El Tribunal Supremo ha dictado una resolución en la que recuerda a Vox que los jueces no pueden “interferir” en la elección de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Los jueces, según ha sabido elDiario.es, han confirmado la inadmisión de una denuncia en la que el partido de Santiago Abascal pedía imputar al líder del PSOE y a representantes de los partidos independentistas por las negociaciones que desarrollaron para la investidura, incluyendo la ley de amnistía. Los jueces reprochan a la extrema derecha que haya intentado usar el Supremo para frenar un proceso político: “Son actos propios de la actividad política sobre los que esta Sala no puede interferir”, explica el tribunal.
Se trata de una de las múltiples denuncias y querellas que Vox interpuso contra Pedro Sánchez, otros miembros del Gobierno y los socios de investidura con el objetivo, según el propio partido, de frenar su nombramiento como Presidente del Gobierno.
En este caso, la denuncia atribuía delitos de conspiración para la rebelión, prevaricación, cohecho y malversación a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Félix Bolaños así como contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Arnaldo Otegi y los integrantes de la Mesa de Diálogo de Catalunya. Les acusaba de buscar “la subversión del orden constitucional” y “asegurar la impunidad absoluta en caso de ejecutar la separación de Cataluña del resto de España”.
La sala que preside Manuel Marchena, tal y como reveló este periódico, decidió inadmitir la denuncia al no ver indicios de delito en esas negociaciones políticas. Vox volvió a la carga con un recurso, ahora también rechazado, en el que decía que los hechos le daban la razón: lo que antes reconocen que eran “meras conjeturas” o “actos preparatorios” ahora, una vez nombrado Presidente, constituye hasta cuatro delitos distintos.
Los jueces, en primer lugar, reprochan a Vox que vaya añadiendo hechos políticos nuevos a sus denuncias para intentar que prosperen. Incluso, recuerdan, cuando la denuncia que afirman estar ampliando ya fue inadmitida en firme hace meses. Pero la magistrada Carmen Lamela, ponente del auto, va más allá en sus razonamientos y explica que las negociaciones políticas entre partidos para una investidura no pueden ser objeto de estudio penal.
“Las negociaciones entre las fuerzas políticas para articular una mayoría que permita la investidura de un Presiente de Gobierno son actos propios de la actividad política sobre los que esta Sala no puede interferir”, dice de forma clara la Sala de lo Penal a la petición de Vox de que el Presidente del Gobierno y parte de su gabinete sean imputados por buscar la investidura.
Sobre las alusiones a la ley de amnistía, los jueces explican que cualquier análisis sobre eso será cosa del Tribunal Constitucional y no del Supremo. “Correspondiendo al Tribunal Constitucional y no a este Tribunal determinar si efectivamente las leyes aprobadas o que puedan aprobarse son conformes con ordenamiento constitucional”, añade el auto antes de rechazar este recurso de Vox. “El archivo de las actuaciones era procedente”.
Intento fallido de paralizar la investidura
El partido de Santiago Abascal puso en marcha en varios frentes su oposición a la investidura de Pedro Sánchez. En el parlamento, donde votaron en contra, en la calle, apoyando las manifestaciones de la calle Ferraz que han terminado en disturbios, y finalmente en los tribunales. Intentaron sin éxito que el Supremo paralizara de forma cautelarísima los debates de investidura presentando una querella todavía pendiente de admisión o inadmisión.
Allí donde Vox vio una necesidad urgente de paralizar la investidura, el Supremo entendió que no existían elementos “que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno”.
En el caso de esta denuncia, el partido de extrema derecha ha ido presentando ampliaciones y recursos contra la primera inadmisión para intentar superar el primer filtro de los jueces de la Sala de lo Penal, algo que no han conseguido ni una sola vez en los últimos años con distintos pleitos interpuestos contra rivales políticos y miembros del ejecutivo central.
La dinámica habitual del partido de Abascal, consistente en anunciar y difundir sus querellas y denuncias y después callar cuando el Supremo les notifica auto tras auto de inadmisión y archivo, se repite en este caso. El auto del tribunal que revela hoy elDiario.es fue dictado a mediados del mes de diciembre y se trata de una resolución contra la que “no cabe recurso alguno”, dice el auto.