En diciembre de 2020 el Tribunal Supremo rechazaba una batería de decenas de denuncias y querellas contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. La mayoría fueron inadmitidas y otras fueron derivadas a la Justicia ordinaria sin que, por el momento, ninguna se haya traducido en un juicio. Más de un año después las querellas sobre la pandemia siguen llegando a la sala de lo penal y ahora ponen el foco en la campaña masiva de vacunación y las declaraciones públicas de los responsables políticos.
Una de estas acciones judiciales fue rechazada a finales del pasado mes de enero por la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Iba dirigida, entre otras personas, contra la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el exministro y hoy líder de la oposición en Catalunya, Salvador Illa. La denuncia ponía encima de la mesa delitos de genocidio y lesa humanidad, falsedad documental y faltar a la obligación de promover la persecución de delitos.
La querella, que no presentaba ni una sola prueba de todas las acusaciones que dejó por escrito, se dirigía incluso contra el virus y los “supuestos medicamentos llamados vacunas”. Unas acusaciones que, tal y como explicó la Fiscalía en su informe, se parecen mucho a las rechazadas en diciembre de 2020 por la misma sala, pero ampliando un poco el foco. “Es cierto que en esta ocasión la denuncia se amplía al proceso de vacunación de la población española”, dice la Fiscalía.
La querella afirmaba que se estaba presionando a la población española para vacunarse, que “podemos encontrarnos con una bacteria artificial” y que “debe investigarse si las vacunas han seguido todos los protocolos legales antes de salir al mercado”, entre otras acusaciones dirigidas, sobre todo, contra Carolina Darias.
El Tribunal Supremo, que ha estudiado en torno a un centenar de denuncias y querellas contra el Gobierno, las autoridades sanitarias y los distintos ejecutivos regionales y no necesita en este caso más de una página para contestar a esta querella. “Más allá de suposiciones sobre distintos aspectos, no aporta en definitiva, ningún elemento indiciario de que la omisión de conductas concretas atribuibles a los aforados haya determinado resultados delictivos, ni tampoco de que las vacunas hayan llegado al mercado sin cumplir los requisitos exigibles, o de que se hayan inoculado en la conciencia de que pudieran resultar perjudiciales para el ser humano”, zanja el Supremo.
Esta no es la única querella relacionada con el proceso masivo de vacunación que afronta España desde hace un año que ha estudiado y rechazado el Tribunal Supremo. La misma sala de lo penal, con Vicente Magro como ponente, ha rechazado la querella interpuesta por diversos particulares y asociaciones contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, por un delito de odio. La acusación partía de unas declaraciones realizadas por el dirigente andaluz en Canal Sur Radio en septiembre del año pasado.
“No tenemos capacidad ahora mismo desde el Gobierno andaluz para obligar a los andaluces a que se vacunen por obligación legal, no, si no por obligación y por responsabilidad moral”, dijo Moreno Bonilla para después añadir sobre los docentes que no se han vacunado: “Lo que hemos pedido, evidentemente, o bien desplazarlos a otras tareas en las que no tengan contacto directo pues con los alumnos, y al mismo tiempo que se monitoricen de manera diaria, o sea de manera diaria que es, que tienen que hacerse un test todos los días que vayan a su puesto de trabajo”.
No es delito de odio
Estas palabras se tradujeron en una querella por delito de odio impulsada por varios particulares y dos asociaciones: la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos y la Asociación Libertas Sui Iuris. El Supremo rechazó la querella por primera vez a principios de diciembre y confirmó la negativa a abrir una investigación por delito de odio al presidente de la Junta de Andalucía.
Sus declaraciones, dijo el Supremo, “solo suponen una reflexión sobre lo positivo del gran porcentaje de andaluces que se han vacunado con la vacuna anti COVID, y ciertas recomendaciones tendentes a adoptar las medidas oportunas con respecto al ejercicio de la libertad de decisión de aquellas personas que no se han vacunado”. Recomendaciones y declaraciones que, además, vienen precisamente el máximo responsable de un Gobierno regional con competencias en materia de Sanidad.
Esta Asociación Libertas, según explica su página web, tiene como presidente a Francisco Martínez Peñaranda. Autor de diversos libros sobre la “tiranía de género” o la “apisonadora global”, Martínez Peñaranda fue arropado por Vox poco antes de la pandemia cuando presentó uno de sus libros en Gijón y una de sus obras cuenta con un prólogo de Alicia Verónica Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid y estandarte del partido ultraderechista en la lucha contra el feminismo y los derechos LGTB. También se ha pronunciado a favor del pin parental en Murcia y en contra de la creación de un Observatorio LGTBI en la región.
En los últimos años la asociación ha impulsado acciones judiciales como querellarse sin éxito contra el alcalde de la localidad murciana de Totana por pintar algunos pasos de peatones con la bandera LGTBI y ha apoyado diversas acciones judiciales del pseudosindicato Manos Limpias contra Mónica Oltra y ha recogido firmas contra la vacunación en menores de edad.
La otra asociación que presentó la querella, Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, también se ha mostrado abiertamente contraria a la vacunación de los niños. En su cuenta de Facebook, por ejemplo, han anunciado acciones penales contra distintas consejerías del ejecutivo de la Región de Murcia por los “delitos” que, aseguran, se están cometiendo en la “inoculación” a los niños. En los últimos días, según anunció la Asociación en su canal de Telegram, los tribunales de la Comunidad Valenciana han rechazado una denuncia contra las consejerías de Salud y Educación por el proceso de vacunación de menores. La acusación, según este mismo comunicado, acusaba a los dirigentes de estas consejerías de prevaricación, intrusismo y lesiones.