Álvaro Pérez, el Bigotes, el fontanero que montaba los mítines de Mariano Rajoy y le abría paso en la plaza de toros de Valencia, el invitado a la boda de Estado de la hija de José María Aznar en El Escorial cuando este era presidente, el “amigo del alma” con el que intercambiaba confidencias y cariños Francisco Camps al frente de la Generalitat, ha perdido la camisa, la corbata y la honra de aquellos días felices.
Ahora camina hacia el edificio de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, al este de Madrid. Son las 9.40 del martes. Pérez viste pantalón oscuro, polo blanco, jersey rojo anudado a la cintura y dos pares de gafas: las de sol, puestas; las de ver, enganchadas a los botones bajo el cuello.
El grupo de preferentistas que espera a los acusados de la tarjetas black citados en otra sala de la misma sede judicial a la misma hora le llama chorizo un par de veces. Pérez desafía a los manifestantes con la mirada desde la cola donde espera a acreditarse, junto a los otros 36 procesados en el juicio a la primera era del caso Gürtel.
Dentro, en el recibidor, aguarda el resto de los acusados que también ha hecho el vergonzante paseíllo entre las cámaras y la gente que protesta. Muchos de los nombres ilustres de Gürtel -Guillermo Ortega, el exalcalde de Majadahonda, José Luis Izquierdo López, contable de la trama- también han abandonado el vestuario prohibitivo de los años de vino, rosas y mayorías absolutas del PP.
El más informal, con chaleco de supervivencia color caqui y polo verde eléctrico, es José Luis Peñas, el concejal del PP en Boadilla del Monte que allá por el otoño de 2008 empezó a grabarlo todo, el mismo que captó la voz de Francisco Correa jactándose de que él personalmente llevó a casa de Bárcenas 1.000 millones de pesetas de dinero negro procedente de comisiones ilegales.
En este pleito Peñas es el apestado. La mayoría de defensas intentará anular sus pruebas (20 horas de grabaciones que retratan a los imputados) en un juicio que se extenderá durante meses y cuyo final más probable es el Tribunal Supremo. Su soledad se nota en los corrillos.
Mientras Luis Bárcenas, el tesorero de los 48 millones en Suiza, y Correa, presunto cerebro de la red, departen en el centro del hall, y Pablo Crespo, otro de los cabecillas, se pasea siempre del brazo de su abogado, Miguel Durán, exdirector general de la ONCE, Peñas deambula sin compañía a la espera de que la funcionaria recite su nombre en la lista de procesados para ir entrando al banquillo.
Está ordenada en función del papel de cada uno en la trama. Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo López, contable de Gürtel y el hombre que hizo la segunda peineta más famosa de este caso a la prensa trás Bárcenas, e Isabel Jordán, administradora de varias de las sociedades y que trata de ocultarse de la cámara que lo registra todo mirando al suelo y con el pelo ante el rostro, se sientan en la primera fila.
La secretaria judicial recita una ristra interminable de delitos y penas. Asociación ilícita, cohecho, fraude, falsificación documental, exacciones fiscales, inhabilitación para cargo público, años de prisión... La lista se hace interminable y pastosa en una sala hiperpoblada.
Crespo, él sí con traje y corbata, toma alguna nota en un papel. De vez en cuando bisbisea algo a Correa, sentado a su izquierda, que permanece muy serio. Entre ambos, suman 210 años de cárcel en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Al fondo, en la penúltima fila, el Bigotes, más distendido, trastea con su móvil. En este primer juicio se le acusa de cohecho y se enfrenta a una posible condena de cinco años de prisión.
En las sillas del medio, Bárcenas sí conserva su traje y el porte de tesorero del Partido Popular. El rastro del dinero desde Suiza lo ha llevado al banquillo, tanto a él como a su mujer, Rosalía Iglesias. Su última maniobra ha sido citar como testigos a las viejas glorias del PP: desde Francisco Álvarez Cascos a Rodrigo Rato, pasando por Javier Arenas y Esperanza Aguirre, todos deberán desfilar por la Audiencia Nacional a explicar sus tratos con Correa y cía. Quienes le tratan asegura que está más preocupado por su esposa que por él mismo, pese a que le pueden caer 42 años y seis meses.
Dos acusaciones particulares solicitaron además que también comparezca Mariano Rajoy. Su argumento es doble: el PP resultó beneficiado por el entramado de Correa y hay indicios de que Bárcenas se quedó parte de las comisiones que iban al partido.
“Rogaría a la sala que la citación del testigo no es en función de lo que hoy es sino de lo que fue. Que sea presidente del Gobierno en funciones es irrelevante a los efectos de su participación en los hechos”, insistió el letrado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. El Partido Socialista madrileño se adhirió a esa petición que, según las fuentes consultadas, no tiene demasiados visos de prosperar.
La nómina de abogados presentes en la sala compite en fama con los protagonistas del caso: Javier Gómez de Liaño, el juez apartado de la carrera por prevaricar, que fue interrumpido cuando intentaba dudar de la imparcialidad de la justicia, el propio Durán, tertuliano de Intereconomía, que utilizó su turno para quejarse del tratamiento que la prensa hizo del caso, y el último fichaje de Correa: Juan Carlos Navarro, que vuelve a asumir la defensa de un cliente que abandonó cuando arreciaron los primeros escándalos.
La secretaria emplea una hora y 23 minutos en comunicar todas las acusaciones. Su locución se hace pesadísima. Ana Mato, la exministra de Sanidad, se la ha ahorrado. Tiene una silla reservada con su nombre como beneficiaria a título lucrativo de la trama corrupta -por eso tuvo que dimitir- pero ha declinado estar en el juicio acogiéndose a su derecho porque ella no está procesada.
Su marido, sí. Jesús Sepúlveda es otro de los nombres del clan de Valladolid, que llegaron de la mano de José María Aznar a la sede del PP en la calle Génova sobre los que recaen acusaciones gravísimas. Se sienta en el banquillo por las tropelías cometidas durante su mandato en el Ayuntamiento de Pozuelo, capital del lujo inmobiliario y donde reside la élite empresarial y política madrileña.
Sepúlveda, el alcalde que se encontró un Jaguar en el garaje, el de las juergas de tres días a cargo de las sociedades de Gürtel, conserva el traje pero está muy desmejorado. Al alcalde que gobernaba desde el todoterreno de lujo un feudo histórico del PP y residía en la majestuosa urbanización de La Finca, donde viven los millonarios madrileños, casado con un valor en alza en el partido, el escándalo lo ha dejado sin Ayuntamiento, sin partido y sin familia. Y con una amenaza de 15 años de cárcel.
Sepúlveda ejemplifica como ningún otro la ruina de una generación política que con sus aplastantes mayorías absolutas se creyó por encima de la ley. La que de aquí en unos meses juzgará la Audiencia Nacional. Y es solo el principio: tras Gürtel I, vendrá Gürtel II, que analizará los desmanes de la trama en una época anterior, el juicio a la caja B del PP. Y en Valencia está visto para sentencia el caso Fitur, el presunto amaño de la adjudicación de una caseta en la feria de Turismo a la trama de Correa, Crespo y compañía.