Socios del Gobierno se abren ahora a apoyar el 'plan B' jurídico del PP ante el fin del estado de alarma

El 'plan B' jurídico, la propuesta estrella del Partido Popular de Pablo Casado para hacer frente a la pandemia que el pasado noviembre fue tumbada en el Congreso de los Diputados, empieza a lograr adhesiones cinco meses después ante el fin del estado de alarma, el próximo 9 de mayo. Los populares han vuelto a registrar la iniciativa, que este martes ha sido calificada por la Mesa del Congreso por lo que previsiblemente llegará al Pleno en las próximas semanas para su admisión a trámite. Y partidos que han sido socios del Gobierno en la investidura y los Presupuestos, como ERC, Compromís y Más País, se abren ahora a respaldar la medida del PP ante la falta de alternativa del Ejecutivo para cuando termine la excepcionalidad, dentro de dos semanas.

A pesar de la presión de los socios, que ha ido en aumento en los últimos días, el Gobierno mantiene que con la actual legislación es suficiente para encarar la recta final de la pandemia una vez decaiga el estado de alarma el 9 de mayo. La portavoz, María Jesús Montero, ha insistido en que las comunidades pueden acordar limitaciones y restricciones de acuerdo a la ley sanitaria de 1986 que, en caso de afectar a derechos fundamentales, tendrán que ser ratificadas por los correspondientes tribunales superiores de justicia.

Montero ha reiterado que el Gobierno confía en que no haga falta prorrogar el estado de alarma: “En vista de los datos, consideramos que no va a ser necesario”. Además, ha reforzado esa posición en la negativa a una prórroga que ya ha anunciado el PP a través de su portavoz en el Senado, Javier Maroto. Montero ha recordado que PSOE y PP gobiernan la mayoría de comunidades. El Gobierno sostiene que las comunidades autónomas tienen las herramientas suficientes para encarar los meses que quedan de pandemia hasta la inmunización y, aunque Montero no ha querido decir cuál sería la posición del PSOE en el Congreso, ha rechazado el plan B jurídico del PP.

El argumento del Ejecutivo es que las restricciones de derechos fundamentales, como la reunión o la capacidad de movilidad, no se pueden regular en la legislación ordinaria. “No es conveniente no es recomendable”, ha dicho la portavoz, que ha apuntado al estado de alarma o, en su caso, a la ratificación por parte del poder judicial.

“Estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad. Y nos parece bastante irresponsable, con los datos que tenemos de la pandemia, primero que el presidente del Gobierno se comunique con las comunidades vía titulares y después que el Gobierno se comprometió a crear un nuevo marco legal para no tener que recurrir a un estado de alarma y nada de eso se ha producido”, había explicado en rueda de prensa minutos antes el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

A su juicio, “la pregunta es qué pasa cuando se acabe el estado de alarma”, y su “sospecha es que quizá” el Gobierno no quiere decir “según qué cosas por las elecciones en Madrid”. “Creen que si impiden que la gente tome cañas eso les va a restar votos. Pero por encima de cualquier otra cosa está la salud de la ciudadanía. Sí estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad”, ha insistido, ante la reiterada pregunta de los periodistas sobre el 'plan B' jurídico del PP.

Íñigo Errejón, portavoz de Más País en el Congreso y otro de los socios habituales del Gobierno, ha asegurado que también está “estudiando” la propuesta del PP “porque tiene elementos interesantes pero tiene elementos que pueden ser muy delicados”. “Esto sucede por la inacción del Gobierno. No ha explicado a los españoles qué va a pasar el 10 de mayo, no se sabe cuál es el plan”, ha denunciado Errejón en la Cámara Baja. En su opinión, esos “asuntos constitucionalmente delicados” de la propuesta del PP tiene que ver con la restricción de libertades que, a su juicio, “siempre se tiene que decidir en el Congreso”. En la misma línea se ha expresado minutos antes el portavoz de Compromís, Joan Baldoví.

En busca de una “alternativa”

“El PP nos hizo llegar la propuesta la semana pasada y nosotros la recibimos y la vamos a estudiar”, ha asegurado por su parte el portavoz del PDCat, Ferran Bel, que también se ha abierto a respaldar esa iniciativa del equipo de Casado. “Evidentemente nos gustaría una alternativa al estado de alarma. Y si no hay alternativa vamos a estudiar todas las posibilidades”, ha insistido.

En cambio, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, es partidario de prolongar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Entrevistado en La hora de la 1, Esteban ha considerado que “habría que prorrogarlo durante un periodo que fuese corto” y argumenta que no hay alternativas jurídicas para restringir la movilidad y frenar al coronavirus. “El instrumento más útil para restringir la movilidad hay que seguir utilizándolo”, ha insistido.

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Parlamento, ha considerado por su parte “curioso” que el PP lidere la iniciativa alternativa al estado de alarma por ser “un partido que no ha apoyado absolutamente nada las medidas de la pandemia”. No obstante, ha reconocido que “es cierto que hay un vacío en la capacidad normativa”. “Esta situación de inseguridad no se puede mantener hasta el 9 de mayo. Es al Gobierno al que le corresponde liderar y poner los mecanismos necesarios. Hay tiempo para poder hacer cosas pero es al Gobierno al que le corresponde hacerlo. Lo valoraremos y lo veremos y tiene que ser acordado por las comunidades autónomas”. 

Asimismo, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha recordado que su grupo ya presentó su propia alternativa en noviembre y ha criticado a Sánchez por pasar de “estado de alarma al estado de incertidumbre”, informa Carmen Moraga.

El pasado 17 de noviembre la Proposición de Ley Orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales del PP, el conocido como “plan B jurídico” para hacer frente a la pandemia, no contó con los apoyos necesarios ni siquiera para iniciar su tramitación parlamentaria.

La iniciativa legislativa del PP propone abandonar, en lo posible, la excepcionalidad constitucional, y “conjugar la protección de la salud de los ciudadanos con mayores garantías judiciales y mayor amparo de sus derechos constitucionales, además de poner a disposición de las administraciones públicas instrumentos ágiles y eficaces para la contención de pandemias y emergencias sanitarias”.