La “trastienda” de los fumaderos de marihuana

En los últimos años han proliferado en España, sobre todo en Cataluña y País Vasco, y en menor medida Madrid, los clubes de cannabis o fumaderos de marihuana, que en algunos casos y bajo el paraguas de una asociación legal, esconden en su trastienda una actividad ilegal: el tráfico de drogas.

No ha habido en España golpes policiales importantes a esta actividad, pero uno de ellos, el que asestó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Barcelona en mayo tras año y medio de investigación -“a pelo” muchos meses, es decir, sin intervenciones telefónicas ni otras técnicas- puso al descubierto un “modus operandi” idéntico al de los grupos organizados.

Por supuesto, según indican expertos consultados por Efe, no todos los “smokers club”, como también son conocidos, funcionan igual, pero las investigaciones llevadas a cabo sobre algunos de ellos han arrojado luces reveladoras de que detrás de casi todos hay una red dedicada al cultivo de marihuana y a su comercialización.

La operación de la UCO en la Ciudad Condal se saldó con la detención de 14 personas, entre ellos el presidente de la asociación cannábica investigada -ya en la cárcel-, y con el descubrimiento de cinco plantaciones en sendos chalés de la periferia de Barcelona.

El resultado de las pesquisas permitió atribuir a la red los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

Pero, ¿cómo empieza todo? En principio, de forma legal. Porque aunque la marihuana es una droga fiscalizada por las convenciones de Naciones Unidas, a las que España está adherida, su autoconsumo compartido en pequeñas dosis y dentro de un club es legal, como lo es también la constitución de asociaciones cannábicas.

De hecho, en general estas asociaciones se inscriben como entidades sin ánimo de lucro y, como en el caso de la de Barcelona, con el objetivo de promocionar la cultura y divulgar las terapias naturales en las que se usa cannabis y otras plantas con principios estupefacientes para el tratamiento de enfermedades.

Comercio al por menor de semillas, abonos, flores, plantas y pequeños animales era la actividad declarada de la asociación que sustentaba el club barcelonés.

¿Qué dice la jurisprudencia al respecto? Según se desprende de las sentencias del Tribunal Supremo, para que ese autoconsumo compartido no sea ilegal, la asociación debe estar constituida por usuarios que se agrupen para consumir esa sustancia y que éstos estén “identificables”.

Y para que se considere un “acto íntimo sin trascendencia pública”, no puede congregarse a muchas personas, el club no debe estar abierto a un número indiscriminado de socios, el consumo debe ser inmediato, el cannabis no debe salir del local, no puede almacenarse y la cantidad a manejar debe ser “reducida e insignificante” para consumo en una sola sesión o encuentro.

En casos investigados por la Guardia Civil se ha comprobado que el número de socios ha llegado hasta 6.000 y que cada uno de ellos autoriza al club a disponer de una planta de su propiedad para que sea cuidada junto a la del resto por otras personas.

Desde luego, si se cumplen todos los requisitos, incluidos los administrativos, el club de fumadores es legal. Solo en Cataluña hay unos 200. Pero ahora entra en juego el llamado “efecto de la puerta de atrás”, o lo que es lo mismo, ¿cómo se abastece el local?, ¿quién compra la marihuana?, ¿cómo se transporta y quién lo hace?.

El Grupo de Drogas de la UCO han necesitado un año y medio para dar respuesta a esas preguntas. Una investigación de quince agentes que comenzó “a pelo” con el seguimiento a camiones que repartían por cinco polígonos industriales de Cataluña grandes bolsas con restos de plantas de marihuana.

Su seguimiento llevó hasta seis chalés de la periferia de Barcelona, aunque finalmente los agentes entraron en cinco, donde descubrieron sendas plantaciones (unas mil plantas en cada una) y todo la infraestructura y efectos necesarios para su cuidado y envasado. Unas labores que realizaban los inquilinos a sueldo de la organización.

Un vistazo a los cuadros eléctricos, lámparas y a los numerosos aparatos de aire acondicionado semiocultos dejaban claro que no eran los habituales de una vivienda normal.

De hecho, la energía eléctrica se desviaba a las casas desde la red general, lo que ha supuesto para la compañía una defraudación de un millón de euros en un año, según unos cálculos que cuantifican en 18 horas el tiempo diario de todo ese aparataje encendido.

Cada plantación se encontraba en una fase distinta de crecimiento, de tal manera que la organización siempre contaba con marihuana suficiente para el club, cuyos responsables no figuraban para nada en el contrato de alquiler que las personas que cuidaban la plantación habían suscrito con los dueños de las viviendas.

Éstos, que desconocían la actividad, recibían el dinero del alquiler en metálico de manos de los arrendatarios, que, a su vez, se dirigían al local de la asociación para recogerlo.

Tras ser empaquetada la droga en grandes bolsas, se trasladaba en vehículos, y con importantes medidas de seguridad, hasta el club y la casa de su presidente, situada en el piso superior, donde se descubrió una gran cantidad de cannabis.

Según han resaltado a Efe los investigadores, toda una actividad enmarcada en el crimen organizado: grupo jerarquizado, distribución de funciones de sus miembros, blanqueo de capitales, etc... La UCO lo ha demostrado.