Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la filial del Canal de Isabel II en Colombia, confesó el pasado mes de julio al juez Manuel García Castellón que esconde una comisión de dos millones de euros en Suiza, a repartir entre Ignacio González, antiguo presidente de la Comunidad de Madrid y él, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. Al igual que González, Rodríguez Sobrino se encuentra en prisión provisional desde que estalló la Operación Lezo el pasado mes de abril.
Esos dos millones fueron desviados de la compra por parte de Inassa de la empresa brasileña Emissao en el año 2013. Rodríguez pilotó una operación en la que interpuso una sociedad uruguaya para comprar el 75% de esa compañía, que abría al Canal las puertas del mercado brasileño. Se abonaron por ella 21 millones de euros, pero al poco tiempo su valoración cayó hasta los cinco.
Durante su confesión, adelantada por El Mundo, Rodríguez Sobrino aseguró al juez que la parte destinada a Ignacio González nunca llegó a manos del expresidente de la Comunidad de Madrid. Los investigadores intentan confirmar los extremos de la declaración de Rodríguez Sobrino y desconfían de algunos aspectos, como el hecho de que González no se terminara por hacer con su parte, precisaron las fuentes consultadas.
La confesión de Rodríguez Sobrino se produce después de que una comisión judicial española, integrada por la fiscal Carmen García y agentes de la UCO, encontrara en una vivienda del expresidente de Inassa en Barranquilla (Colombia) pruebas del desvío de fondos, incluidos 262.000 euros en metálico.
En el piso, a nombre de su hija Patricia, también había documentación que acredita una serie de transferencias de una cuenta en Suiza a sociedades tras las que se esconde el testaferro de Ignacio González. Ese hallazgo se produjo en junio.
El avance de la investigación ha permitido relacionar a la hija de Rodríguez Sobrino con el presunto desvío de fondos. Antes de su confesión, el expresidente de Inassa cambió de abogado y contrató los serivicios de José Antonio Choclán, que también defiende a su hija Patricia.
El juez García Castellón ha adelantado la declaración como imputada de la joven a este mismo miércoles. La instrucción apunta a que el expresidente de Inassa puso a nombre de su hija distintos fondos y propiedades procedentes de la malversación de los fondos de la empresa pública Canal de Isabel II.