se refiriera en sus informes a una caja B del PP sino únicamente a unos papeles de Luis Bárcenas y que, cuando se negaba, le recriminaba que no fuera capaz de entrar en razón.
Manuel Vázquez. Comisario jubilado, sustituyó a Olivera al frente de la UDEF. Según Morocho, Vázquez no quería que se cursara la comisión rogatoria a Suiza que terminó desvelando la fortuna de Bárcenas en Suiza porque era agosto, pero que el empeño de la Fiscalía y el juez Ruz lograron sortear su oposición.
Vázquez fue el comisario que instó a Morocho a quitar el nombre de Ignacio López del Hierro de un informe sobe la caja B, en la que el empresario aparecía como donante del PP bajo los apuntes de “López Hierro” y “López H”. A Vázquez no le parecía suficiente para nombrarlo a nivel indiciario.
Manuel Vázquez telefoneó a magistrados del Tribunal Supremo para que valoraran el pseudoinforme PISA contra Podemos, elaborado por la brigada política, que había aportado Manos Limpias en una querella contra Pablo Iglesias e Iñigo Errejón. Fue recompensado en sus últimos años en activo con la Jefatura Superior de Galicia, tierra natal del comisario.
José Manuel Álvarez Luna. De confirmarse, la denuncia de Morocho retrataría una forma de actuar en el seno de la Policía, al servicio de los mandos y el partido en el poder, con independencia de quiénes sean éstos. El inspector jefe Luna formó parte de la “camarilla” que según Francisco Álvarez Cascos habría fabricado pruebas contra el PP en el caso Gürtel, cuya sentencia de la Audiencia Nacional ya ha ratificado el Tribunal Supremo. Y después, en tiempos del PP, Luna habría intentando aminorar el daño que el caso de la caja B pudiera hacer al nuevo partido en el Gobierno.
Según ha dicho Morocho al juez, el inspector jefe Luna intentaba “censurar” sus informes añadiendo un “texto alternativo”. Álvarez Luna continúa en activo como jefe de sección en la Brigada Anticorrupción de la UDEF, es decir, que el actual Gobierno le ha mantenido en su puesto, al igual que ha hecho con el propio jefe de la UDEF, Fernando Moré, quien procede de la época del ministro Zoido.
Andrés Gómez Gordo. La investigación del caso Villarejo ha puesto al descubierto el verdadero papel del que fuera asesor de Cospedal en Castilla-La Mancha. Sin embargo, Morocho ha revelado dos datos nuevos en su declaración ante el juez. Gómez Gordo recibía todos los informes que el policía de Gürtel y caja B realizaba, sin tener funciones para ello. Por otra parte, el jefe de la brigada política, Eugenio Pino, intentó introducirlo en el reducido grupo de policías que trabajaban con Morocho, a lo que éste se negó taxativamente.
Esto se produjo cuando Gómez Gordo regresó al servicio activo para controlar al chófer de Bárcenas, según ha revelado la investigación. Pino terminó por ubicarle como jefe de Vigilancias de la UDEF y le dejó compaginar ese puesto con trabajos parapolicales en la Dirección Adjunta Operativa. Gómez Gordo es actualmente comisario jefe del distrito madrileño de Villa de Vallecas.
Pedro Agudo. El comisario, ascendido por el actual Gobierno, fue jefe de Gabinete de Ignacio Cosidó, pero antes ya era un policía muy próximo al PP. Tanto que, según Morocho, enviaba mensajes a la UDEF, y a él mismo, a través de terceros con todos los cambios que se iban a producir cuando Mariano Rajoy ganara las elecciones de finales de 2012.
Agudo fue destinado a Roma después de verse envuelto en una polémica por la agencia de preparación de oposiciones que regenta su mujer y en la capital italiana conoció al juez de los casos Villarejo y Kitchen, Manuel García-Castellón. Conocedor de esta circunstancia, Francisco Martínez recurre a él para que interceda ante el juez, según consta en el teléfono incautado al número dos de Interior.