La sentencia cayó este lunes como una bomba en plena toma posesión de Félix Bolaños como ministro de Justicia. Un varapalo con pocos precedentes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que asistía al traspaso de carteras en el Palacio de Parcent, por ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. La resolución llega, además, en un momento delicado para García Ortiz, pendiente de saber si sigue o no en el cargo tras la llegada del nuevo Gobierno.
El Supremo se basa, sobre todo, en la propia exposición que hizo el fiscal general ante el Consejo Fiscal para proponer al Consejo de Ministros el ascenso de Delgado: que una fiscal general no debería retornar a la carrera en una categoría inferior a la más alta. Una promoción que no existe en la ley pero que para él, afirmó entonces, era una “prioridad” en su gestión. Los jueces reprochan que su voluntad fuera explícita: “Asegurar la promoción a la máxima categoría a quien había ocupado la jefatura de todo el Ministerio Fiscal sin tener la categoría de Fiscal de Sala”, algo que destacan no está previsto en la ley.
La sala de lo contencioso-administrativo considera que la motivación del fiscal general para firmar el ascenso no se corresponde con ningún precepto legal y, sin decirlo abiertamente, dibuja un escenario en el que la propia Dolores Delgado cocinó el nacimiento de una plaza a la que luego se presentó y que le fue otorgada por otro fiscal general, su sucesor, de su máxima confianza. Les unía, destaca también el Supremo, una “estrecha relación de confianza”.
El Tribunal Supremo ya ha anulado nombramientos discrecionales con acusaciones y términos que no han sentado muy bien en los organismos afectados, como ha pasado en ocasiones en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y esta resolución no ha sido una excepción. En el Ministerio Público ha sorprendido, más allá del fallo, que la sentencia no tenga en cuenta los mayores méritos que, consideran, tiene Delgado para estar en ese puesto, así como el tono utilizado para cimentar algunos razonamientos.
La resolución fue notificada y conocida este lunes en el mismo momento en que Félix Bolaños cogía la cartera de ministro de Justicia de manos de Pilar Llop con el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, entre el público del Palacio de Parcent de Madrid. También llegó, a nivel general, en un momento en que el fiscal general no sabe si seguirá en su puesto dentro de unos días.
El fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el rey pero a propuesta del Gobierno después de recabar los informes no vinculantes del Consejo General del Poder Judicial y del Congreso. Será por tanto en las próximas semanas cuando el nuevo ejecutivo anuncie si el jurista, especialista en medioambiente y que llevó las riendas de la acusación en el juicio por el desastre del Prestige, sigue al frente del Ministerio Público.
Algunos fiscales generales han sido ascendidos a la máxima categoría tras abandonar la cúpula del Ministerio Público, aunque no inmediatamente después, como el caso de María José Segarra. En abril de 2022 la carrera fiscal se levantó en armas contra la intención del PSOE regular los supuestos en los que la Fiscalía debe proporcionar información al Gobierno. Con la muerte de esa enmienda parlamentaria de los socialistas a la Ley Concursal murió también la propuesta de que un fiscal general ascienda a la máxima categoría tras cesar. El PSOE alegó que era una recomendación del Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) para evitar presiones al fiscal general del Estado y garantizar una “salida digna”.
La posible reelección de García Ortiz como fiscal general llega en un momento convulso dentro de la carrera fiscal no solo por los nombramientos sino por la ley de amnistía. En contra de lo que solicitaban algunos sectores conservadores del Ministerio Público, el fiscal general rechazó pronunciarse sobre esta norma antes de conocerla “en su literalidad”, al contrario de lo que había hecho prácticamente todo el poder judicial, desde los tribunales hasta su órgano de gobierno. Tampoco quiso salir al paso de las menciones al 'lawfare' en el acuerdo del PSOE y Junts, tal y como le pidieron los cuatro fiscales que impulsaron sin éxito la acusación de rebelión en el procés. Este mismo martes casi toda la plantilla de fiscales de lo penal del Supremo le exigía una respuesta pública.
El futuro de Dolores Delgado
La sentencia, explican fuentes de la Fiscalía, no solo llega en mal momento para el actual fiscal general, sino que proyecta su sombra sobre el futuro de Dolores Delgado. Nombrada posteriormente fiscal de sala de Memoria Democrática, la exministra no tiene que hacer las maletas y volver a la Audiencia Nacional donde trabajó durante décadas antes de ser ascendida, pero su caso todavía no está cerrado: el mismo Supremo tiene que resolver otro recurso contra su actual nombramiento.
Delgado fue ascendida a fiscal de sala togada en septiembre de 2022 pero posteriormente, en junio de este año, fue nombrada fiscal de Memoria Democrática, departamento desde el que interviene, por ejemplo, en la causa que investiga las torturas policiales del franquismo denunciadas por Julio Pacheco en un juzgado de Madrid.
Ese nombramiento también está pendiente del Tribunal Supremo tras ser recurrido tanto por la Asociación de Fiscales como por el otro aspirante, Luis Ibáñez. Un fiscal que, tal y como reveló este periódico, ha cargado contra la norma de Memoria Democrática que aspira a aplicar, afirmando que es algo que “resulta indiferente a la mayoría del cuerpo social”, prometiendo una aplicación “aséptica” y apuntando al “cariz” ideológico de la norma.
Este segundo nombramiento también contó con la oposición de la facción conservadora y mayoritaria del Consejo Fiscal, que es un órgano consultivo y sus dictámenes o votaciones no son vinculantes en este tipo de nombramientos. Los progresistas se quedaron en minoría después de las últimas elecciones.
Varios nombramientos anulados
En los últimos dos años, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo –cuyos miembros son designados por el Consejo General del Poder Judicial– ha anulado varios nombramientos discrecionales, procedentes tanto de la Fiscalía como del órgano de gobierno de los jueces, con fuertes críticas a algunos de estos procesos de designación. Las expresiones gruesas contra estas decisiones, por tanto, no son nuevas en las resoluciones del Supremo aunque pocas veces han sido tan duras.
Uno de los más polémicos fue firmado por la propia Dolores Delgado: el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores. Una primera sentencia de 2022 anuló su designación, la Fiscalía repitió el procedimiento y una segunda sentencia volvió a anularlo: los jueces llegaron a afirmar que Esteban no cumplía con las “exigencias mínimas” para el puesto.
En estas resoluciones surgió la voz discordante de la magistrada Pilar Teso, que criticó que la sala tercera condicionase con sus decisiones los nombramientos de organismos autónomos como la Fiscalía. En un voto particular, Teso denunció que “lo que en realidad se evidencia es una disconformidad por parte de la Sala con las razones del nombramiento”. Esta magistrada no ha participado en las deliberaciones del caso de Delgado.
Otra sentencia de finales de 2022 supuso un varapalo de calado a la dinámica de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces anularon la designación de Antonio García como magistrado de la sala de lo civil al entender que los vocales habían excluido sin razón a otros cinco candidatos de las ternas.
Un año y medio antes, el mismo tribunal anuló dos nombramientos del Consejo en la sala de lo militar por diversas infracciones cometidas por el CGPJ, ya caducado entonces, a lo largo de ambos procesos. La sentencia fue dura y no cayó bien en el Consejo a hablar de “una amigable componenda” entre vocales y candidatos.