Testigo privilegiada de la inmunidad electoral de la que goza el PP madrileño respecto a los graves casos de corrupción del 'aguirrismo', Isabel Díaz Ayuso ha elegido para número 3 de la formación que preside desde mayo a una imputada en los tribunales. El caso de Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos, se desarrolla en medio del poder municipal de la formación en la Comunidad, el mismo ecosistema donde se fraguó la trama Púnica. Precisamente en esta causa judicial durmió cuatro años la denuncia que ha derivado en la imputación en un juzgado de Navalcarnero de la nueva vicesecretaria de Organización del PP de Madrid.
Todo comenzó con la interceptación de un comprometido correo electrónico por el Gobierno municipal que relevó al PP en 2015. “Buenos días, Paco”, comenzaba el mensaje que la la concejala de Juventud de Arroyomolinos había enviado el 20 de junio de 2012. En el mismo reclamaba a su interlocutor unos pagos atrasados de una hipoteca y los gastos de comunidad de un inmueble. Resultó que Paco es Francisco Vicente Roselló Baldó, dueño de tres empresas que facturaron 660.915,21 euros a la Concejalía que dirigía Ana Millán e imputado ahora junto a ella. “Un beso y nos vemos. Ana”, se despedía la concejala.
El 30 de marzo de 2016, el equipo de Gobierno de Arroyomolinos puso una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Durante el relevo en el Ayuntamiento, creían haber encontrado información relacionada con la pieza del caso Púnica relativa a los contratos de los ayuntamientos del PP con Waiter Music para las fiestas patronales que se seguía en el juzgado del que por entonces era titular Eloy Velasco.
“Cuando tomó posesión el nuevo equipo de Gobierno, el primer día se estaba destruyendo documentación de la Concejalía de la Concejala delegada de Juventud, doña Ana Millán. En ese mismo momento, se dio orden por parte del actual alcalde de paralizar la destrucción de documentación que estaba en tres bolsas de basura en el despacho de su concejalía”, recogía la denuncia.
El pasado lunes, el alcalde que firmó entonces aquella denuncia, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, prestó declaración en el juzgado de Navalcarnero. Confirmó los hechos y ofreció algún detalle más, como que cuando tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo, envió a dos personas de su confianza y que una funcionaria municipal puso bajo llave las bolsas de basura. Tras meses de análisis por los técnicos acudieron a la Audiencia Nacional.
Tres de los concejales que firmaban esa denuncia gobiernan ahora con Millán: dos siguen en Ciudadanos y un tercero creó un partido local. Ahora aseguran que en 2015 cumplieron con su deber y que ahora toca preservar la presunción de inocencia. Solo si Millán llega a sentarse en el banquillo y es condenada en primera instancia solicitarán su dimisión.
El rompecabezas inabarcable en el que se ha convertido la causa Púnica retrasó cuatro años las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción sobre los hechos denunciados. La información sobre Waiter Music, concluían los fiscales, se refería a un posible delito de prevaricación administrativa que estaría prescrito. Pero la que aludía a Neverland, la empresa de Roselló, se refería a un delito aún vivo jurídicamente, si bien no tenía relación con los hechos investigados en Púnica, por lo que correspondía derivarlo al juzgado local competente.
Esa afirmación de Anticorrupción es lo que vale al PP y al entorno de Ana Millán para desmentir que esté investigada por corrupción. Se trata, según ellos, de un posible delito de prevaricación que, por supuesto, niegan que se diera. Ni el anterior magistrado del caso, José Luis García Marfil, ni la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, que ha regresado a su plaza recientemente, han hecho calificación jurídica por el momento.
Fueron los agentes del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, al efecto de explicar a Millán y Roselló el motivo por el que les citaban en sede policial, quienes escribieron que los hechos podrían constituir fraude a la administración, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, en el caso de la actual alcaldesa. Millán se negó a declarar ante ellos y luego ha intentado que la magistrada no les entregue el vídeo de su declaración en el juzgado.
Fuera de la política, Ana Millán tiene cotizados 607 días en la empresa privada. Concretamente, en un periódico local de nombre La Luna Informativa. A partir de 2003, cuando se convierte en concejala, sus remuneraciones proceden del Ayuntamiento de Arroyomolinos o de la Comunidad de Madrid, que la acogió laboralmente cuando el PP perdió el poder en el municipio, entre 2015 y 2019. Ese último año volvió a la política municipal, ya como alcaldesa gracias al apoyo de Vox.
