Las siglas de los jueces: mayoría absoluta de las asociaciones conservadoras y solo un 8% progresista

Algo más de la mitad de los 5.341 jueces y magistrados en activo en España pertenecen a una de las asociaciones profesionales reconocidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Son 2.994, un 56% del total, según los últimos datos oficiales actualizados a septiembre de 2020. Este porcentaje ha experimentado un leve pero sostenido ascenso en los últimos años, pasando de un 53% en 2004, de cuando son los primeros datos que ofrece al CGPJ, al 56% actual.

En otras palabras, casi la mitad de los jueces y magistrados del país no están afiliados a ninguna entidad. Entre los que sí lo están, una aplastante mayoría se inscribe en asociaciones que cubren el espacio ideológico de la derecha o el centro-derecha. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente agrupan al 47% de los jueces, mientras que el 8% está afiliado a Jueces y Juezas para la Democracia.

Se trata de organizaciones profesionales que velan por los intereses corporativos de sus afiliados, puesto que los jueces y magistrados tienen limitados por ley sus derechos políticos y sindicales y no pueden pertenecer a partidos o sindicatos. 

La principal asociación por número de miembros es la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora. Cuenta en la actualidad con 1.345 miembros, el 25% de la carrera. Es decir, uno de cada cuatro jueces y magistrados que están actualmente en activo pertenecen a esta asociación que preside Manuel Almenar, magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Creada en 1980, su número de afiliados ha ido en ascenso en los últimos años. Ha pasado de 1.115 en 2004 a 1.345 en 2020. Es un incremento de alrededor del 20%. Teniendo en cuenta únicamente el número de jueces y magistrados asociados, su predominio es total: el 45% son de la APM.

La segunda por nivel de representación es la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) con 845 asociados, un 16% de la carrera. Su portavoz nacional es Jorge Fernández Vaquero, titular de un juzgado de primera instancia en Jerez de la Frontera (Cádiz). Fue creada como una corriente de opinión dentro de la conservadora de APM y acabó constituyéndose en asociación independiente en 1984. Aunque se ha estabilizado en los últimos años, su número de afiliados se ha incrementado estos últimos lustros pasando de 410 miembros en 2004 a los actuales 845. El 28% de los jueces asociados son de la AJFV. 

La progresista Juezas y Jueces para la Democracia es la tercera asociación por número de miembros: 451, el 8% del total de jueces y magistrados en activo. Entre los asociados, su representación alcanza el 15%. Fue constituida en 1983 tras la experiencia que durante la dictadura franquista había proporcionado la organización Justicia Democrática. Su portavoz actual es Ascensión Martín Sánchez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Tras alcanzar los 530 asociados en 2015, esta asociación ha ido perdiendo afiliados desde entonces. Vivió su mayor crisis en 2017 —cuando perdió casi medio centenar de asociados— en un momento en el que algunos afiliados se mostraron críticos con la postura de la asociación con las decisiones judiciales respecto al procés. 

La cuarta asociación por número de miembros es Foro Judicial Independiente (FJI), con 336 asociados, el 6% de la carrera, un porcentaje que se eleva al 11% teniendo en cuenta únicamente el volumen de jueces asociados. FJI fue creada en 2002 y su presidenta es Concepción Rodríguez, titular de un  juzgado de menores de Madrid. Su afiliación ha ido en ascenso en los últimos años, desde los 161 miembros de 2004 a los actuales 336, aunque sigue siendo la menor en número de asociados de las cuatro principales. 

Un carácter muy minoritario tienen las otras dos asociaciones reconocidas por el CGPJ. Ágora Judicial, con 13 miembros en 2020, fue creada en 2018 principalmente por la sección en Catalunya de Jueces y Juezas para la Democracia críticos con la judicialización del proceso soberanista. Aunque en su presentación afirmaron que aspiraban a recabar apoyos de togados del resto de España, parecen no haberlo conseguido. Ágora Judicial ha pasado de tener 22 asociados en 2018 a los 13 del último registro oficial. Sólo cuatro miembros tiene en la actualidad la Asociación Nacional de Jueces (ANJ), fundada en 2002 y que se intentó reactivar en 2009 para dar aliento a la movilización contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo que afrontar la primera huelga de jueces en España. 

Las asociaciones de jueces se financian por las cuotas de sus asociados y las subvenciones que reciben del CGPJ. Durante este mandato, que comenzó el 4 de diciembre de 2013, han recibido 3,1 millones de euros en subvenciones del órgano de gobierno. Estas ayudas se conceden para la realización de actividades de “interés para la justicia y la vida asociativa”, para la financiación de actividades de formación y para sus “gastos de organización y funcionamiento”. Además, hay una cuarta partida que se otorga  en función de los resultados obtenidos en las últimas elecciones a Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores. 

La Asociación Profesional de la Magistratura es la que más fondos ha recibido —966.765 euros en este período—, seguida de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, con 826.902 euros; Juezas y Jueces para la Democracia, con 755.493 euros; y Foro Judicial Independiente, con 585.344 euros. 

Poder Judicial

Las cuatro principales asociaciones judiciales están de acuerdo en reformar la ley para que doce de los veinte vocales del CGPJ —los que la Constitución exige que pertenezcan a la carrera judicial— “sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial”, según un comunicado difundido de esta semana. 

Según el modelo vigente, los jueces hacen una criba de nombres —los candidatos tienen que contar con el aval de una asociación o de 25 avales de miembros de la carrera— y a partir de esa selección los partidos eligen siempre que alcancen una mayoría de tres quintos en las Cortes. No obstante, entre los 12 vocales que pertenecen a la judicatura, la mayoría se presentan avalados por las asociaciones de jueces. Del Consejo actual, cinco están vinculados a la APM, tres a Jueces y Juezas para la Democracia y cuatro son no asociados. 

Las cuatro asociaciones principales han pedido que se vuelva al sistema que estaba en vigor hasta 1985, en el que esos 12 vocales eran seleccionados directamente por sus compañeros mediante sufragio. Con este sistema, la candidatura de la APM —que era la única constituida hasta ese momento en el ámbito judicial— ganó en 1980 las elecciones al CGPJ y copó todo esos puestos a pesar de que había listas abiertas. Además de la APM, se presentaron la Candidatura Judicial Independiente y la Candidatura Independiente de Magistrados de Trabajo, según contó El País. De forma más reciente y tras una sucesión de excusas, el PP pone ahora como condición para pactar la renovación la vuelta a este sistema de elección a pesar de que no promovió ese cambio durante sus dos mayoría absolutas. 

Las asociaciones también tienen un papel clave en la elección de los miembros más altos de la judicatura a través del Consejo General del Poder Judicial, que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y a los principales cargos de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores y las audiencias provinciales. Especialmente, la conservadora APM y la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, que copan el 60% de los nombramientos judiciales aunque sólo representan a un tercio de los jueces, según cálculos de elDiario.es. Por contra, los jueces no asociados, que suponen el 43% de la judicatura, sólo accedieron a un 30% de los puestos de designación discrecional que adjudicó el CGPJ entre 2014 y 2020. 

La APM, que representa al 25% de los jueces, accedió a 78 nombramientos, el 37%. Mejor parada sale Jueces y Juezas para la Democracia, que aunque representa a un 8% de la carrera, fue segunda en nombramientos. Un total de 51 jueces vinculados a este colectivo de carácter progresista fueron nombrados entre 2014 y 2020, el 24,3% de las designaciones. La Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados con el 16% de la carrera, apenas accedió al 8% de los nombramientos, con un total de 17.