Durante su discurso ante el Pleno de la Cámara en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Comunidad, Díaz ha querido dejar claro que su Gobierno no va a mantenerse “callado e impasible” ante los “atropellos” del Gobierno central a Andalucía, que cuentan con el “aval y la complicidad” del PP-A, grupo mayoritario en la Cámara autonómica.
Según Susana Díaz, mientras Andalucía “cumple con sus compromisos, lamentablemente, el Estado no cumple con su compromiso” con esta comunidad.
Ha recordado que Andalucía cumplió en el año 2013 con el objetivo de déficit y con el de endeudamiento, algo que no logró la administración central, al tiempo que, con un 19,2 por ciento del PIB, el nivel de endeudamiento de esta comunidad se encuentra muy por debajo de la media del conjunto de comunidades, así como el de sus empresas públicas (0,1 por ciento del PIB, frente al 0,6 por ciento de media“.
“Y este es el despilfarro andaluz que tanto pregonan algunos”, según ha expresado la presidenta, apuntando que despilfarrar “es aprobar amnistías fiscales, regalar décimas del objetivo de déficit a Bruselas o adelantar 1.300 millones de rescate bancario”.
Ha indicado que las tareas de inspección de la Junta en su lucha contra el fraude fiscal han permitido aflorar 375 millones de euros y si el Gobierno central se hubiera empleado con el mismo “tesón” habrían aflorado más de 6.800 millones a nivel nacional, lo que hubiera supuesto más dinero para la creación de empleo.
Díaz ha afirmado que, sin duda, Andalucía está “cumpliendo”, en un contexto en el que hay un sistema de financiación autonómica “extraordinariamente lesivo” para esta comunidad, que ha dejado de percibir 3.456 millones de euros en las liquidaciones de 2009 a 2012.
La presidenta autonómica ha mostrado su preocupación por la “negativa” del Gobierno central a modificar el actual modelo de financiación, “incumpliendo” la LOFCA, el artículo 177 del Estatuto de Autonomía y hasta su propia palabra, ya que se comprometió a llevar a cabo la reforma en este ejercicio, paralelamente a la reforma fiscal.
Esta “paralización” de la financiación autonómica, según la presidenta, significa “lisa, clara y llanamente, dinamitar el estado del bienestar y socavar los servicios públicos esenciales”. “Significa un ataque en toda regla a la sanidad, la educación, la dependencia, la igualdad de oportunidades, la innovación, el desarrollo y a la creación de empleo”, ha apuntado.
La presidenta también ha querido poner de manifiesto en su intervención el “incumplimiento escandaloso” de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, lo que ha ocasionado que el Gobierno central haya dejado de invertir en esta comunidad 2.300 millones, a los que hay que sumar los más de 5.900 en concepto de liquidaciones del sistema de financiación, que están recurridas en los tribunales.
Díaz ha cifrado en 8.000 millones la cantidad que Andalucía ha dejado de percibir en los últimos años, “mucho dinero con el que podrían hacerse muchas cosas que las familias, empresas y trabajadores andaluces necesitan”.