El Senado lleva desde finales del mes de marzo de 2016 sin hacer públicos los gastos derivados de los viajes efectuados por España de sus 266 senadores, tal y como se comprometió hace tres años. La Cámara Alta, que preside Pío García-Escudero, del PP, decidió dar a conocer estos datos en 2014 en cumplimiento de la ley de Transparencia, pero sobre todo a raíz de la polémica por el pago de los numerosos viajes a Canarias realizados por el expresidente extremeño, José Antonio Monago, cuando era senador del PP por designación de la Asamblea de Extremadura.
Los últimos datos subidos a la página web corresponden al primer trimestre. El montante de la facturación por esos desplazamientos asciende a 510.257 euros en enero, febrero y marzo. La facturación total de este período se eleva a 608.461 euros, una vez reflejados los gastos de gestión, cancelación y cambio de billetes, así como los billetes comprados pendientes de utilización.
Aquí termina toda la información relativa a 2016. Fuentes de la Cámara justifican este retraso al no haber recibido los datos que deben facilitar los grupos parlamentarios, con la facturación de la agencia de viajes. También explican que al haber habido periodos sin actividad, con motivo de los paréntesis electorales, durante algunos meses no se han realizado viajes.
En 2015 el Senado gastó en desplazamientos 2.514.811 euros.
Mientras tanto, el Congreso ha dado ejemplo haciendo públicos los gastos de cada trimestre relativos a los desplazamientos por el territorio nacional realizados por los diputados en el desempeño de su cargo. Viajes que no han cesado ni en los meses de menor o nula actividad parlamentaria.
Las dos cámaras cubren los gastos de los parlamentarios en cualquier medio de transporte, así como la gasolina de quien use coche, a razón de 0,25 euros por kilómetro, además del coste derivado por dejar el vehículo en un aparcamiento.
Los viajes deben estar justificados y autorizados por los portavoces de cada grupo y realizarse exclusivamente con fines de trabajo o por representación institucional.
Los datos que se publican en las web no están desglosados por lo que se desconoce lo que gasta cada grupo político. Tampoco se sabe lo que corresponde a cada senador o diputado, ni los destinos de los desplazamientos.
Además, las dos Cámaras ponen a disposición de todos ellos una tarjeta-monedero con un máximo de 3.000 euros anuales para taxis que no tienen que justificar. Estas tarjeta son personales e intransferibles y pueden ser utilizadas “todos los días del año, las 24 horas del día”. Pero es imposible comprobar que estas condiciones se cumplen.
En agosto del año pasado los senadores se gastaron más de 16.000 euros en taxis en los meses que la Cámara estuvo sin actividad, según El Mundo.