El Supremo pide explicaciones al Poder Judicial por la última maniobra en favor del juez afín al PP Enrique López
El Tribunal Supremo ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial exigiéndole que en diez días le informe del grado de cumplimiento de la sentencia que anula los nombramientos de Enrique López y Eloy Velasco para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. La mayoría conservadora del Poder Judicial aprobó a mediados de mayo una maniobra para mantener a López -magistrado apartado de los juicios de Gürtel por su afinidad con el PP- y Velasco en la más alta instancia de la Audiencia Nacional pese al fallo del Tribunal Supremo.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional es una histórica demanda europea a España por la ausencia de una segunda instancia dentro del tribunal especial. Aprobada su creación por el Gobierno de Aznar, su puesta en marcha se vino retrasando hasta coincidir con la polémica por las grabaciones en las que el expresidente de la Comunidad de Madrid pedía en una grabación del caso Lezo que se retirara a Velasco del caso del que era instructor.
Eloy Velasco y Enrique López fueron aupados a esa nueva Sala de Apelación por el CGPJ en base a un curso que habían realizado ambos hace más de dos décadas y despreciando otro similar que cursaron otros aspirantes. López es uno de los jueces de referencia del PP, al que durante años trató de meter en el Tribunal Constitucional y que fue recusado del caso Gürtel por su proximidad a este partido.
Pero el pasado marzo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso que pusieron dos magistrados -Manuela Fernández Prado y Carlos Valle- contra los nombramientos de Velasco y López. La sentencia apuntaba a que a los dos ascendidos se les valoró como mérito un curso de menor entidad que el que habían superado los aspirantes que se quedaron fuera. Para entonces, los dos magistrados, más el presidente de la Audiencia Nacional, el también conservador José Ramón Navarro, habían firmado fallos como la sentencia que confirma las penas para los jóvenes de Altsasua.
El CGPJ resolvió que los dos magistrados con más méritos, según el nuevo criterio a raíz de la sentencia del Supremo, eran la recurrente Manuela Fernández de Prado, de corte progresista, y el magistrado conservador Ángel Hurtado. Sin embargo, la comisión permanente del CGPJ, una versión reducida del Poder Judicial también de mayoría conservadora y encabezada igualmente por Carlos Lesmes, decidió que Velasco y López seguirían en la Sala de Apelación, acompañando a los dos magistrados con más méritos, “debiendo concursar para obtener su plaza en propiedad”. En contra votaron los integrantes de esa comisión permanente Álvaro Cuesta y Rafael Mozo.
La decisión causó indignación entre las asociaciones judiciales. La fórmula, dijeron en un comunicado Juezas y Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, “carece de la necesaria claridad por cuanto parece contemplar una adscripción indefinida en el tiempo, lo que consideramos que resultaría contrario a lo fallado por el Tribunal Supremo”. “En tal sentido, solicitamos de esta comisión permanente que aclare cuáles son los límites temporales y funcionales de dicha adscripción”, añadían en su nota.
Los dos vocales discrepantes habían pedido que Velasco y López quedaran adscritos a sus destinos originarios, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, o de forma genérica a la Audiencia Nacional. Las asociaciones judiciales respaldaban este punto.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó el pasado 30 de mayo una diligencia de ordenación, adelantada por vozpopuli.com, en la que concede diez días al CGPJ “a fin de que informe sobre el grado de ejecución de la sentencia” que anulaba el nombramiento de Velasco y López“. El Supremo responde así a un recurso presentado por los recurrentes Manuela Fernández de Prado y Carlos Valle.
