El Supremo falla que la malversación del 1-O superó “ampliamente” los 250.000 euros cuando Fiscalía la fijó en 3 millones
Los fondos públicos destinados al referéndum independentista del 1 de octubre superan “ampliamente” los 250.000 euros. Así lo acredita el Tribunal Supremo en la sentencia que atribuye el delito de malversación al vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, lo que ha agravado sus penas. Los jueces consideran que la malversación se produjo en concurso medial con la sedición, lo que quiere decir que uno de los delitos no pudo tener lugar sin el otro y que, en consecuencia, la utilización indebida de dinero público fue imprescindible para el plan secesionista. Esta cifra rebaja los cálculos de la Fiscalía, que elevó la factura del 1-O hasta los 3,1 millones de euros.
Según el Alto Tribunal, los gastos del referéndum relacionados con la publicidad institucional, la organización de la administración electoral, la confección del registro de catalanes en el exterior, el material electoral, el pago de observadores internacionales y las aplicaciones informáticas “son expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos”.
Los jueces de la Sala Segunda consideran acreditado que estos gastos fueron “ajenos a cualquier fin público lícito”, se ordenaron “careciendo de cobertura presupuestaria” y fueron canalizados a través de la estructura de los departamentos de Vicepresidencia y Economía, Presidencia, Exteriores, Trabajo, Salud y Cultura. “Se hicieron así realidad (...) unos gastos previsibles a partir del acuerdo plasmado por escrito el 6 de septiembre de 2017 [cuando se aprobó el decreto sobre las normas complementarias para la realización del referéndum] y que fue la diáfana expresión de su consorcio delictivo”, subraya la sentencia.
De hecho, el Supremo destaca que los miembros del Govern finalmente condenados por este delito no solo ejecutaron actos de “manifiesta deslealtad en la administración de fondos”, sino que lo anunciaron públicamente con la aprobación de ese decreto y, especialmente, con el Acuerdo del Govern del 7 de septiembre de 2017 que autorizó la utilización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la adecuada organización y desarrollo del referéndum y a través del que también se puntualizó que las decisiones serían tomadas de forma colectiva y colegiada por los miembros del Govern y asumidos de manera solidaria.
La cantidad de dinero público que la Generalitat destinó al referéndum ha suscitado diferencias entre los diferentes actores relacionados con el procés. Mientras que la Fiscalía del Tribunal Supremo elevó la factura a 3,1 millones de euros, la Abogacía del Estado rebajó esta cantidad a 2,9 millones de euros. El Ministerio de Hacienda, que tenía intervenidas las finanzas catalanas durante los preparativos del 1-O, la redujo a 812.000 euros, de los que el Govern pagó sólo 196.900. Por contra, la Guardia Civil hizo la estimación más elevada y fijó el coste de la votación en 4,6 millones de euros. Los exresponsables del Govern, por su parte, siempre han sostenido que todo se pagó con aportaciones privadas.
