El juez de Toledo Florencio Rodríguez Ruiz ha requerido al Ayuntamiento de la ciudad toda la documentación referida a la concesión en 2007 de un contrato de recogida de basuras a una filial de Sacyr, obtenido por la empresa a cambio de una mordida del 3% por ciento para el Partido Popular, según declaró Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional. En su resolución, a la que ha tenido acceso eldiario.es, Rodríguez Ruiz también cita al economista municipal Fernando Arredondo para que declare en calidad de “perito-testigo” el próximo 28 de abril.
El miércoles pasado, el mismo día que Luis Bárcenas volvía a hablar de la contabilidad “paralela” del PP en un juzgado de Madrid , el magistrado de Toledo dictaba las primeras diligencias del otro caso todavía abierto por los ‘papeles’ del extesorero. Las dos causas -la que investiga la destrucción de los discos duros y la de Toledo- son consecuencia de las averiguaciones realizadas en la Audiencia Nacional hasta que consideró que dejaba de ser competente para avanzar en las mismas.
Ruz llegó a imputar a 23 empresarios cuyos nombres o los de las sociedades que presidían aparecían los ‘papeles de Bárcenas’. Tras dos años de instrucción, informes policiales y tomas de declaración a todos ellos en calidad de imputados, el juez archivó la causa en lo que a ellos concernía al no poder demostrar que sus donaciones de dinero negro al PP fueran a cambio de una adjudicación concreta, lo que hubiera constituido un delito de cohecho. Ocurrió así con todos, excepto con uno, Luis del Rivero, presidente de la gran constructora Sacyr en el momento de las donaciones.
Bárcenas siempre ha defendido que las donaciones en b no eran finalistas, salvo en una ocasión. Se trata de la entrega de 200.000 euros que él habría recibido de Sacyr y que, a su vez, entregaría al gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, quien firmó un recibí que el extesorero del PP nacional entregó a Ruz. El destino del dinero era la campaña electoral de María Dolores de Cospedal a la Presidencia de la Comunidad de Castilla-La Mancha en 2008. “La única opreación irregular que se ha hecho aquí es la de María Dolores en Castilla-La Mancha”, llegó a afirmar.
Los 200.000 euros del recibí equivalen al 3,2% de los 6,1 millones a los que ascendió la adjudicación del contrato para la recogida de basuras en Toledo, por espacio de diez años, a Sufi, una filial de Sacyr. Ahora el juez reclama el “testimonio íntegro” del acta de la reunión de la Junta de Gobierno municipal celebrada el 23 de mayo de 2007, en la que se aprobó la concesión. También toda la documentación, “si la hubiere”, que se estudió en aquella reunión.
Cuando Ruz remitió la causa a Castilla-La Mancha no pasó de aludir a un presunto delito de prevaricación administrativa. Sus indagaciones en la concesión así lo apuntaban. Del posible soborno tenía la declaración de Bárcenas, el recibí de Cañas, 11 citas en su agenda con Luis del Rivero y una más con Cospedal el día antes de que se aprobara la adjudicación. Además de varias contradicciones entre ellos. Del Rivero mintió primero y dijo no haberse reunido con Bárcenas de gerente del PP. Hasta que se publicaron las anotaciones y rectificó. Por su parte, Cañas declaró en la Audiencia Nacional que firmó el recibí, pero nunca recibió el dinero. Lo hizo, adujo, porque Bárcenas le daba miedo. En contra está el testimonio de Cospedal, también ante el juez, al hablar de los 200.000 euros como una transferencia de la tesorería nacional a la local para gastos electorales.
En su resolución, Ruz evitó apuntar al cohecho, pero dejaba un mensaje: el juez que se hiciera cargo del caso deberían determinar si hay “suficientes indicios de resposabilidad frente a persona o personas que, habiendo aparecido identificadas en el curso de la investigación, pudieran, por su aforamiento, motivar una ulterior inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha”.
Ocho meses para tomar la primera declaración
Una vez examinada la documentación llegada de la Audiencia Nacional, el juez Florencio Rodríguez Ruiz, sin embargo, calificó los hechos como susceptibles de constituir un cohecho, además de la citada prevaricación administrativa. El magistrado de Toledo ha tardado cinco meses en ordenar las primeras diligencias y los tiempos que marca en su auto no parece que vayan a acelerar el ritmo de las investigaciones. No exige que la documentación le sea entregada “a la mayor brevedad” y fija la comparecencia del “perito-testigo” para casi dentro de otros tres meses.
Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), encargado por Ruz, concluye que no hubo irregularidades administrativas en la concesión, pero sí después. Una vez iniciada la fase de ejecución se produjo un conflicto laboral por la actualización de salarios del personal adscrito a la concesión. Se resolvió con un acuerdo entre Sufi y los trabajadores el 21 de mayo de 2007 con la modificación del convenio colectivo.
Para poder dotar a ese acuerdo, Pineda, como concejal de Hacienda, firmó un protocolo que fue ratificado dos días desués por la Junta de Gobierno, con José Manuel Molina de alcalde. Habían pasado dos meses de la adjudicación y quedaban cuatro días para las elecciones municipales. El Ayuntamiento apagaba un incendio en el tramo final de la campaña electoral, pero a costa de incrementar en 11,3 millones de euros el presupuesto destinado para la recogida de basuras durante los siguientes 10 años.
Entre la documentación que reclama ahora el juez Rodríguez Ruiz se incluye el testimonio del expediente y la resolución administrativa que se dictó para declarar como “asunto de urgencia” la ratificación del protocolo firmado entre el Ayuntamiento de Toledo, Sufi S.A y el comité del servicio de limpieza. De igual forma, pide al Consistorio que identifique a la persona que expuso a la Junta de Gobierno “el contenido y las consecuencias” del citado protocolo. Si se emitió una propuesta previa de resolución, también debe ser aportada.
Por ahora, están imputados varios miembros del círculo de confianza de María Dolores de Cospedal en aquel momento, además del citado Cañas, Lamberto Pineda, tesorero y en el momento de la adjudicación vicealcalde de Toledo y concejal de Hacienda. También siguen imputados el exalcalde de Toledo José Manuel Molina; y el entonces presidente de Sacyr Luis del Rivero; y su vicepresidente y hoy al frente de la compañía, Manuel Manrique. De los indicios que acumule el juez con las primeras diligencias dependerá que los llame a declarar.