La Corte Suprema de Brasil ratificó hoy la constitucionalidad de la cesión de tierras por parte del Estado a las tribus que las han ocupado históricamente, lo que fue celebrado por grupos indígenas como una “victoria de los pueblos originarios”.
El pronunciamiento de la corte, de carácter constitucional, había sido pedido por el gobierno del estado de Mato Grosso, que exigía una indemnización por haberse visto obligado a ceder parte de su territorio para la constitución de reservas indígenas.
El caso se refería al Parque Nacional del Xingú, que se extiende sobre una región de 27.000 kilómetros cuadrados que, desde tiempos anteriores a la colonización portuguesa, es habitada por decenas de etnias indígenas.
Esa zona fue definida como reserva indígena en 1961 y el gobierno regional de Mato Grosso alegaba que, en su carácter de “propietario” de las tierras, debía ser indemnizado por la decisión del Estado que transfirió su titularidad a los indios.
Por unanimidad, los ocho magistrados presentes en la sesión del tribunal concluyeron que la Constitución considera que aquellas tierras que, de forma comprobada, estén ocupadas tradicionalmente por tribus que nunca las han abandonado pueden ser cedidas por el Estado a sus propietarios “originarios”.
La decisión se fundamentó en varios artículos de la Constitución brasileña de 1988 ya reflejados en anteriores sentencias, que tratan sobre las cuestiones indígenas y establecen la posibilidad de una cesión de tierras a las tribus que las ocupan desde hace siglos.
Según el magistrado Marco Aurelio Mello, instructor del caso en el Supremo, existen pruebas documentales de que la zona del Parque Nacional del Xingú era ocupada por las mismas etnias que hoy están establecidas en esa región desde hace al menos 800 años.
“Documentos históricos y diversos estudios comprueban que la zona conocida como Parque Nacional del Xingú es ocupada por varias tribus desde tiempos inmemoriales, muy anteriores al decreto que lo creó formalmente”, indicó Mello.
El juez apuntó, además, que “todos los documentos comprueban que la ocupación tradicional indígena existió desde entonces, que existe y que siempre fue lícita, a diferencia de lo alegado por el estado de Mato Grosso”.
La decisión puede servir como precedente para otros casos similares que están en manos de la corte, referidos tanto a reservas indígenas como a tierras cedidas por el Estado a comunidades de descendientes de esclavos.
A las puertas del tribunal se habían congregado unos 50 indios de diversas tribus, que celebraron el fallo como “una victoria de los derechos de los pueblos originarios”.
En Brasil, según datos oficiales, existen cerca de 600 reservas indígenas que están habitadas por unos 480.000 miembros de 227 etnias y ocupan 109,6 millones de hectáreas, que son equivalentes al 13 por ciento del territorio nacional.
Los conflictos por la propiedad de la tierra en el extenso campo brasileño son recurrentes y muchos ocurren en reservas indígenas, de acuerdo a diversos informes realizados por organismos de derechos humanos, como la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), vinculada a la Iglesia Católica.
Según ese organismo, en 2016 la violencia en el campo alcanzó sus peores niveles en trece años, con 61 muertes en 1.536 conflictos que se registraron entre grandes hacendados y campesinos o indios.
De las 61 víctimas registradas el año pasado, 13 eran indios, 4 descendientes de esclavos prófugos, 6 mujeres y 16 jóvenes de menos de 29 años.
De acuerdo a la CPT, el aumento de la violencia obedece, entre otras razones, a la impunidad en que permanece la mayoría de los crímenes por disputas por tierras en Brasil, lo cual sostuvo que se comprueba en que sólo 31 personas han sido condenadas en 112 causas penales abiertas por los 1.834 asesinatos ocurridos desde 1985.