El juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, sospecha que “la cúpula” del BBVA consintió la contratación del excomisario José Villarejo para tareas de información y espionaje, en vista del “beneficio personal y empresarial” que le podían reportar.
En un fragmento del auto de imputación al BBVA, el magistrado ve necesario determinar si el banco puso en marcha medidas para evitar el delito o si, por el contrario, “la ausencia de mecanismos de control” y “la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial” fueron “medios de los que el banco pudo haberse valido para facilitar la contratación” de Villarejo.
Todo ello, dice el juez, presuntamente “consentido por la cúpula del propio banco” por “el beneficio personal y empresarial” que le reportarían esos servicios del excomisario.
El juez imputa al banco delitos de cohecho —ya que Villarejo era policía en activo cuando trabajaba para el BBVA y le conseguía información—, descubrimiento y revelación de secretos por esa información confidencial que le facilitaba, y de corrupción en los negocios, por las dádivas que presuntamente recibió de Villarejo uno de sus directivos.
En el caso de este último delito, García Castellón investigará su recorrido para aclarar si el BBVA contribuyó a mantener las relaciones con Villarejo en beneficio propio o si la presunta corrupción de alguno de sus directivos “pudiera considerarse como perjudicial para la sociedad”.
Por el momento, el juez ha rechazado aceptar la petición del banco de personarse como perjudicado en espera de aclarar si se benefició de los contratos con Villarejo y si no aplicó los controles necesarios “permitiendo” así “la corrupción personal de sus directivos” y “prácticas que pudieran resultar contrarias al interés” del BBVA.
Por ello ve “necesaria” su imputación por corrupción en los negocios en este estado inicial de la investigación, de manera que la entidad pueda declarar en la causa con las garantías que ofrece la condición de imputado o investigado y se pueda determinar si efectivamente puso en marcha los mecanismos de prevención del delito (“compliance”).
Este es uno de los requisitos que establece el artículo 31 bis del Código Penal, que el juez cita en su auto, para imputar a una persona jurídica: que se beneficie directa o indirectamente de los delitos y que no se hayan puesto en marcha medidas de control del delito.
Aparte del banco, el juez ha imputado a una decena de directivos y exdirectivos de la entidad, entre ellos Ángel Cano, ex consejero delegado; Julio Corrochano, exjefe de seguridad del BBVA y ex comisario general de la Policía Judicial, y Antonio Béjar, exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias que está colaborando con el juez.
Se les investiga en la pieza número 9 del caso Tándem sobre las contrataciones por valor de varios millones del banco a Cenyt, empresa del excomisario que presuntamente habría espiado unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios.
Sus imputaciones se han producido a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que indaga las contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito. Estas contrataciones se alargaron hasta el año 2017.
Las pesquisas en el caso Villarejo derivaron en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor, tras haber dejado en diciembre de presidir la entidad.