El Tribunal Supremo ha determinado que será la Audiencia Nacional y no la Fiscalía Europa quien lleve las riendas de la investigación del 'caso Koldo'. La Sala de lo Penal ha resuelto el conflicto de competencia entre ambos organismos y cree que debe ser el juez Ismael Moreno quien siga instruyendo el caso, aunque la Fiscalía Europea pueda seguir indagando en torno a si varios contratos de la trama en Balears y Canarias atentaron contra los intereses financieros de la Unión.
La 'operación Delorme' investiga si Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Transportes, y varios empresarios como Víctor Aldama consiguieron que contratos públicos millonarios para comprar mascarillas y material sanitario durante el primer año de pandemia fueran adjudicados a personas ligadas a la trama de forma ilegal. Contratos salidos de la administración central pero también de gobiernos autonómicos como el de Balears y Canarias.
En los últimos meses, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y la Fiscalía Europea han protagonizado un conflicto para decidir quién debe centralizar la instrucción del caso. La respuesta del Tribunal Supremo es que debe seguir en Madrid al estar investigándose “la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario”, con la intervención de empresarios y “cargos públicos” para, finalmente, “ocultar las ganancias”.
La Fiscalía Europea, dice el Supremo, nació para “proteger los intereses de la Unión Europea” y los delitos solo serán de su competencia “si existe ese perjuicio a los intereses financieros de la Unión y si su mejor y más eficaz persecución exige que aquella asuma su investigación y persecución”. En el caso Koldo, añade, no se da “ninguna de esas condiciones”.
No hay delitos, dice el Supremo, “intrínsecamente ligados al fraude de los intereses financieros de la Unión”. Más bien, añade, las diligencias “parecen estar dirigidas a investigar la posible existencia de una trama de corrupción a nivel nacional”. No niega que una parte pequeña del contrato adjudicado a la trama desde ADIF fue sufragado con fondos de la Unión pero entiende que el caso debe seguir investigándose en la Audiencia Nacional.
Parte de la causa gira en torno a contratos públicos que la trama consiguió en Balears y Canarias para traer material sanitario en lo peor de las primeras olas de la pandemia. La competencia sigue siendo del juzgado de Ismael Moreno, pero abre la mano el Supremo a que la Fiscalía Europea mantenga su competencia “en lo relativo exclusivamente a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea”.
En el caso de Balears, la Justicia no solo investiga la adjudicación sino si también existió algún tipo de trato de favor a la trama, a través de Koldo García, para que una posible reclamación millonaria por el material defectuoso no pudiese culminar y caducara por el camino. Unos contratos que adjudicó el ejecutivo de Francina Armengol pero cuya caducidad llegó ya con el PP y Marga Prohens en el poder.