La vuelta del verano en la arena política estará marcada por la negociación para los Presupuestos del año que viene. El Gobierno necesita sacar adelante esas cuentas públicas para dar estabilidad a la legislatura y los primeros consensos tendrá que buscarlos en el seno de la coalición. Sumar ya tiene una lista de prioridades con la vivienda como eje central: la coalición quiere proponer la construcción de 500.000 pisos para un alquiler mensual de 400 euros y prohibir la compra que no vaya destinada a residencia habitual. Los nuevos permisos de crianza y medidas para aumentar el poder adquisitivo de las familias también están dentro del documento que prepara el socio minoritario.
Las prioridades de Sumar para estas negociaciones girarán alrededor de tres pilares. El primero es la ampliación de derechos sociales, con la negociación para aumentar los permisos por crianza como principal baza. También la vivienda, con un paquete de medidas para dar salidas a la escasa implementación de la ley aprobada durante la anterior legislatura, con la mayor parte de las comunidades autónomas controladas por el PP. Y una batería de medidas para aliviar los problemas que la inflación ocasiona en los bolsillos de los ciudadanos. Aunque el indicador ha bajado en las últimas mediciones, todavía se mantiene en niveles cercanos al 3%.
Sumar es consciente de que la ley aprobada durante la legislatura pasada para controlar los precios tendrá poco efecto por el momento, con el PP al frente de la mayor parte de las comunidades autónomas, que tienen delegadas las competencias de vivienda. Ninguna de esas autonomías tiene pensado aplicarla. La única que ha puesto en marcha la norma fue Catalunya con ERC en el Gobierno, aunque todo apunta a que el PSC seguirá aplicándola. Por eso, la coalición plantea una serie de medidas que están en manos de la administración central con el objetivo de que los alquileres no superen un 30% de la renta de las familias.
La más destacada es la construcción de medio millón de viviendas públicas destinadas a alquiler asequible. Y fija un precio: 400 euros al mes. Sumar quiere, además, que la construcción de esas viviendas esté ubicada en las denominadas zonas tensionadas –donde el alquiler está en niveles muy altos– y que su construcción corra a cargo del Estado y no de las inmobiliarias, como sucede hasta ahora con la vivienda pública. “Es más barato si lo hace el Estado, igual que cuando se construye un hospital”, sostienen fuentes de la coalición.
También explican que el Estado es perfectamente capaz de desarrollar esta política porque tiene los dos insumos necesarios: el suelo público, en manos de la Sareb, Adif, Patrimonio o el Ejército; y la financiación. ¿Cómo plantea Sumar la financiación de estas viviendas? A través de la denominada Adenda a los fondos europeos, que incluye una línea de préstamos blandos. “Queremos dedicar 40.000 millones de créditos blandos de esta adenda: durante los primeros diez años no se pagan intereses y luego el interés está por debajo del de mercado”, explican. Es lo que se conoce como una medida de impacto presupuestario neutral, puesto que, según sus cálculos, los pagos de los alquileres en un plazo de 30 años servirán para devolver la mayor parte del préstamo.
Movilizar las viviendas vacías
La otra política que propone Sumar para ampliar el parque de vivienda pública es la movilización de todas las viviendas vacías en las seis principales ciudades del país –Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga–. En un censo reciente, el INE pidió a las eléctricas datos sobre el consumo energético de todas las viviendas del país para ubicar cuáles están completamente vacías. En esas seis grandes ciudades, según ese cálculo, hay 900.000 que Sumar propone reubicar en el marcado. Se trata de que el Estado haga de “casero” y se encargue de la restauración de las viviendas para colocarlas en el mercado con alquileres asequibles. También proponen impuestos progresivos para penalizar a quienes se empeñen en mantenerlas vacías, para que terminen por quedarse sin estímulos económicos para entrar en este programa.
La coalición también va a proponer en esa mesa de negociación desincentivar fiscalmente a los apartamentos turísticos para conseguir que dejen de ser rentables y terminar definitivamente con las 'golden visa', algo que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unos meses, pero que de momento no se ha materializado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y, por último, Sumar plantea prohibir la compra de vivienda que no vaya destinada a vivir en ella.
