La socialista y abogada laboralista Francisca Sauquillo será la encargada de dirigir la comisión que aplique la ley de memoria histórica en Madrid, en virtud de un acuerdo suscrito entre el PSOE y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.
Según la información publicada por El País, que confirman fuentes socialistas y del Ayuntamiento, ese comisionado estará presidido de forma simbólica por Manuela Carmena y lo integrarán otras seis personas aún por determinar, puesto que los nombres se quieren pactar con el resto de grupos municipales.
Este nombramiento se enmarca en la remodelación del área de Cultura y Deportes, que dirige Celia Mayer, quien pierde las competencias de memoria histórica, que pasan a depender de Alcaldía, según se conoció a través de un informe distribuido a los grupos municipales en el marco de la investigación abierta por los errores cometidos en el área de cultura.
La elección de Francisca Sauquillo como responsable del comisionado que dirigirá el cambio de la nomenclatura franquista fue de la alcaldesa -ambas se conocen desde su juventud- y obedece a que es una persona con una trayectoria consolidada y de prestigio, que no “despierta ni filias ni fobias”, lo que esperan que facilite la participación del resto de grupos en la elaboración del plan.
“El deseo de la alcaldesa es que todos participen en la aplicación de la ley de la memoria, que se oigan muchas voces y que participen los grupos políticos, las asociaciones y todo el que tenga algo que decir para que el proyecto sea de todos”, explican desde el Ayuntamiento de Madrid.
La decisión, consensuada con el PSOE, fue comunicada a Celia Mayer por la propia Carmena, que espera que a partir de ahora la aplicación de la ley no genere ningún otro tipo de problema sino que, por el contrario, sea un proceso del que todos los grupos se sientan parte.
El Ayuntamiento de Madrid tuvo que reponer en febrero tres vestigios franquistas ordenados retirar por Celia Mayer -entre ellos el de ocho frailes carmelitas- al asumir que los hitos se quitaron de su emplazamiento sin mediar el necesario acto administrativo, lo que despertó las críticas del PP, Ciudadanos y también del PSOE, socio del Ahora Madrid.
A esos errores se sumó la petición de dimisión de Mayer por que se representase en el marco del Carnaval un espectáculo que escenificaba acciones violentas como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento de un policía o la violación de una monja en el que se exhibió la pancarta con el lema “Gora Alka-Eta”, por la que dos titiriteros permanecieron encarcelados por supuesto enaltecimiento del terrorismo.
El Pleno municipal del mes de febrero estaba llamado a votar una proposición del PP que solicitaba el “cese inmediato” de la delegada de Cultura que finalmente se aplazó -con los votos a favor del PSOE y Ahora Madrid- para, antes de tomar en consideración esa propuesta, elaborar informes sobre la gestión de Celia Mayer y plantear cambios en el área.
Una vez presentados esos informes y planteados varios cambios en el área (entre ellos la contratación de Paula Foulkes -directora adjunta del Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid- como vocal asesora de la Alcaldía para el área de Gobierno de Cultura y Deportes), la propuesta de reprobación se debatirá de nuevo este miércoles, en la segunda sesión del pleno ordinario del mes de marzo.
A pesar de haber acordado estos cambios con la alcaldesa, fuentes socialistas insisten en que “la posición del grupo” en esa votación “se fijará a partir de mañana”.
La decisión del PSOE de apoyar a Ahora Madrid en su estrategia de posponer la votación sobre la reprobación de Mayer generó que la socialista Mar Espinar -habitualmente muy crítica con la gestión de la delegada- renunciase en el pleno pasado a hacer uso de su turno de palabra, un gesto con el que parecía evidenciar su descontento con la posición oficial del grupo.
Francisca Sauquillo (1943) fue diputada en la Asamblea y senadora por Madrid, posteriormente eurodiputada hasta 2004, y su hermano fue uno de los asesinados en 1977 en la conocida como matanza de Atocha, perpetuada en el despacho de abogados laboralistas en el que trabajaba la ahora alcaldesa, Manuela Carmena.