El PP pierde el poder con sus interferencias en los tribunales anuladas por la sentencia de Gürtel
La Ley dice que las deliberaciones de un tribunal son secretas, pero el voto particular de la sentencia del caso Gürtel desvela quiénes son los autores de los pasajes que hacen referencia a la financiación irregular del Partido Popular, párrafos sobre los que se levantó la moción de censura del PSOE y que a la postre han supuesto el final del Gobierno de Mariano Rajoy. En ese voto discrepante, el magistrado Ángel Hurtado se opone a las referencias que sus dos compañeros del tribunal, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, hacen de la caja B del PP en el apartado de hechos probados de la sentencia.
A estos tres magistrados correspondió juzgar el caso Gürtel, e iban a hacer lo propio con la pieza separada de la caja B, después de que fueran apartados del tribunal original Concepción Espejel y Enrique López por ser demasiado próximos al partido de Mariano Rajoy. El Consejo General del Poder Judicial, con mayoría de vocales propuestos por el PP, ha ascendido a los dos con posterioridad. A “querida Concha” (como se refirió María Dolores de Cospedal a Espejel públicamente en 2014) le encomendó presidir la Sala de lo Penal, la misma que había decidido que no podía juzgar un caso que afecta al PP. El ascenso de Espejel desató una serie de cambios, aparentemente reglamentarios, que derivaron en una nueva modificación del tribunal que iba a juzgar la caja B.
Esos cambios implicaban que el magistrado Julio de Diego ya no se sentaría en el tribunal de la caja B. De talante conservador, este juez había acordado con el progresista José Ricardo de Prada que Mariano Rajoy y la plana mayor de Aznar declararan en el juicio de Gürtel, decisición adoptada con la oposición de Ángel Hurtado. La salida de De Diego, por tanto, alejaba la posibilidad de que Rajoy volviera a ser llamado a declarar en el juicio de la caja B, con más argumentos aún de cuando fue requerido para el de Gürtel.
Y cuando parecía que Julio de Diego y José Ricardo de Prada no iban a poder acordar nada más que aludiera a la caja B del PP, llegó la sentencia del caso Gürtel. La coincidencia entre ellos motivó que el juez Hurtado renunciara a ser el ponente de la misma por estar enfrentado al criterio de sus dos compañeros. Entre los motivos, su negativa a condenar al PP en concepto de responsable civil a título lucrativo y a la inclusión de referencias a su financiación irregular. De Prada y De Diego argumentan, por su parte, que son necesarias para dar “contexto”. Los tres están de acuerdo en condenar a Luis Bárcenas por apropiación indebida de fondos pertenecientes a esa caja B.
De Prada y De Diego habían recurrido sin éxito los cambios en las normas de reparto que sacaron al segundo del tribunal de la caja B, pero la sentencia de Gürtel les ha permitido dejar por escrito afirmaciones como que parte de los fondos de Gürtel “sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada ”Caja B“ del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989”. También dan por probados los “sobresueldos” a sus dirigentes o consideran que los relevantes testigos del PP que hicieron llamar al juicio, con Mariano Rajoy a la cabeza, ofrecieron testimonios sin “credibilidad”.
Frente a ello, el juez Hurtado asegura en su voto particular que “no era necesario introducir los referidos pasajes porque, estando encartado el PP como partícipe a título lucrativo, hay que partir de su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los mismos”. Argumenta que si a alguien se le juzga como responsable civil es porque no hay ninguna implicación penal en su actuación y, por tanto, “su responsabilidad no debe estar expuesta al mismo juicio de reproche que sirve de fundamento a la declaración de culpabilidad penal”.
La Audiencia Nacional tenía previsto celebrar el juicio de la caja B a lo largo de 2018, una vez se conociera la sentencia de Gürtel, pero la composición de su tribunal es a día de hoy una incógnita. Un tercer magistrado ha sido apartado y aún no tiene sustituto, mientras que José Ricardo de Prada, el único que resistió del juicio de Gürtel, se encuentra en excedencia en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Otra modificación anodina de la normativa interna de la Audiencia Nacional en 2015, aprobada un 24 de julio, hacía imposible que el progresista De Prada tuviera opciones de redactar las sentencias de Gürtel o la caja B. Fue Espejel, presidenta entonces de la Sección Segunda, quien propuso a la Sala de Gobierno que se impusiera un sistema de sustituciones en todas las secciones de tal forma que, si un magistrado se ausenta por vacaciones, licencias, enfermedad u “otras causas”, fuera sustituido por el que tuviera asignado el siguiente procedimiento numerado.
En esas “otras causas” cabía la de recusación, precisamente la que ya entonces amenazaba a Enrique López, a quien le correspondía redactar el fallo. La opción del sorteo quedaba descartada y Ángel Hurtado, otro conservador, se convertiría directamente en el redactor de las sentencias de Gürtel y caja B gracias a la modificación propuesta por Espejel.
Tres jueces depurados por próximos al PP
Si bien la sentencia de Gürtel es su revés definitivo, las maniobras que han acechado a la investigación de Gürtel han sufrido otros previamente. Las nuevas normas de reparto consecuencia del ascenso de Espejel ubicaron en el tribunal de la caja B a otro de los magistrados considerados más próximos al PP en la Audiencia Nacional, Juan Pablo González. Pero como ocurriera con López y Espejel, éste también ha sido recusado y apartado. Sus compañeros, en una votación muy ajustada, se posicionaron mayoritariamente a favor del argumento de que el PP ha supuesto “un impulso decisivo” en su carrera de magistrado.
Otras decisiones tomadas desde el Gobierno y que parecía allanarían el camino del PP en la investigación de su financiación irregular también tuvieron consecuencias inesperadas. Ocurrió con la salida de Pablo Ruz del juzgado que investigaba al partido de Rajoy en dirección a Móstoles. Durante la instrucción, el juez tuvo tiempo de dar por acreditada indiciariamente la financiación irregular del PP, pero cuando dictó aquel auto sabía ya de su salida inminente. Fue el magistrado que expulsó a la formación de la acusación que ejercía en Gürtel y caja B por actuar más bien como el abogado defensor de Bárcenas y su mujer.
El Ejecutivo decidió en diciembre de 2014 sacar a concurso 364 plazas que estaban ocupadas de forma interina. En el seno del Consejo General del Poder Judicial hubo un choque sobre la interpretación de la ley y la posibilidad de que Ruz pudiera seguir hasta febrero de 2016 en comisión de servicio. Se impuso la mayoría conservadora, que se negó también a que la decisión se elevara al pleno del CGPJ.
En el concurso abierto para ganar la plaza de Ruz, sin embargo, se impuso el magistrado de mayor antiguedad de cuantos se habían presentado, José de la Mata, un antiguo cargo del Ministerio de Justicia con el Gobierno del PSOE. El actual instructor de la caja B ha reabierto el caso con ímpetu e insiste en las posibilidades de llevar al juicio pruebas de que las donaciones de dinero negro sí eran finalistas, esto es, se correspondían con adjudicaciones concretas de obra pública, lo que permitiría sentar en el banquillo a los empresarios.
