El Tribunal Supremo ha puesto en marcha el proceso para aplicar la recién publicada ley de amnistía a las distintas causas relacionadas con el procés independentista. Tanto el juez Pablo Llarena como la Sala que sentenció el procés como, finalmente, la jueza que investiga a Carles Puigdemont por terrorismo, han pedido alegaciones a las partes para que informen en los próximos días sobre la incidencia de esta ley en todos los casos. Llarena, además, ha recordado que la orden nacional de detención que pesa sobre el expresident catalán y el resto de imputados sigue activa y que, por tanto, serán arrestados si entran en España.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes la ley de amnistía aprobada por el Congreso el pasado 30 de mayo con 177 votos a favor de la mayoría que apoya al Gobierno y los votos en contra de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Una norma que busca el archivo de todas la causas o la revocación de todas las condenas relacionadas con el procés independentista catalán y que tiene incidencia, entre otros, en Carles Puigdemont, todavía imputado por la causa original del procés y ahora también investigado por terrorismo en el caso 'Tsunami Democràtic'.
Distintas facciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han sido las primeras en mover ficha y han pedido a las partes de las diversas diligencias relacionadas con el procés que informen sobre cómo afecta la ley de amnistía a los casos abiertos o ya sentenciados. Tanto el juez Pablo Llarena como la Sala de lo Penal como la magistrada Susana Polo. Una de esas partes que tendrá que informar será la Fiscalía con la previsión de un nuevo conflicto interno: los cuatro fiscales de la causa del procés ya han comunicado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que según su criterio la amnistía no salva a Puigdemont de la acusación de malversación que pesa sobre él en la causa que instruye Llarena.
En el caso de Llarena, que instruyó la causa principal del procés e intenta desde hace años traer a Carles Puigdemont a España para que sea juzgado, recuerda que tanto él como Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira tienen una orden nacional de detención dentro de España. La Policía y la Guardia Civil, explica el juez, “deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”. Carles Puigdemont, en pleno proceso de elección de un nuevo president para la Generalitat de Catalunya al que pretende presentarse como candidato a la investidura, no puede entrar en España sin ser detenido.
El instructor de la causa del procés reconoce que es trabajo del legislativo establecer “los criterios para ser beneficiado por la amnistía”, pero añade que es trabajo del poder judicial “identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación”.
Malversación, desobediencia y terrorismo
La versión final de la ley de amnistía, después de un primer fracaso parlamentario, incluyó los delitos de terrorismo en determinados supuestos. También la obligación de tomar decisiones de forma preferente sobre aquellos casos en los que existieran medidas cautelares impuestas sobre los acusados, como en el caso de Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura dentro de España a la espera de que el juez Llarena decidiera si reactivar o no las órdenes internacionales.
Juzgados y tribunales, sobre todo en Catalunya y en el Tribunal Supremo, mantienen causas abiertas sobre el procés o han dictado sentencias que ya han sido declaradas firmes y que también se pueden ver afectadas por la nueva ley. También la Audiencia Nacional, donde el juez Manuel García-Castellón también ha preguntado a las partes si la amnistía afecta a los investigados en Tsunami Democràtic cuya causa no fue elevada al Tribunal Supremo.