Una las últimas decisiones que adoptó el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, antes de dejar la instrucción del sumario Lezo que llevó a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González fue poner al servicio de la Guardia Civil una flota de vehículos incautados a la “organización criminal”. Lo hizo en un auto firmado el 11 de mayo en el que atendía a la reclamación de la Unidad Central Operativa, que alegaba “la escasa renovación del parque móvil” del Instituto Armado, que “se encuentra en una situación preocupante por su excesiva antigüedad”.
Con su auto, Velasco echa un capote para reforzar los medios de la Unidad Central Operativa, el cuerpo de élite de la Guardia Civil con el que también trabajó en el sumario Púnica que llevó a prisión a Francisco Granados y acumula medio centenar de imputados. Entre los vehículos que puso al servicio de los investigadores había dos que eran propiedad del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de su esposa, Lourdes Cavero, ambos imputados en la operación. González es propietario de un utilitario Smart Fortwo Coupé, que comercializa Mercedes, y su mujer tiene a su nombre un BMW 330 D.
Los agentes, en las escuchas, han constatado que González habla constantemente de que posee y usa un coche modelo Lexus. Los agentes señalan en un informe que el coche no está a nombre del expresidente, ni al de su mujer. Tampoco lo han encontrado en los registros ni en los seguimientos. Siguen tras su pista, y se preguntan a nombre de quién está un coche de ese precio que usa la antigua mano derecha de Esperanza Aguirre.
El matrimonio ha recurrido la decisión de Velasco para intentar que los dos coches regresen al garaje de su lujoso chalé de Aravaca, una finca que tampoco podrá ser vendida ni hipotecada, igual que otras 90 fincas propiedad de las decenas de investigados, en este caso de acuerdo con las instrucciones de la Audiencia Nacional. Será el sustituto de Velasco en el juzgado número seis quien resuelva sobre los vehículos de la familia González-Cavero.
El hermano del expresidente madrileño, Pablo González, también encarcelado por el presunto cobro de comisiones derivadas de su puesto de director de Estrategia y Operaciones de la empresa pública Mercasa, tiene a su nombre otros tres: un BMW 120d, otro 320d, y un Audi A1 Sportback, que también han sido requisados.
El hombre fuerte de Ignacio González para los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica y otro de los personajes claves de la trama según Anticorrupción, el juez y la Guardia Civil, Edmundo Rodríguez Sobrino, también en prisión, dispone de cuatro vehículos: un Smart Fortwo Coupé, como el de González, que está registrado a su nombre y tres más registrados como propiedad de su bufete –Rodríguez Sobrino Abogados Asociados SL–, un Audi Q5, un Mini Cooper y un BMW 320 descapotable.
Los modelos más imponentes de la flota incautada a los detenidos de la operación Lezo corresponden a Francisco Javier López Madrid, yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir: tres deportivos de la marca Porsche, todos de la serie 911 y uno de ellos turbo, con dos años de antigüedad, más de 500 caballos de potencia y cuyo precio supera los 200.000 euros. Los tres están inmovilizados por el juzgado.
En el parque móvil de los detenidos hay también berlinas de lujo, como el Jaguar XF, que figura a nombre de Zubenelgenubi Sociedad Limitada, de la que es administrador Ildefonso de Miguel, otra de las personas de confianza de Ignacio González en el Canal de Isabel II.
La empresa Swat, que organizó campañas electorales para el PP en distintas comunidades y aparece tanto en la trama Púnica como en la Operación Lezo, aporta a la flota incautada por el juzgado dos descapotables, un Audi A3 y un Mini, un todocamino modelo BMW X5 y otro Mini.