El Congreso ha organizado un acto de conmemoración del 40º aniversario de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 con la presencia del rey Felipe VI, Pedro Sánchez y la plana mayor del Gobierno, incluidos los cuatro vicepresidentes, del que se han descolgado siete partidos por la presencia del jefe del Estado y también por las dudas sobre el papel que tuvo Juan Carlos I durante la intentona golpista. El evento, al que asistirán representantes de las instituciones del Estado, consistirá en sendos discursos de la presidenta, Meritxell Batet, y el monarca, cuya participación en eventos parlamentarios se limita a citas puntuales como la apertura solemne de las Cortes tras las elecciones.
Felipe VI entrará al Congreso a través de la Puerta de los Leones -que tan solo se abre en esos eventos especiales- tras haber sido recibido por Batet, Sánchez, la presidenta del Senado, Pilar Llop; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Se dirigirán al Salón de Pasos Perdidos, donde el rey saludará a los invitados: los ponentes vivos de la Constitución (Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca), los vicepresidentes del Gobierno, el jefe de la oposición, Pablo Casado; los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados y portavoces de los grupos parlamentarios.
Dos horas antes de que el rey suba las escalerillas del Congreso, varios grupos parlamentarios explicarán en una rueda de prensa el rechazo a ese acto que encuentran inoportuno en este momento. ERC, EH Bildu, la CUP, Junts y BNG se ausentarán, además, del acto, al igual que PNV y Compromís, aunque en su caso no participarán en la convocatoria a los medios. Esos partidos, la mayoría aliados parlamentarios del Gobierno que no suelen participar en eventos similares, como el homenaje a la Constitución cada 6 de diciembre, consideran que es inapropiado el evento en las actuales circunstancias y consideran que es una fórmula para “blanquear” la monarquía.
“No queremos participar en un lavado de imagen”, explican desde Compromís, donde entienden que el acto debería limitarse a la participación de los parlamentarios. “Conmemorar el 23F como un triunfo de la democracia no nos parece que refleje la realidad de lo que sucedió. Todavía no sabemos qué sucedió realmente, porque hay lagunas de información que voluntariamente el Estado mantiene en el secreto más absoluto”, agregan desde EH Bildu.
Levantar los secretos oficiales sobre el 23F
También el PNV marcará distancias con la Corona en ese acto y explicará sus motivos previamente, pero por separado. El grupo que pilota Aitor Esteban tiene, además, otra queja: el bloque sistemático de la reforma de la ley de secretos oficiales que permitiría precisamente desclasificar información sobre el 23F y otros episodios de la historia reciente.
También desde Unidas Podemos recalcan esa situación como “una de las grandes anomalías de la democracia en comparación con la mayoría de países modernos” y destaca que “a día de hoy todavía quedan muchas zonas de oscuridad” sobre el intento de golpe de Estado. “Si este acto tiene que servir para algo más allá del boato institucional, ojalá sirva para que todas las fuerzas políticas tomen conciencia de la necesidad de desbloquear el trámite de la ley de secretos oficiales, para que así los españoles podamos saber qué pasó exactamente en esos días tan críticos, quién hizo qué, quién estuvo del lado de la democracia y quién no tanto”, señalan desde el grupo confederal, cuyo portavoz, Pablo Echenique, admitió la semana pasada que la presencia del rey emérito no aportaría “dignidad institucional” al acto.