Los poquísimos dirigentes socialistas que aún creían el pasado fin de semana que Pedro Sánchez podía seguir en su puesto estaban convencidos de que lo haría de la mano de un amplio y ambicioso paquete de medidas. Todo un golpe de efecto que sirviera de revulsivo tras la crisis política de cinco días de ausencia del presidente. Como cada vez que alguien se aventura a pronosticar lo que hará Sánchez, se equivocaron.
El líder del PSOE anunció que se quedaba, pero apenas anunció nada más. Sus socios de coalición le exigen ahora, entre otras cosas, una reforma urgente de la ley del Poder Judicial que desbloquee el órgano de los jueces con una rebaja de las mayorías requeridas. Pero los socialistas piden tiempo mientras trabajan en cambios que no alteren ese requisito de la mayoría cualificada.
“Si el PP persiste en el bloqueo, el Parlamento necesitará articular mecanismos para poder sacarlo de esta situación tan lamentable. La responsabilidad del Gobierno será renovar el Poder Judicial, y lo vamos a llevar a efecto”, dijo Pedro Sánchez este martes durante una entrevista en la Cadena Ser este martes, sin especificar más.
Preguntada y repreguntada por la prensa, la portavoz del Ejecutivo tampoco quiso ir más allá en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros. “No adelantemos pasos”, respondió Alegría sobre el cambio de mayorías, para apuntar que “si el PP decide conscientemente esa renovación, ya le digo, lo vamos a hacer posible. Es un mandato constitucional”.
Al lado de Pilar Alegría se sentaba la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. La jefa del socio de coalición de los socialistas no se anduvo con rodeos y defendió abiertamente una reforma sin medias tintas. “Si percibiera que el PP está dispuesto a alcanzar un acuerdo por el bien de su país, no me levantaría de esa mesa. Pero tengo clarísimo que la vocación del PP es degenerar y destrozar las instituciones en nuestro país. Necesita controlar el órgano ejecutivo de los jueces para poder hacer lo que está pasando hoy en nuestro país”, sostuvo. Díaz llegó a concretar que, en su opinión, se podía plantear un “tránsito temporal” desde la actual mayoría reforzada de tres quintos del Congreso a “un procedimiento de mayorías absolutas”.
Según ha podido saber elDiario.es, en lo que trabaja el Ministerio de Justicia es en una reforma integral de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ponga fin al bloqueo que no está pensada para ser impulsada ahora ni tampoco durante este trimestre, pero que serviría de Plan B a poner en marcha si los de Feijóo persisten en el bloqueo.
El actual sistema de elección de vocales implica que los 20 miembros del Consejo –12 jueces y magistrados y ocho juristas de reconocido prestigio– se eligen a partes iguales por Congreso y Senado. En ambos casos se exige una mayoría de tres quintos, lo que tradicionalmente ha obligado a un pacto entre PP y PSOE para alcanzar ese requisito.
El cambio en el sistema de elección supondría que en lugar de esos tres quintos, parte de los vocales pasarían a ser elegidos por mayoría absoluta, como la que ahora suman el Gobierno y sus socios, y permitiría esquivar el bloqueo del PP. Este sistema implica un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial que afectaría a los 12 jueces y magistrados; la elecciones de los ocho juristas con mayoría de tres quintos está blindada en la Constitución.
Sumar, tanto en su programa como en las declaraciones públicas de sus líderes, aboga por cambiar las mayorías para evitar “el bloqueo que en la actualidad sufre”, pero sin concretar más. Podemos ha registrado una propuesta de reforma que va más allá. Además del cambio de mayorías, reclaman que el Congreso elija a 16 vocales, en lugar de a los 10 actuales, para reducir el peso del Senado, donde el PP tiene ahora mayoría absoluta.
Pedro Sánchez aludió en su entrevista a la propuesta de Vicente Guilarte como una solución a estudiar. El presidente del Poder Judicial remitió hace unos días a los partidos un documento para restar poder al CGPJ y así, sostiene, facilitar un acuerdo para su renovación.
El texto de Guilarte aboga por limitar el peso del CGPJ en los nombramientos de los jueces. En el caso de los tribunales provinciales y autonómicos, serían los jueces de ese territorio los que votarían a los presidentes. En el caso del Supremo, Guilarte que sean nombrados por una “comisión cualificada”, compuesta mayoritariamente por vocales y por magistrados del Alto Tribunal.
En cuanto a la elección de los vocales, Guilarte no se decanta por el actual sistema o por cambiar a uno de elección por parte de los integrantes de la carrera judicial. Se limita a pedir que los candidatos sean ajenos “a toda contaminación política previa”. Tanto el PP como los vocales conservadores del CGPJ rechazaron su propuesta porque “priva de su esencia” al órgano de gobierno de los jueces.