La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue a Carles Puigdemont por irregularidades detectadas en la empresa Aguas de Girona entre 2011 y 2015, cuando Puigdemont era alcalde. Según ha adelantado El Mundo y han podido confirmar fuentes jurídicas a eldiario.es, la jueza ha enviado al Alto Tribunal una exposición razonada con indicios de criminalidad contra el expresident de la Generalitat.
El escrito solicita a Manuel Marchena, en calidad de presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, que abra una causa penal contra Puigdemont por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. Las irregularidades se habrían cometido cuando el Ayuntamiento estableció un canon extraordinario para el servicio del agua a través del cual invirtió en obras de arte.
Según describe la magistrada, el consistorio de Girona acordó en 2013 una prórroga de la concesión de la gestión del agua a la empresa mixta Aigües de Girona (Agissa) –participada en un 20% por tres ayuntamientos de la zona y en un 80 % por un socio privado– a cambio del pago de un canon extraordinario por valor de 3,7 millones de euros, de los que el consistorio de Girona recibió 2,6 millones y el resto se lo repartieron los de Salt y Sarrià de Ter. El dinero del canon debía destinarse al servicio de aguas, pero terminó desembolsado en obras de arte, dice la jueza.
En su escrito, la magistrada Elena Román expone que “con el conocimiento y aprobación” de Carles Puigdemont, el Ayuntamiento de Girona “realizó una operación para ocultar” que los pagos para adquirir las obras de arte del fondo Santos Torroella iban a ser a cargo del canon del agua, cuando en realidad dichos fondos, según el contrato de suministro, debían dedicarse al saneamiento y mejoras en la red de aguas.
Mediante un “artificio” contable, continúa la jueza, el Ayuntamiento liderado por Puigdemont provocó una “sustancial merma en el patrimonio” municipal “en una área tan sensible como el agua” al invertir el dinero del canon en obras de arte. En concreto, según los pagos del Ayuntamiento de Girona recogidos en el escrito de la jueza, el consistorio destinó 3,9 millones de euros en comprar las obras de arte del fondo Santos Torroella que en realidad deberían haberse dedicado al mantenimiento de la red de saneamiento del agua.
La operación, además, generó “un incremento de las tarifas que injustificadamente soportaron los usuarios del servicio del agua”, apostilla la instructora. La Fiscalía Anticorrupción ya señaló en 2018 a Puigdemont por el presunto desvío de fondos en su etapa como primer edil -ostentó la alcaldía entre 2011 y 2016. Las pesquisas se centraban en un fondo de arte que compró el Consistorio en 2014, para ver si los fondos salieron de la empresa de aguas cuando en realidad debían dedicarse a mejoras en el circuito de suministro.
En concreto, la investigación busca determinar el origen del dinero con el que se adquirió el fondo de arte Santo Torroella y su posible relación con fondos públicos vinculados a la renovación de la concesión del agua a la empresa mixta Agissa, que se firmó en 2013 con Puigdemont en la Alcaldía, o a cargo del presupuesto municipal de 2014.
Puigdemont: “Buscan la extradición”
Tras conocerse la petición de la jueza de Girona, Puigdemont ha asegurado que, hace un año, su abogado ofreció al fiscal su “declaración voluntaria”. “El intento de enfangarme alegremente era claro y yo lo quería cortar de raíz”, ha dicho en un mensaje de Twitter.
Según el expresident, la Fiscalía rechazó su declaración: “Ellos sabrán por qué razones han decidido esperar a este momento. Yo tengo sospechas más sólidas que sus acusaciones. Buscan la extradición, 'sea como sea'”.
A falta de saber si el Supremo acepta la exposición razonada remitida por la jueza de Girona, la situación jurídica actual del expresident de la Generalitat permanece a la espera de que el Parlamento Europeo decida si le levanta la inmunidad que tiene como eurodiputado. El juez belga que debe decidir si entrega a Puigdemont a España por sedición, tal y como solicitó el Supremo tras la sentencia del procés, optó por dejar en suspenso la resolución de la euroorden hasta que la Eurocámara resuelva si retira la inmunidad del expresident catalán.
El propio Puigdemont explicó, en una entrevista en 2014, que la compra de las obras de artistas como Dalí, Picasso o Tàpies y de la documentación del fondo costó 3,9 millones de euros. El consistorio, según el exalcalde, abonó 2,3 millones, mientras que el resto de la compra fue costeada gracias a subvenciones de la Diputación de Girona y de la Generalitat. La compra de las obras de arte no estuvo exenta de polémica: sólo CiU votó a favor de quedarse con el fondo.