La publicación de la sentencia del procés supone la culminación de la “judicialización” del problema catalán que denuncian los abanderados del independentismo y fuerzas estatales como Podemos. Al tiempo, el fallo constituye un grave reproche a los impulsores del referéndum y la declaración unilateral de independencia: concluye nada menos que fue un “engaño masivo” de sus seguidores que escondía otro objetivo, el de negociar con el Estado una consulta que impide la Constitución.
El fallo también incluye una reprimenda a los que, firmes defensores de una condena por rebelión, ya especulaban con posibles indultos antes siquiera de conocer el fallo. A unos y otros regresa la gestión de la crisis catalana una vez se ha emitido el fallo. La primera prueba será la resolución de los permisos penitenciarios y las posibles peticiones de indulto.
Las elevadas condenas por un delito de sedición a seis de los nueves condenados sitúan fuera de la política institucional, entre los próximos 9 y 13 años a los principales impulsores del procés, sin contar a Carles Puigdemont y el resto de los huidos. Son en su totalidad protagonistas de lo que el Tribunal Supremo considera un “engaño masivo” a quienes les apoyaron.
“Los ilusionados ciudadanos, que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una república soberana, desconocían que el derecho a decidir había mutado y se había convertido en un atípico derecho a presionar”, recoge el fallo. Esta afirmación y otras en este sentido son parte de la argumentación de por qué no se dio un delito de rebelión y sí de sedición.
Los jueces del Supremo han castigado con duras condenas lo que los juzgados expresaron defendieron en la vista como un ejercicio democrático, en referencia a la convocatoria del 1-O y las protestas por los registros del 20 de septiembre de 2017 por orden de un juzgado de Barcelona. El sucesor de Puigdemont, Quim Torra, entona “lo volveremos a hacer” mientras ERC, con su líder en prisión, Oriol Junqueras, le disputa el liderazgo del independentismo. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya ha adelantado que la respuesta a otro desafío soberanista será el mismo que aplicó el Ejecutivo de Mariano Rajoy: judicial y de aplicación del artículo 155 si se dan las condiciones.
Encima de la mesa ya está cómo será la gestión del escenario post-sentencia en lo que respecta a los condenados. La ley permite a la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners, miembros de la Administración catalana, se pronuncien a favor del indulto al analizar la progresión del preso. Será el juez de vigilancia penitenciaria, en cualquier caso, quien la eleve al Consejo de Ministro previo informe no vinculante de la Fiscalía, pero en este supuesto a partir de la petición de funcionarios de la cárcel y no del propio interno o su entorno.
La administración penitenciaria catalana tiene dos meses de plazo máximo para clasificar a los presos desde que le sea notificada la liquidación de condena. Esa decisión condicionará la posible concesión de permisos a los seis condenados. Y con ella, la foto de los líderes del procés saliendo de la cárcel, aunque sea para regresar en unas horas o unos días. La Fiscalía podrá recurrir y será un tribunal catalán, y no el Supremo, el que resuelva.
Todo ello estará envuelto, al menos en las próximas cuatro semanas, de un clima de campaña electoral con la vista a los comicios generales del 10 de noviembre. Las reacciones ya están en esa clave: el líder del PP, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, han propuesto arrebatar la competencia de Prisiones a Catalunya, transferida en 1983 y para lo que sería necesario reformar el Estatut o la Constitución.
Casado y Rivera son dos de los políticos que se pueden dar por aludidos en uno de los pasajes de la sentencia: “El debate sobre la procedencia de un indulto, cuando todavía ninguno de los acusados ha sido declarado culpable, es un elocuente ejemplo de falta de rigor y responsabilidad institucional”.
El fallo ya ha sido dictado, y los líderes políticos de Madrid han insistido en pedir que se deniegue en cualquier caso. Sánchez, que escenifica desde la convocatoria de elecciones dureza, o firmeza si se prefiere, contra cualquier conato de reiteración soberanista, se ha apresurado a descartar cualquier concesión de indulto, potestad que por ley recae en el Gobierno de España.