De la trayectoria de Millán poco se sabe. No hay biografía publicada en la web del Ayuntamiento ni ahora en la del PP madrileño. No consta qué estudios ha cursado ni siquiera su año de nacimiento, aunque este se adivina por la dirección de correo electrónico –ahora sin uso, según la Guardia Civil– desde la que escribió el correo que la compromete, 1977. Esa dirección también delata su debilidad por Chiquito de la Calzada. El año de su nacimiento se acompaña con uno de los inconfundibles calificativos que popularizó el humorista ya fallecido.
Millán afirma que era la Junta de Gobierno quien aprobaba las concesiones a Roselló y que los ingresos que recibió del empresario responden al alquiler del ático que posee en la Plaza Mayor de Arroyomolinos por parte de una empresa del mencionado. Si éste le pagaba alrededor del precio de mercado fue porque quiso incluir en el contrato que el alquiler fuera con un derecho a compra que nunca ejerció.
Del análisis del correo, de las cuentas de Ana Millán, de los contratos percibidos por el empresario y otras indagaciones obtuvo otras conclusiones la Guardia Civil: Roselló le pagó a Ana Millán 44.462,67 euros de la hipoteca de su ático, que ascendía a 130.000 de los 180.000 que le costó el inmueble. En el correo no se alude a ningún contrato de alquiler sino a una de las ocho revisiones que sufrió la hipoteca de Millán, de tipo variable: “Como te indiqué en marzo, con la revisión de la hipoteca, la cuota quedaba establecida en 853,79 euros”.
La investigación también ha dejado claro que para Roselló no era un negocio rentable el alquiler. Pagaba más de 900 euros con la comunidad y se lo realquilaba a un trabajador de su empresa por 500. La Guardia Civil ha interrogado a este antiguo empleado y a varios inquilinos más que ha tenido la casa. Ninguno pagó ni de lejos lo que el empresario contratista de Arroyomolinos. Es lo que la UCO describe como “ausencia de lógica comercial”. Además, remarcan los agentes, Millán dejó la Concejalía de Juventud y Roselló dejó de facturar allí. El empresario dice que el volumen de su negocio con esa Concejalía era ridículo y que si no le siguieron contratando fue porque no salieron más proyectos a los que pudieran optar sus empresas.
El caso contra Ana Millán se asienta sobre tres patas. Además de los pagos a la entonces concejala camuflados presuntamente como un alquiler, está la contratación de su hermana por las empresas de Roselló y, como reveló esta semana elDiario.es, los trabajos facturados por la pareja de la actual alcaldesa con el mismo empresario a los pocos meses de que Millán y Juan Pedro Santos Ceballos se fueran a vivir juntos. La entonces concejala, su hermana y su novio empezaron los tres a cobrar de Roselló en 2008.
Beatriz Millán Arroyo, trabajadora social, comenzó a cobrar en el citado año de dos sociedades de Roselló, GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social. Compaginó los ingresos de ambas de tal manera que entre el citado 2008 y 2016 cobró de la primera 93.861,88 euros y de la segunda, solo entre 2008 y 2010, 34.093, 86 euros, según declaró a Hacienda. Un total de 127.955,74 euros en esos ocho años.
Millán dijo en el juzgado que su hermana superó un proceso de selección y Roselló añadió que el volumen de sus negocios le impidió conocer el detalle de que había contratado a la hermana de la titular de la Concejalía a la que facturaban tres de sus sociedades. Los encargos de las sociedades de Roselló a Santos Ceballos ascendieron a 37.578,04 euros en tres años en concepto de “rendimientos del trabajo y de actividades económicas”.
De esta relación comercial nada dijeron en su declaración como imputados ni Millán ni Roselló el 22 de abril. El descubrimiento de la Guardia Civil ha sido posterior. Los agentes llegaron a él al descubrir que la actual alcaldesa de Arroyomolinos ingresó durante entre 2008 y 2017 un total de 52.950 euros metálico en el banco en distintas y repetidas visitas a su ventanilla.
Ana Millán le dijo al juez que su pareja trabaja en la “hostelería” y “el mundo de la noche” y que le entregaba a dinero en metálico para los gastos comunes y que a ella no le gustaba guardarlo en casa. Si el recurso de su abogado no prospera, los agentes de la UCO podrán acceder a sus explicaciones en el juzgado, publicadas por elDiario.es, dentro de poco.
elDiario.es ha desvelado todos los detalles del caso de Ana Millán, número 3 de Ayuso en el PP de Madrid. También destapamos el caso Mascarillas del Ayuntamiento o el contrato del que se benefició el hermano de Ayuso. Sin nuestras socias y socios nuestro periodismo no sería posible. ¿Nos ayudas?