El Tribunal Supremo ha puesto en marcha la maquinaria necesaria para juzgar a Alberto Casero, diputado del PP, por varios contratos supuestamente irregulares firmados en su etapa como alcalde de la localidad extremeña de Trujillo. El juez instructor entiende que puede ser acusado de delitos de prevaricación y malversación y propone a las partes elevar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder proceder penalmente contra él.
Alberto Casero, diputado del Partido Popular que consiguió que la reforma laboral del Gobierno saliera adelante gracias a su voto erróneo a favor, está imputado por diversos contratos firmados entre 2017 y 2018 cuando era alcalde de Trujillo. Contratos, por ejemplo, para contratar a un psicólogo con fondos municipales para atender a víctimas de violencia machista, o también para organizar la Feria del Queso de la localidad.
Según el juez que investigó el caso, Alberto Casero cometió a sabiendas irregularidades en todos estos contratos. Actuó, dice el instructor, “incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso”. Su manera de actuar en todos estos procesos de contratación como alcalde, añade, “no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas” sino que también suponía “elusión de los mecanismos de control”, entre otras cosas.
El propio casero compareció como imputado y reconoció ante el juez estas irregularidades, aunque negando que pudiera tratarse de un delito. El juez explica ahora que no sólo hay un posible delito de prevaricación sino también otro de malversación, penado con cárcel. Los investigadores han puesto el foco, en total, en cinco contratos, convenios y facturas que costaron 94.000 euros de las arcas municipales sin informar al consistorio y sin informes ni expedientes de contratación.
Su condición de aforado, al ser diputado del Congreso, implica que antes de poder procesarle y sentarle en el banquillo debe obtener el visto bueno de la cámara baja. Por eso el juez ha llevado su exposición razonada para que se envíe un suplicatorio al propio Congreso.
El juez acusa a Casero de equiparar su voluntad con la capacidad para poner en marcha estas contrataciones sin pasar por los mecanismos de control del consistorio de Trujillo. “Vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte”, cita por ejemplo el Supremo.
Unos hechos que para el juez son “plenamente subsumibles” en un delito de prevaricación pero también en uno de malversación de caudales públicos, lo que abre una hipotética acusación a una petición de cárcel y no sólo de inhabilitación. Esta exposición razonada le acusa de “haberse excedido en sus facultades de administración del patrimonio del ayuntamiento causando un verdadero perjuicio al mismo”.
La “marca de la casa” de Casero
Este mismo lunes el Tribunal Supremo ha difundido otro escrito del magistrado instructor en el que rechaza archivar la causa a petición del propio Casero. Un auto que refleja los argumentos de defensa del político, entre ellos los que expuso en su declaración como imputado: “Como señaló en repetidas ocasiones el Sr. Casero Ávila en su declaración en sede judicial, los recursos del Ayuntamiento para gestionar la contratación eran extremadamente precarios, y no siendo el orden una marca de la casa”, dicen sus abogados.
Esa “marca de la casa” que reconoció Casero es una falta total de control y comunicación en los cinco contratos investigados por el Tribunal Supremo. La defensa de Casero insistió sin éxito en la teoría de los errores no punibles: “Por más errores administrativos que pudieran existir y que, dado el funcionamiento y precariedad de medios del Ayuntamiento, son perfectamente entendible, todos los trabajos contratados se prestaron”.
La Fiscalía apoyó el movimiento del juez de no archivar el caso. “Nos encontraríamos en estos supuestos ante contratos verbales absolutamente prohibidos por la normativa aplicable”, reprochó el Ministerio Público en uno de sus escritos. “Se deriva de todo ello indicios racionales de una absoluta falta de fundamento en la contratación llevada a cabo por el Sr. Casero Ávila”, dijo la Fiscalía apuntando ya entonces la prevaricación y a la malversación de dinero público.