El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado de forma unánime la imposición de multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura creada por el Parlamento de Cataluña para ejercer a modo de junta electoral de cara al referéndum del próximo 1 de octubre. En el caso de los síndicos territoriales estas multas ascienden a 6.000 euros, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.
El Tribunal también ha acordado multar con 12.000 euros al día al número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, Josep María Jové -detenido ayer en la operación dirigida a evitar el referéndum ilegal-.
Se le ha impuesto esta sanción como jefe de la administración electoral y en este sentido también ha sido multada, aunque con 6.000 euros diarios a Montserrat Vidal y Roca, igualmente responsable de este asunto.
La decisión se ha alcanzado por unanimidad pero tres de los 12 magistrados del tribunal de garantías redactarán un voto concurrente para fijar su postura respecto de a imposición de esta medida de carácter coercitivo. Es la primera vez que el Tribunal Constitucional acuerda una medida de este tipo.
Los magistrados se habían mostrado hasta ahora remisos a asumir un papel sancionador previsto en esa reforma legislativa, que fue muy cuestionada. En especial los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés-Re, quienes votaron en contra de la reforma cuando fue sometida al criterio del TC. La excepcionalidad de la situación presente parece haberles llevado a modificar su postura, aunque por razones jurídicas diferentes a las de sus colegas.
Las multas son una atribución con la que el tribunal ya contaba antes de la última reforma de su Ley Orgánica en 2015 -dirigida a mejorar los instrumentos para que el TC haga cumplir sus resoluciones-, si bien dicha reforma supuso elevar la cuantía de las mismas, que pueden llegar a los 30.000 euros.
Tres magistrados dudan de la efectividad de las multas
Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer entienden que las multas fijadas para los miembros de la sindicatura electoral del 1-O son de dudosa efectividad de cara al cumplimiento de la suspensión que el propio tribunal de garantías acordó respecto de este organismo.
Pese a ello, han votado con el resto de magistrados y, en su voto concurrente, los magistrados Valdés, Xiol y Balaguer señalan que la compleja situación política que ha llevado a la imposición de las multas coercitivas “puede situar al Tribunal Constitucional en la representación de un papel que desdibuja su naturaleza primaria”. El control de los poderes públicos que le corresponde se ejerce a través de “pronunciamientos jurisdiccionales de contenido declarativo que, en lealtad al pacto constituyente, implican una decisión con vocación de acatamiento autónomo por todas las partes implicadas, que tienen una posición constitucional igualmente legítima y respetable”, añaden.
En este sentido, los concurrentes consideran que la “fuerza ejecutiva” de las sentencias y autos del Tribunal deriva de “dicha auctoritas constitucional”, por lo que el recurso a cualquier procedimiento de ejecución “sólo debería activarse como mecanismo excepcional de garantía del respeto a la autoridad de sus pronunciamientos”.