La sala de gobierno del Tribunal Supremo ha emitido un comunicado poco después de que el PSOE, Junts y ERC hayan registrado su propuesta de ley de amnistía. Un comunicado en el que carga contra las alusiones al 'lawfare' que figuraban en el acuerdo entre los dos primeros partidos pero no en la propuesta legal que finalmente se ha registrado en la cámara baja. El comunicado, de tres puntos, destaca la “necesidad” de preservar la independencia judicial, algo que considera incompatible con “la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”.
La sala de gobierno del Supremo está formada por el presidente del tribunal, los presidentes de las cinco salas y otros cinco magistrados más elegidos por los propios jueces. En el comunicado que hoy han emitido por unanimidad, sus integrantes no mencionan de forma explícita ni la ley de amnistía registrada minutos antes ni tampoco el acuerdo entre PSOE y Junts.
El comunicado tiene tres puntos. El primero recuerda que el Estado de Derecho “exige el absoluto respeto a la división de poderes” y el segundo que el trabajo de los jueces “se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.
Es en el tercer punto en el que, sin mencionarlo tampoco explícitamente, alude a la presencia del 'lawfare' en el acuerdo de PSOE y Junts, algo que finalmente no figura en la ley de amnistía conocida este lunes. Enfatiza el Supremo “la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones”, algo que considera “incompatible con ”la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado“.
El acuerdo entre ambos partidos, conocido la semana pasada, proponía una ley de amnistía para procesos judiciales relacionados con el procés independentista catalán y añadía: “Se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política”. Entre las posibles consecuencias, “acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
La Justicia, contra la mención al 'lawfare'
El acuerdo se refería a comisiones parlamentarias como, por ejemplo, la relativa al espionaje con el software Pegasus a líderes independentistas catalanes. Esas alusiones al 'lawfare' –término anglosajón usado para referirse a la instrumentalización de la Justicia para perjudicar a rivales políticos– no figuran en el texto registrado en el Congreso por PSOE, Junts y ERC.
Este comunicado de la sala de gobierno del Supremo, que no menciona de forma explícita a qué se refiere, llega después de que prácticamente todos los colectivos de la Justicia se hayan pronunciado en contra de este punto del acuerdo.
Lo hicieron las asociaciones judiciales, tanto conservadoras como progresistas, pero también los jueces decanos, los presidentes de las Audiencias Provinciales y algunas asociaciones de fiscales.