“La vivienda no es un activo productivo, incluso los economistas clásicos, como Stuart Mill o Adam Smith, llamaban a los rentistas la clase improductiva”, dice una fuente de Sumar que apuesta por canalizar todo ese capital hacia actividades realmente productivas, a la transición verde y digital.
Permisos remunerados de cuatro semanas
Sumar quiere aprovechar estos presupuestos para sacar adelante algunas de sus grandes banderas de campaña que incluyeron después en el acuerdo de investidura con el PSOE. Una de ellas es la creación de un permiso remunerado de cuatro semanas para cuidar a hijos menores de ocho años. Durante la legislatura pasada el Gobierno aprobó por decreto un permiso temporal de ocho semanas sin remunerar, ante la imposibilidad de sacar adelante la Ley de Familias que lo incluía. Este curso el Ejecutivo dio luz verde al anteproyecto que recupera lo mollar de esa norma y que incluye el permiso remunerado para las primeras cuatro, pero para entrar en vigor tiene que cumplir su trámite en el Congreso.
Ese permiso es un requisito que impone la Unión Europea y que debía haber entrado en vigor hace unas semanas. Por ello España se enfrenta a una multa millonaria. Sumar presiona a su socio desde hace meses para sacar adelante estos permisos y buscará lograrlo con esta negociación presupuestaria. El objetivo es hacer permanente el permiso de ocho semanas que sigue en vigor y remunerar las primeras cuatro, a pesar de que los sindicatos han reclamado que se pague el tiempo completo de la baja.
Para esta negociación, Sumar quiere también incluir una prestación universal por crianza para combatir la pobreza infantil. Fuentes de la coalición aseguran que este tipo de políticas son las más efectivas si se hace una panorámica internacional y ponen el ejemplo de Polonia, con menor tasa de pobreza infantil que España a pesar de tener un PIB per cápita inferior, gracias precisamente a una medida similar.
Incrementar el poder de compra
Aunque la economía española sigue creciendo por encima de las previsiones, la inflación sigue en niveles altos. En julio, sin ir más lejos, los precios se encarecieron un 3,1%, aunque esa cifra marca un mínimo en casi tres años. El problema, apunta Sumar, es que una vez que el encarecimiento de las materias primas ha cedido, los empresarios de toda la cadena no han reducido los precios.
Para tratar de equiparar el poder adquisitivo de los hogares a esas subidas, la coalición propone enviar la información del Observatorio de Márgenes Empresariales a las mesas de negociación de los convenios colectivos para que los sindicatos tengan una información detallada sobre los beneficios de cada sector y puedan negociar las actualizaciones salariales en mejores condiciones.
Hace poco, PNV y Junts tumbaron una iniciativa no de ley en el Congreso que reclamaba impulsar esta medida, aunque Sumar recuerda que no necesita el aval de la Cámara y basta con un convenio de colaboración del Ministerio de Hacienda con Trabajo y Seguridad Social.
También pide Sumar establecer un impuesto a las empresas sobre los márgenes excesivos a lo largo de toda la cadena de producción, que sea “adaptativo” en función de cómo evolucionan esos márgenes. Si siguen aumentando, el impuesto incrementará y pasará lo contrario si los márgenes bajan hasta desaparecer si se vuelven a situar en los niveles previos a la pandemia.
Aumentar los ingresos con nuevos impuestos
Para financiar algunas de las medidas incluidas en este paquete, como el permiso de cuatro semanas, que supone un importante desembolso, Sumar propone aumentar algunos impuestos para incrementar la bolsa de ingresos del Estado o la retirada de exenciones fiscales concretas: por ejemplo, a las viviendas turísticas, las universidades privadas y al queroseno de los aviones.
Como en otras ocasiones, Sumar pide hacer permanentes los impuestos a las energéticas y a la banca, pero en esta ocasión añade una figura más: un impuesto especial para las grandes herencias similar al que ya funciona para las grandes fortunas. “Hay recorrido para seguir ajustando y graduando el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas y planteamos extenderlo también a las grandes herencias”, sostienen fuentes de Sumar. Este tributo consiguió recaudar en sus primer año de funcionamiento 623 millones de euros.